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10 de diciembre, fecha importante para exigir el respeto a los derechos humanos

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Editorial de Aquí 331

Diciembre 2023

Este 10 de diciembre se recuerda 75 años del compromiso de las naciones de poner en marcha la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y también se conmemora los 47 años de la fundación de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia.

En 1948, el 10 de diciembre, la Asamblea de las Naciones Unidas, reunida en Paris proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), con el voto de 40 naciones; no hubo rechazos, pero sí ocho abstenciones (Unión Soviética, Bielorrusia, Ucrania, Checoslovaquía, Polonia, Yugoeslavia, Arabia Saudita y Sudáfrica), porque no estuvieron de acuerdo en varios puntos del documento.

Cuando se crea la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1945, luego de las atrocidades sucedidas durante la Segunda Guerra Mundial, uno de sus objetivos que es promover y proteger los derechos humanos, genera inmediatamente la redacción de la DUDH, documento que se comprometen a cumplir las naciones firmantes y otras que se incorporaron hasta hoy a la ONU y que es el faro de los defensores y activistas de los derechos humanos.

Si bien otros de los objetivos de la ONU son hacer todos los esfuerzos para mantener la paz y la seguridad internacionales como también fomentar relaciones de amistad entre las naciones, a la fecha las guerras, las ocupaciones y otras atrocidades continúan, actos que vulneran los derechos humanos. Acá en Bolivia tampoco se respetan los derechos humanos, los que son violados sistemáticamente.

Haciendo un recuento de las vulneraciones a los derechos humanos en este 2023, vemos que a las autoridades del Estado no les interesa “Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución”, así señalado en el Art. 9, inc. 4 de la Constitución Política del Estado.

Hagamos ese recuento tomando como base el pronunciamiento de la APDHB emitido este pasado 10 de diciembre:

- Los incendios de inmensas zonas boscosas y áreas protegidas es el resultado de una política y legislación ecocida del actual régimen gobernante que data desde su instauración en el poder el 2006, acción en la que también son corresponsables y beneficiarios los cocaleros, los colonizadores (autodenominados interculturales), el narcotráfico, los madereros y la agroindustria. La destrucción causada ha llevado a la muerte de miles de animales y especies vegetales ocasionando daños irreversibles a la Madre Tierra que los gobernantes dicen defender; asimismo, en materia medioambiental, la inclemente proliferación de actividad minera impulsada por los gobernantes contamina la tierra y las fuentes de agua con químicos y residuos de esa actividad extractiva.

- Los avasallamientos de tierras en áreas protegidas y en territorios indígenas protagonizado por grupos ilegales armados, son protegidos por las autoridades que poco o nada hacen por cumplir las leyes que prohíben esos atropellos, pero que en el fondo son parte de su política de la ampliación de la frontera agrícola, las actividades mineras y el tráfico de tierras.

- El incremento de homicidios, feminicidios, ejecuciones extrajudiciales, violencia intrafamiliar, asaltos, amenazas son una muestra de que la inseguridad ciudadana campea en todo el ámbito nacional, violencia que tiene su origen en actividades delictivas como son el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas.

- La crisis de la justicia es consecuencia de su falta de independencia y subordinación al órgano (poder) ejecutivo, pues sus operadores del aparato judicial como del Ministerio Público vulneran el debido proceso, la presunción de inocencia, pero al mismo tiempo benefician a comprobados delincuentes nacionales e internacionales.

- La judicialización de la política con la persecución de opositores, detenciones ilegales, inicio de procesos y otras formas de amedrentamiento se ha vuelto una práctica impulsada desde el gobierno, cuyo objetivo es callar a la oposición, al extremo de que muchos acusados injustamente se ven presionados a declararse culpables por delitos que nunca fueron autores con el único fin de aminorar su tiempo de prisión o salir en libertad.

- El hacinamiento inhumano de las cárceles donde muchos detenidos están recluidos preventivamente, condena a éstos a convivir con delincuentes que siguen realizando sus actividades delictivas desde esos centros de reclusión, sin que las autoridades respectivas cumplan lo que prescriben las leyes.

- Muchos actos de corrupción y el mal uso del erario público solo pasan al inventario pese a las denuncias y cuando se inician procesos los denunciantes son los que resultan culpables y los autores de los delitos quedan libres y ratificados en sus cargos.

- El abuso de autoridades de todas las instituciones del Estado que obligan a los funcionarios públicos a realizar “aportes voluntarios” para el “proceso de cambio”, apropiándose indebidamente de recursos privados y desconociéndose el destino de esos montos millonarios recaudados mes a mes desde el 2006, se ha vuelto una norma, lo cual significa que hay enriquecimiento ilícito que no es observado por entidades de fiscalización.

- La violencia y hostigamiento a periodistas, la judicialización, la censura, el intento de imponer leyes “mordaza” son atentados a la libertad de prensa y de expresión que vulneran el derecho a informar y acceder a la información pública.

- La crisis del sistema educativo llamado plurinacional que se basa en el llamado modelo educativo socio comunitario productivo producto de una ley educativa que prioriza lo ideológico más que lo pedagógico y que se traduce en la mala calidad educativa, está colocando a Bolivia en los últimos lugares de la región, además que ahonda la brecha entre la educación secundaria con la educación superior universitaria.

- El sistema de salud ha colapsado y es precario pues no garantiza la atención adecuada de la población; esto se evidencia en las largas filas para acceder a una consulta en los hospitales, en la carencia de medicamentos esenciales, sobre todo en la atención de especialidades, donde los pacientes tienen que esperar hasta cuatro meses para acceder a esa atención, situación que se hace más critica para personas que tienen enfermedades terminales.

- La tremenda crisis económica que viene atravesando Bolivia los últimos años, es producto de la implementación del llamado “modelo económico social comunitario productivo”, nombre rimbombante pero sin contenido social, pues la realidad pone en evidencia que está caracterizado por la falta de fuentes de empleo de calidad, donde el 80 por ciento de la población subsiste en la economía informal, sin los derechos básicos de tener un salario digno, atención en salud y perspectivas de una futura jubilación.

- Para terminar este recuento de vulneraciones, la Casa de los Derechos Humanos, sede de la APDHB, se halla secuestrada desde el 2 de junio de este año, primero fue allanada por un grupo de choque protegido por las autoridades gubernamentales y ahora las fuerzas policiales impiden su acceso a los activistas de Derechos Humanos, situación que deja a la ciudadanía en general sin un lugar de referencia para realizar sus demandas cuando sus derechos son vulnerados.

Este lamentable panorama parece estar acostumbrando a muchos ciudadanos, porque pocas son las voces que reclaman por sus derechos; sin embargo, aun tenemos fuerza y argumentos para evitar que el autoritarismo, el despotismo y el abuso de poder se vaya consolidando. Tenemos infinidad de normas que nos protegen, las que debemos enarbolarlas para defender nuestra vida, nuestra libertad y nuestros derechos.

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