El juez español, Baltasar Garzón, ha sido expulsado por tribunales ordinarios de su país, por lo que está impedido de administrar justicia; proceso amañado y sanción injusta, para lo que se utilizó grabaciones de confesiones de encausados vinculados a la dictadura falangista de Francisco Franco; acciones que fueron corrientes en innumerables trámites judiciales en el país ibérico.
El magistrado Garzón es recordado en Latinoamérica y en Bolivia porque él ordenó el arraigo del dictador Augusto Pinochet cuando éste visitaba Londres, capital inglesa. Con esa medida, legal y legítima, el juez, ahora injustamente sancionado, consiguió al menos temporalmente lo que otros tribunales, chilenos por ejemplo, no pudieron o se negaron a ejecutar.
Mientras en esta región del mundo, las víctimas de las dictaduras militares y fascistas se sintieron reivindicadas por los actos de justicia del Juez Garzón; los herederos y los beneficiarios de los dictadores "juntaron rabia" (como decían los derechistas chilenos), por intermedio de los actuales operadores de justicia de España impusieron la orden de suspensión, durante 20 años, al juez Garzón por lo que no le será posible administrar justicia en favor de nuestros pueblos, como lo hizo.
El Centro Comunal El Carmen, una organización que se ocupa de la salud y de la educación populares, en tres barrios de la ciudad de La Paz (Bolivia), expresa su vehemente rechazo a la medida judicial, de dudosa legalidad, contra el juez Baltasar Garzón; así como manifiesta su solidaridad con él y su familia. Solicita, asimismo, a los organismos competentes, revisar esa sanción injusta en homenaje al magistrado Garzón y que se disponga su rehabilitación plena e inmediata.
La Paz (Bolivia), 21 de febrero de 2012.
Por el Centro Comunal El Carmen (CCC)
María Eugenia Cárdenas Patiño
Directora