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Gasto en cumbres e insensibilidad con jubilados

Redacción Aquí Comunicación

 (AquíCom/30-08-014) El gobierno anunció que para esta gestión habrá déficit fiscal, el primero en ocho años de gobierno, luego de que se realizaran gastos extraordinarios en un justificado Plan Patujú, para reactivar la economía en el departamento del Beni, luego de las lluvias e inundaciones, y el costeo de cumbres y actividades no programadas.

Lo lamentable de esta situación es que el gobierno dispone del dinero del Estado para beneficio propio y alimento de su ego. Esta semana nos enteramos, de propia boca de Evo Morales, el presidente del país, que el G77, cuya organización sólo en infraestructura costó más de 20 millones de dólares, sin contar la atención a los cientos de invitados, fue la mejor campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS) para ganar adeptos en Santa Cruz con miras a las elecciones generales de octubre.

Luego vendrá la cumbre antiimperialista realizado en Cochabamba, que sólo sirvió para hinchar el pecho de orgullo de Evo Morales, ya que fue proclamado como un líder mundial por las organizaciones asistentes al acto. Sigue la reunión de representantes del G77 en Tarija, que se postergó. El último evento realizado fue en La Paz: el Foro de San Pablo.

¿Cuán grande habrá sido la suma de dinero gastada, en millones de dólares, para que Bolivia ingrese en déficit fiscal, sólo para posicionar el liderazgo e inflamar el ego de Evo? Sin embargo, el gobierno sólo otorga 200 bolivianos de aguinaldo para los rentistas y jubilados.

Claro está que más importante es invertir en la campaña del gobierno, con dineros públicos, que mejorar la calidad de vida de los ancianos, sobre todo de aquellos que no reciben renta, para asegurarles por lo menos un almuerzo, a precio módico, al día; o la implementación del seguro de enfermedades graves para paliar el padecimiento de afectados y familiares, quienes hacen de sus vidas un verdadero vía crucis por la falta de recursos económicos; o garantizar el pan a los más de tres millones de bolivianos que aún viven en extrema pobreza en el país, según dato brindado por el gobierno.

Muy bien por el Plan Patujú, aunque cuestionado, ayuda a las familias del Beni, pero no se puede tolerar que antes que paliar algunos de los muchos males que aqueja a la población, se prefiera dilapidar el dinero, que debe beneficiar a todos los bolivianos, en hacer campaña (AquíCom/30-08-014)

Jorge Pérez hace “buena letra” vulnerando los derechos humanos

 Redacción Aquí Comunicación

 (AquíCom/19-09-014) El ministro de Gobierno Jorge Pérez hace “buena letra” arremetiendo contra los derechos humanos de los ciudadanos en su lucha anticrimen, con el propósito de mantenerse en el cargo en el próximo gobierno de Evo Morales. Pérez se ha dado a la tarea de presentar ante los medios a todo aquel que se cruza en su camino para mostrar “resultados” en su gestión.

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CEDLA: gobierno oculta verdadero costo de la subvención

Importación de carburantes líquidos

Redacción: Luis Fernando Cantoral

(AquíCom/19-08-014) El investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Carlos Arce, sostuvo que el gobierno no muestra el verdadero costo que representa la subvención a los hidrocarburos. Arce dijo que el monto es inferior al señalado por el gobierno por la importación de carburantes, ya que los mismos son vendidos a la población y no regalados.

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Cedla: YPFB devuelve a petroleras costos no atribuibles a la producción

Gastos recuperables

Redacción: Luis Fernando Cantoral

(AquíCom/30-08-014) El investigador del Centro de Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Carlos Arce, cuestionó la falta de transparencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el reconocimiento de costos recuperables en favor de las empresas petroleras. Arce dijo que en los costos recuperables hay ítems que reconocen el pago de hasta viajes que realizan los familiares de los gerentes de las petroleras titulares.

“Es un beneficio más para las petroleras, porque son una serie de costos que nos son directamente atribuibles a la producción. Los petroleros utilizan varias denominaciones y una de esas es el Lifting coste que es el costo de extracción de los hidrocarburos, entonces son esos costos en términos mundiales los que se fijan para gastos”, indicó.

Arce remarcó que no se deberían fijar los gastos en términos de los usos de recursos que hagan los gerentes para satisfacer necesidades personales.

“Por ejemplo al gerente de Petrobras le gusta viajar en avión privado y lo hace cada semana a Sao Paulo, en cambio el gerente de Chevron no se mueve de Quito, entonces el costo de referencia no debería ser el gasto de la gerencia, sino el costo de producción, es eso lo que domina, pero aquí en Bolivia se está reconociendo una serie de otros costos, entonces por ese motivo su costo (recuperable) va subiendo, y cuando va subiendo un costo que no es directamente producción, es parte de la ganancia, va en beneficio de la empresa petrolera”, indicó.

Los costos recuperables están conformados por una lista de 18 rubros, y al ser desagregados cada uno, su composición pasa por cientos de ítems. Arce observó algunas anexiones, en costos recuperables, que claramente deberían ser afrontados por los ingresos de las empresas petroleras.

“Yo creo que no deberían reconocerse este tipo de costos como son las compensaciones a la comunidad, deberían pagarlas de su ganancias las petroleras, los impuestos no debería reconocerlos porque a nadie se le devuelve los impuestos, la diferencia del tipo de cambio, entre otros puntos”, señaló el investigador.

Explicó que el costo directo de explotación es una de los más importantes dentro de los costos recuperables, y que representa el 23%. Otros costos grandes son los de personal (10%) y administración (7%).

No se conoce de auditorías

“La ley dice que el gobierno debería hacer auditorías para estos costos pero no se conoce nada, en la página web de YPFB hay auditorías de la gestión de Yacimientos, de su funcionamiento, de la compra de papeles, pero de nada más”, señaló Arce.

Indicó que así como YPFB no cumplió con las auditorías a las empresas petroleras, realizadas por Antonio Mariaca, para fijar el valor de las inversiones realizadas, actualmente “tampoco podemos decir mucho si no conocemos esas auditorías sobre costos recuperables”.

“Hay que ver qué cosas son los costos de explotación, qué rubros contiene y, luego, ver en qué cosas han invertido, por qué se deprecian tan rápido, luego los impuestos, algunos otros costos legales, créditos bajo el contrato, diferencias de cambio, por qué asumimos nosotros eso, varios puntos (de los costos recuperables) son cuestionables, habría que revisar porque cada uno tiene una sarta de cosas”, dijo.

Ganancias finales

Arce indicó que el mayor o menor porcentaje en las ganancias finales, para YPFB y las petroleras, están condicionadas al porcentaje de costo de recuperable que registren las petroleras, por lo tanto “esos costos deben ser bien controlados”.

Según la ley, agregó el investigador, los costos recuperables se reconocen hasta en un 80% del 50% restante de las regalías y el IDH.

“Hay una ley y un decreto que fijan qué es lo que se le devuelve, el problema es tan grande que no se sabe qué puede ir sumándose al interior, incluso le devuelven la basura, los residuos a YPFB, todo eso forma parte de las devoluciones, por ejemplo, le devuelven en movilización de personal; se puede pensar que es entre el campamento y el pozo, pero también hay transporte del ejecutivo y su familia, entonces en transporte hay ítem uno, dos, tres, cuatro y cinco, y todo eso en el reglamento dice cómo se debe hacer para monetizarlos”, apuntó.

No hay contrato de servicios

Arce señaló que los contratos de servicios pregonados por el gobierno no son tales, ya que las empresas petroleras participan de las ganancias generadas de la producción de hidrocarburos.
“En realidad no es un contrato de servicios porque en el contrato de servicios uno no le dice, por ejemplo al albañil, si me va bien o no, yo te voy a dar un poco más, estamos corriendo el riesgo ambos y, por eso, ambos se dividen las ganancias; aquí se sigue haciendo el contrato con las mismas empresas que manejaban estos pozos, aceptándoles de buena fe lo que dicen que han invertido y encima nos dividimos de acuerdo a los precios (…), qué clase de contrato de servicio es ese que recibe utilidades”, manifestó Arce.

Dijo que los contratos de operación y de servicios es un eufemismo porque en realidad son contratos de asociación.

“La parte de costos recuperables es lo que determina lo que va a quedar como utilidad, y esa utilidad es lo que se dividen YPFB y el socio, pero en un contrato de servicio uno no tiene por qué dividir nada de la utilidad, uno paga un precio fijo, dice yo te pago por perforar un pozo, 10 mil dólares, y si con esos 10 mil dólares me dan 10 millones de dólares por el pozo o un millón, o si no se vende nada, es un problema mío; en cambio este contrato es en realidad un contrato de asociación, es una mezcla de contratos de la ley, es decir, no se cumple la ley 3058 en su pureza, porque no hay contratos de servicios en la ley 3058, lo que hay son contratos de asociación y de producción compartida”, apuntó (AquíCom/30-08-014).

En el Primer Coloquio Internacional de Filosofía y Ciencias Políticas de la UMSA

Proyecto “Scholastica Colonialis”

En el Primer Coloquio Internacional de Filosofía y Ciencias Políticas de la UMSA

Se esperan propuestas para catalogar para trabajar en repositorios de las bibliotecas de cada país, pero que no han sido aún ni catalogados ni estudiados con la debida profundidad

Redacción: Gabriela De Alencar

(AquíCom/19-09-14) Del 22 al 24 de septiembre se llevará a cabo el evento “I Coloquio Internacional”, “El pensamiento filosófico y político en la escolástica colonial latinoamericana”, como un trabajo conjunto entre las carreras de Filosofía y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y las universidades extranjeras: Pontificia Universidade Católica do Río Grande do Sul (PUCRS) (Brasil); Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) (Brasil); Universidad de Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) (Brasil) y Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) (Chile).

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