Viernes, 06 de diciembre de 2019
Una de las “misiones” que se veía llamado a cumplir el señor Camacho después de la intensa movilización que impulsó para lograr la renuncia del presidente Evo Morales, era la de llevar la Biblia al Palacio de Gobierno, preocupación con la que aparentemente coincide la presidenta interina Jeanine Añez, de modo que nos han mostrado como un logro de dicha movilización haber introducido efectivamente dicho libro —o colección de libros— al palacio al que aspiraban.
Por supuesto, tienen todo el derecho de valorar la Biblia y de leerla (si bien sería recomendable que la lean entera, incluyendo los libros que no tienen nada que ver con una visión auténticamente cristiana, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento).
Sin embargo, uno de los cambios que operó la última Asamblea Constituyente (por supuesto reflejado en el texto constitucional) fue el establecer que el Estado boliviano no se declara católico, apostólico y romano.
Concretamente el Artículo 4 de la CPE (hablando del “modelo de Estado” y de sus “bases fundamentales”) dice textualmente:
“El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión”.
Y por si no quedara claro, en el Artículo 21, inciso 3, establece como uno de los derechos de los bolivianos y bolivianas el de “la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresados en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, con fines lícitos”.
Por tanto, queda claro que cualquier sentimiento religioso es válido y respetable, y, por tanto, es válida y respetable la lectura de cualquier libro religioso, tanto más ese libro histórico y mundialmente respetado como es la Biblia. Esto nadie lo discute.
Pero tampoco cabe discutir que la religión es un asunto privado. Cada individuo o cada grupo social tiene derecho de practicar una religión o de ser ateo. Pero la religión sigue siendo asunto privado y no estatal. El Estado no es quién para calificar una religión como la verdadera. Y, en todo caso, no lo es nuestro actual Estado Plurinacional.
Por tanto, ni el señor Camacho ni la señora Añez están autorizados para cambiar un artículo de la Constitución. En su casa —o en su iglesia— que hagan lo que crean conveniente, pero el Palacio de Gobierno no es una parroquia, ni tampoco una catedral. Es el espacio donde se asienta el Poder Ejecutivo.
Si esto está claro, no hace falta ningún debate sobre la calidad de la Biblia y de cada uno de sus libros que (como muchos y muchas saben) son libros con diferencias radicales entre sí, unos humanizantes, otros deshumanizantes; unos con valor histórico, otros llenos de mitos que hoy no nos iluminan para nada; unos genuinamente cristianos, otros totalmente ajenos a esa concepción religiosa.
Y ojo, toda esta reflexión no conlleva ningún desprecio de lo importante que es el fenómeno religioso, lo trascendente que ha sido el cristianismo (incluso cuando por desgracia se convirtió en religión, que originalmente no lo era) y probablemente el hecho de que la mayor parte de la población boliviana se considera cristiana (lo que no implica que realmente conozca la Biblia, que es lectura para especialistas).
Lo que estamos afirmando es que la religión es asunto privado y no público, y que, por tanto, el Estado no se mete. Y que, en consecuencia, el Palacio de Gobierno no puede funcionar como una parroquia.
Amén.
*Miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba.