El feminicidio, crimen contra las mujeres en un Estado que no les garantiza una vida libre de violencia*

Wilfredo Pomar Miranda**

La Paz, enero 2024

La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348) tiene casi 11 años de vigencia desde que se promulgó en marzo de 2013 en el llamado Estado Plurinacional de Bolivia, sin embargo, su puesta en vigencia no frenó los casos de feminicidio. Como referencia anterior, el año 2009 hubo 98 feminicidios y el 2010 se registraron 89, según información del Observatorio “Manuela” sobre Violencia, Feminicidio y Mujeres en Riesgo.

Imagen de Carton Club, recuperado de rel-uita.org/america-latina

La realidad espantosa de los feminicidios no cambió los últimos años: el año 2021 se registraron 108 por información de la Fiscalía General del Estado; el Ministerio de Gobierno dio la información de que el año 2022 se presentaron 94 casos; y el año 2023 se dieron 81. Este desolador panorama nos muestra un Estado que no puede hacer cumplir su legislación a favor de las mujeres y menos garantizarles una vida libre de violencia.

En Latinoamérica, por estudios del Observatorio de igualdad de Género de América Latina y el Caribe (CEPAL), entre los años 2019 a 2021 Bolivia ocupó el cuarto lugar con las tasas más altas de feminicidio en la región —por detrás de Honduras, Republica Dominicana y El Salvador— y el primer lugar en Suramérica. De acuerdo a la misma fuente, para el año 2022 esta situación habría mejorado, pues de 26 países en Latinoamérica Bolivia ocupó el noveno lugar, y en Suramérica el segundo después de Uruguay.

Una consecuencia dramática y directa de esta violencia de género son los huérfanos que muchas veces son testigos impotentes y horrorizados de ver morir a sus madres. El año 2022, según ANF, el Ministerio Publico informó que 132 niños quedaron en la orfandad, de los cuales el 60 % tuvieron que ser ubicados en casas de acogida y hogares.

En la gestión 2023, tan solo en el departamento de La Paz, por información del director Nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), se registraron 17 niños y 6 adolescentes huérfanos producto de feminicidios. Para estos casos el Estado no cuenta con una política para proteger a las niñas y niños huérfanos, quedando varias de estas víctimas en hogares institucionalizados y casas de acogida.

En este marco de injusticia y violación constante a los derechos de las mujeres, la sociedad se torna casi indiferente a los continuos casos de feminicidio que se dan en nuestro país, probablemente por el carácter sensacionalista que dan algunos medios periodísticos a estos hechos al convertirlos solo en cuestión de estadística, antes que analizar la realidad de una sociedad enferma que los produce.

En este largo camino por lograr garantizar las condiciones mínimas para que las mujeres evidentemente tengan una vida libre de violencia, no podemos quedar indiferentes con solo una indignación personal frente al televisor, debemos volver a interpelar a la sociedad y al Estado, desde el lugar que estemos, para exigirla que cumpla la normativa y evidentemente proteja la vida de las mujeres y la seguridad de sus familias. Esto debe estar acompañado por promover políticas sociales y educativas que hagan conocer y cumplir los derechos de las mujeres, de los niños y adolescentes, los que deben ser garantizados plenamente por el Estado.

No basta con tener una legislación que pretenda proteger a las mujeres y garantizarles una vida libre de violencia, pues mientras sigamos siendo un país caracterizado por el machismo, el patriarcado, la misoginia y la discriminación, es poco probable que podamos evitar más casos de feminicidio en el futuro.

** Wilfredo Pomar Miranda es educador, activista de la APDHLP y miembro del Comité Ejecutivo de la APDHB

* Tomado del Boletín de Derechos Humanos de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDH-LP). Publicación N° 3. Ene 2024