Gualberto Cusi, símbolo de nuestras contradicciones

Rafael Puente

El proceso que la Asamblea Legislativa le está siguiendo a Gualberto Cusi —y a otras dos magistradas del Tribunal Constitucional— ha puesto sobre el tapete el problema de la separación de poderes. Es posible que la actuación de la Asamblea Legislativa tenga bases legales, pero eso sólo significaría que nuestras leyes son incongruentes (y eso sería precisamente responsabilidad de la mencionada Asamblea). Porque en lógica política no tiene sentido que un poder del estado —en este caso la Asamblea Legislativa— pueda hacer lo que le dé la gana, hasta el extremo de procesar y sancionar a otro poder —en este caso el Tribunal Constitucional—, que es el que tiene el papel de controlarlo, y eso simplemente porque lo ha contrariado (porque daño al estado o a la sociedad es claro que no se ha producido, al menos no con la famosa ley del Notariado, tanto menos cuanto que el Tribunal ya la ha declarado constitucional).

De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los ‘actos unilaterales’

Animal Político

El punto sobre la i

El proceso de redacción de la demanda marítima requirió un trabajo minucioso que desemboca en la entrega de la memoria esta semana. A continuación se narran detalles de cómo se elaboró la ‘Solicitud para instaurar procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia’.

La Razón (Edición Impresa) / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz

00:07 / 13 de abril de 2014

La Haya (Holanda). Los miembros del Consejo de Reivindicación Marítima están en el Palacio de la Paz, el edificio neorenacentista que alberga a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) desde 1946. El objeto de la visita de la delegación boliviana es presentar el documento “Solicitud para instaurar procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia” en referencia al enclaustramiento marítimo del país. Son tres años de trabajo y análisis de este texto, más conocido como la Demanda marítima, que desembocan en el 24 de abril de 2013.

A la opinión pública

secreto de fuente informativa

El directorio de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) hace conocer el siguiente pronunciamiento público referido al atentado contra la libertad de expresión del que ha sido objeto el periódico “La Razón”.

1. Hacemos conocer nuestra solidaridad y respaldo a los colegas Claudia Benavente, directora de “La Razón” y Ricardo Aguilar Agramont, editor del suplemento “Animal político” del mismo diario.

2. Reiteramos nuestro rechazo a los permanentes intentos de judicializar la libertad de expresión y los intentos de hostigar a medios de comunicación acusándolos públicamente de ser “agentes chilenos”.

3. El secreto de la fuente está explícito en la legislación referida a impresos desde las primeras normas republicanas bolivianas y el artículo 8 de la Ley de Imprenta (1925) así lo ratifica. Esta Ley está en plena vigencia.

4. El secreto de imprenta es el valor más preciado por los periodistas del mundo y es extensivo a cualquier otro medio de comunicación o formato que se difunda por un medio legalmente establecido. Las organizaciones de prensa internacionales, regionales y bolivianas defenderán como bien público supremo esa posibilidad de informar a sus audiencias.

5. En el caso del artículo difundido por el matutino “La Razón”, la APLP se reserva el derecho de hacer seguimiento y tomar las acciones que correspondan, toda vez que tiene el mandato desde hace 85 años de defender la libertad de pensamiento, de expresión y de comunicación. Así lo ha hecho y así lo hará cuando considere que acciones desde el poder político tienden a limitar, acechar o coartar ese Derecho Humano consagrado en las convenciones internacionales y la Constitución Política del Estado Plurinacional.

La Paz, 14 de mayo de 2004

Firmado

Guadalupe Cajías

Presidente de la APLP

Circe Araníbar

Secretaria de Libertad de Prensa de la APLP

Mayoría de estadounidenses apoya la normalización de las relaciones con Cuba

MIAMI (Reuters) - Una gran mayoría de los estadounidenses y un porcentaje aún más grande de residentes de Florida apoya la normalización de las relaciones con Cuba, según un sondeo publicado el martes por el Consejo Atlántico, un centro de estudios con sede en Washington.