Editorial de Aquí 341
En medio de la crisis estructural que vive Bolivia, la semana pasada estuvo marcada por diferentes conflictos los que no cesaron hasta la fecha: interminables filas para conseguir hidrocarburos, elevación de los precios de la canasta familiar, dólar paralelo a 16,50 Bs y bloqueos ocasionados por sectores afines al ex presidente Evo Morales.
En este contexto el gobierno nacional presentó a la Fiscalía General del Estado una denuncia penal contra el expresidente por ocho delitos, entre los que están terrorismo, instigación pública a delinquir, organización criminal y financiamiento al terrorismo. Al respecto la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, señaló que existen pruebas contundentes para presentar la denuncia. Por su parte Morales, desde su refugio en el Chapare, niega los cargos atribuyéndolos a una persecución política, al mismo tiempo que manda instrucciones a sus partidarios para endurecer los bloqueos.
Para empeorar la situación en Bolivia se registraron el viernes 6 de junio 31 puntos de bloqueo en siete departamentos, la mayoría en Cochabamba con 11 puntos; le siguen Oruro con siete, Potosí con seis, La Paz con tres, Chuquisaca y Santa Cruz cada uno con dos y finalmente Tarija con un punto. Los bloqueadores con acciones agresivas exigen soluciones prontas a la crisis económica traducida en la falta de carburantes, incremento de precios en la canasta familiar y la escasez de dólares; sin embargo, la demanda mayor parece ser que el ex presidente sea habilitado para las elecciones generales de este año.
Con relación a la crisis económica, Bolivia marca récord en inflación, que en mayo alcanzó el 3,65 % según informe del Banco Central de Bolivia, constituyéndose en el nivel más alto en los últimos 17 años. Los productos alimenticios, medicamentos, el transporte y los servicios básicos registraron los mayores incrementos. La inflación acumulada en lo que va del año supera el 9,8%, lo que genera preocupación entre economistas y ciudadanos por el encarecimiento de la canasta familiar que, como siempre. golpea a los sectores más pobres y vulnerables.
Los bloqueos y otras medidas de presión ocasionados por sectores afines al ex presidente Evo Morales generaron extrema violencia, con acciones que atentan contra la seguridad individual y colectiva de la población. En este marco un grupo de bloqueadores afines a Morales el viernes 6 de junio por la noche, atacaron a una ambulancia que trasladaba cuatro personas heridas en el puente Khora en el municipio de Vinto en Cochabamba, no respetaron a los pacientes y a los médicos que los sacaron y procedieron a volcarla; sus ocho ocupantes tuvieron que ser rescatados para trasladarlos en otra ambulancia a la ciudad de Cochabamba.
Otro hecho aconteció el sábado 7 de junio por la tarde en la localidad de Challapata ubicada en el departamento de Oruro, donde sus pobladores denunciaron que bloqueadores, entre ellos campesinos del ayllu Qaqachaca, amedrentaron y saquearon violentamente las tiendas de comercio de la población que tenía una feria, llegando a apedrear vehículos y la Alcaldía de esa localidad. Se conoce que el vandalismo se produjo en represalia al pronunciamiento de los pobladores de Challapata, los regantes y siete ayllus de la zona, quienes rechazaron los bloqueos por los perjuicios que ocasionan a la economía de la región.
A diez semanas de realizarse las elecciones generales, preocupa en el país que los conflictos mencionados se vayan incrementando, ante un panorama incierto, donde la ciudadanía espera medidas firmes de parte del gobierno central que puedan solucionar en parte la situación del abastecimiento de carburantes, frenar el incremento de los precios de la canasta familiar, desbloquear los caminos, respetar los derechos humanos de las y los bolivianos, esto en el marco del cumplimiento de la Constitución Política del Estado.