La comunicación social es un trabajo apasionante pero mal pagado

Primer Encuentro Nacional de Profesionales de Comunicación Social

En el conversatorio se desarrollarán los siguientes temas: diagnóstico del estado de la profesión, acceso a la información e intento de ley mordaza y ética periodística y sociedad

Miranda Flores Michel Pamela

(AquíCom 18/09/14) “La comunicación está más allá de los medios… es algo importante en la vida de la sociedad y de la humanidad”, afirmó Gabriela Sotomayor, decana de la facultad de Ciencias Sociales de la UMSA, en el primer Encuentro Nacional de Profesionales en Comunicación Social que se lleva a cabo en el auditorio “Salvador Romero” del edificio “René Zavaleta Mercado” de la UMSA.

El encuentro los días el 18 y el 19 de septiembre, tratarán los temas: El diagnóstico del estado de la profesión; Acceso a la información e intento de ley mordaza y Ética periodística y sociedad. Este evento está organizado por el Colegio de Comunicadores Sociales de Bolivia, Colegio Departamental de Comunicación Social-UMSA y la facultad de Ciencias Sociales de la UMSA.

La decana de Ciencias Sociales de la UMSA, en el primer día del encuentro, habló de la investigación que se hizo con 13 países de América Latina, de la que Bolivia participó. Una de las conclusiones de esa investigación, estableció: “… que la profesión no es tan valorada y no está jerarquizada. El sector que más valora nuestra profesión es la empresa pública o privada y la que menos valora son los ciudadanos”, agregó.

El periodismo se ha feminizado y sigue siendo de mayor ocupación entre los profesionales en Latinoamérica, seguido por la publicidad, audiovisuales y trabajos en ONG, entre los 22 a los 40 años, agregó Sotomayor. Sobre la imagen del periodista señaló que el 58.66% dice que la representan los medios de comunicación.

El salario del periodista en Latinoamérica es de 25 a 1.000 dólares al mes, esto origina insatisfacción en “El mejor oficio del mundo”, como decía Gabriel García Márquez.

Para Rosmery Alcón, directora de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Loyola, “La comunicación social, en lo personal, es una carrera apasionante. Es sinónimo de diálogo, gestión y transformación. No puede haber comunicación sin transformar algo”.

Habló del campo laboral del periodismo, visto después de egresar, el que da reconocimiento, status, pero no dinero, de acuerdo a las necesidades. Ya sea en televisión, donde hay que ser modelo; en radio, tener dinero para mantener la producción y en el cine, en el que uno termina siendo actor y/o camarógrafo, afirmó Alcón.

“¿Dónde están los miles de comunicadores que juraron trabajar al servicio a la sociedad?, preguntó la directora de aquella unidad académica que se formó en la UMSA. Agregó: Más del 70% de los profesionales en comunicación social están trabajando, pero no están satisfechos con el salario. Las zonas alejadas necesitan de estos profesionales y, lamentablemente, no llegan a esas zonas”.

Por su parte, el director de la carrera de Comunicación Social de la UPEA, Miguel Gutiérrez, dijo: “La carrera de Comunicación Social (de la UPEA) se creó el 5 de diciembre del 2002, hemos empezado con cuatro estudiantes hoy estamos llegando a 1.000. Los titulados hasta 2009 fueron tres, hoy tenemos 12 titulados. El problema es que los estudiantes se conforman con el egreso y dejan la Carrera”.

El comunicador debería estar en los cargos comunicacionales y no enfrentados con el empirismo; en algunos casos vemos a la profesión como mercantilismo, señaló. A veces nuestra vida está en riesgo por la profesión; sobre la libertad de expresión, señaló: “Si alguna vez tenemos algo que decir, no nos callemos, digámoslo”.

El Presidente del Colegio Nacional de Comunicadores de Bolivia, Lucio Aponte señaló: “Los comunicadores deben involucrarse en su labor diaria y cómo está, nosotros queremos impulsar la consolidación del Colegio de Comunicadores, a nivel La Paz, para conformar una directiva. Los directores de carreras de comunicación social van a socializar con sus docentes y estudiantes para fortalecer la institución que es relativamente nueva” (AquíCom 18/09/14).

Tortura a conscripto cuestiona la obligatoriedad del servicio militar

Pisando tierra

Marcela Barrios

(AquíCom MTBB/15/08/2014). “Del dicho al hecho, hay mucho trecho”, dice un conocido refrán y que nos hace reflexionar acerca de las leyes y de la misma Constitución Política del Estado (CPE), que incluyen artículos que protegen los derechos ciudadanos, pero que contradictoriamente, en la práctica, son vulnerados por instituciones estatales..

Es así que en este 2014, aún se presentan denuncias sobre maltrato físico y torturas a conscriptos. Un último hecho de este tipo apareció en los medios masivos de difusión el lunes 4 de agosto y que habría ocurrido en viernes 1 de este agosto. El mismo se refiere a la tortura del cual habría sido víctima el conscripto Álvaro Santa Cruz, de 19 años, en el Comando de Aviación del Ejército que se encuentra en la ciudad de El Alto.

Según la denuncia, realizada por la misma víctima, lo acusaron de robar un celular de uno de sus compañeros. Por ello, lo habrían sometido a varios castigos físicos, entre ellos descargas eléctricas utilizando una batería de automóvil, un baño con agua fría tras obligarlo a arrastrarse en la tierra. Además, casi desnudo habría sido amarrado en un avión que se encuentra en el interior del predio de este Comando.

“Entonces un suboficial dijo: ya, vayan a traer la batería del auto, a este le vamos hacer hablar a la fuerza. Ahí yo me asusté y empecé a llorar, les dije que me dejen por favor, que no robé, pero no me hacían caso, tampoco me dejaban explicarles nada más”, relató el conscripto en una entrevista con la Red ERBOL.

Según la denuncia, estos hechos violentos se prolongaron durante el viernes 1 y parte del sábado 2 de agosto, toda vez que a las 04:00 le habían instruido lavar el avión donde minutos antes se encontraba amarrado y a limpiar todo el cuartel. Según el relato, ese sábado sus familiares —argumentando que su mamá estaba enferma— lo sacaron y lo llevaron al Hospital de Clínicas para que sea atendido. Sus familiares se enteraron de que fue castigado y torturado porque un amigo del joven los llamó y les advirtió de la situación. 

El celular robado fue encontrado en la bota de Álvaro, después de que todos los conscriptos lo buscaron, luego de enterarse de la pérdida. Sin embargo, ese joven repitió una y varias veces que él no había sido el autor de ese robo, pero nadie le escuchó. Él considera que los conscriptos antiguos trataron de vengarse porque defendía a los nuevos, a los “sarnitas” de sus abusos, por lo que habrían puesto el celular en su bota.

Ante esa denuncia, la directora de Comunicación Social, coronela Sarah Aramayo, negó esas acusaciones y lo llamó “ladrón”. “Este soldado no ha sido víctima de maltrato físico en el cuerpo, ni siquiera maltrato psicológico, porque él asumió su culpabilidad. Ha sido encontrado con el celular en la mano”, afirmó la militar.

Una vez más este hecho cuestionó a las autoridades nacionales y a la sociedad civil, sobre la obligatoriedad del servicio militar. Por ello, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), planteó que este servicio sea voluntario, pero también surgieron reacciones de algunos parlamentarios del oficialismo, quienes rechazaron la propuesta planteada.

A pesar de la posición del Ejército, ante la denuncia del conscripto Santa Cruz, de negar este hecho de violencia, cabe recordar varias otras denuncias que se presentaron. En septiembre de 2010 se conoció de la tortura a un joven tras difundirse en un video donde se mostraba a un conscripto colgado de los pies y atado de las manos que en reiteradas oportunidades fue introducido a un turril lleno de agua por varios minutos que, supuestamente, llagó tarde al entrenamiento militar. Ese hecho ocurrió en el cuartel Rangers de Challapata-Oruro. Pero ese soldado no sería el único que fue sometido a esa tortura, porque meses después se reveló que otros 10 jóvenes también habrían sido víctimas de acciones violentas.

Ante ese hecho, el Fiscal General instruyó, a un fiscal de Oruro, efectuar una investigación penal de oficio y se divulgó un instructivo en el que se establecía que el hecho se constituye en un delito porque vulnera la Constitución Política del Estado (CPE). En la misma se establece que: “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual, nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradante o humillantes (…)”.

En ese instructivo judicial también se citó el Código Penal que, en su artículo 295, establece que será sancionado con privación de libertad, el funcionario que vejare, ordenare o permitiere vejar a un detenido. (…). La pena será de privación de libertad de dos a cuatro años”.

En esa oportunidad, los legisladores nacionales y las autoridades del Órgano Ejecutivo anunciaron duras sanciones para los tres supuestos responsables y que aparecían en el video. Sin embargo, hasta la fecha no se supo de ninguna investigación, de algún resultado y menos de sanciones. También se denunció varias veces de la utilización de la fuerza de trabajo de los conscriptos en tareas de cosecha o de desyerbado en haciendas del oriente boliviano.

Cómo creer que se el último caso de tortura será investigado o sancionado de manera independiente, si otros casos que salieron a la luz pública quedaron en “nada”, después de varios pronunciamientos en contra, de promesas de investigación y de sanción (AquíCom MTBB/15/08/2014).