Vamos a andar
Por Rafael Puente
Viernes, 12 de abril de 2019
Otra vez ha vuelto a sonar el nombre de aquella ministra de Defensa —la única mujer que ocupó ese cargo en la historia de la república— que tuvo la honestidad y el valor de renunciar a su cargo por no estar de acuerdo con la represión de Chaparina (cuando empezaba el drama del TIPNIS), una actitud consecuente que nos permitió estar seguros de que en dicha represión no había habido ninguna “ruptura en la cadena de mando” (ruptura que por cierto nadie ha esclarecido hasta el día de hoy), ya que la única autoridad que puede dar órdenes a dos ministerios es el Presidente del Estado.
Decepcionada del MAS, Cecilia Chacón se incorporó a SOL.bo y hoy es concejala en el municipio de La Paz. Y de pronto se encuentra asediada y acusada por haber denunciado presuntas irregularidades en el convenio entre la Alcaldía paceña y el presidente del directorio de Toyosa, Edwin Saavedra Toledo, respecto del proyecto ciudad empresarial World Trade Center (WTC) en la Curva de Holguín. Concejalas de su propio partido la acusan de mentirosa, mientras la Acobol (Asociación de Concejalas de Bolivia) la respalda y afirma que la denuncia de Cecilia tiene bases objetivas (como por ejemplo la proyectada construcción de un edificio de 65 pisos ¡en una zona donde la reglamentación municipal sólo permite 6!). De hecho, el alcalde Revilla quiere dejar sin efecto el mencionado convenio (medida que por supuesto es rechazada por Edwin Saavedra, el conocidamente favorecido presidente de Toyosa).
Por cierto, el exalcalde Juan del Granado defiende a Revilla y denuncia una conspiración en su contra (pero no queda claro si se refiere a una conspiración de la concejala Chacón o del empresario Saavedra… Sería bien que nos aclare su posición).
En todo caso, sabemos por experiencia que la empresa Toyosa y su máximo representante gozan de amplia y repetida protección de parte del Gobierno, y así como hasta ahora no se explica por qué el Tribunal Agrario de hace ocho años decidió adjudicarle seis hectáreas de terreno en Tiquipaya (Cochabamba) que eran propiedad fiscal, tampoco ahora se explica por qué hay autoridades que apoyan ese proyecto ilegal de “ciudad empresarial” en contra de las normas de la propia Alcaldía. Y conste que no estamos lanzando hipótesis malignas, sino pidiendo una explicación.
Pero no podemos dejar de recordar el valor y la consecuencia que tuvo la entonces ministra de Defensa, lo que de entrada respalda la actitud de la actual concejala de La Paz. Cómo no podemos olvidar la designación del hijo de Edwin Saavedra como embajador de Bolivia en Japón (sin ninguna otra calificación para ese cargo que no sea las relaciones de su padre con la empresa Toyota ¿nuestra diplomacia marcada por intereses empresariales…?).
Lo que sí queda claro —y es lo que pretendemos reafirmar en esta columna— es la capacidad política y la consecuencia ética de la concejala Cecilia Chacón, una mujer que nos está enseñando a todos y todas lo que es hacer política de manera responsable y a partir del conocimiento de la realidad, y de la consecuencia con principios (y no sólo para ganar un buen sueldo y disfrutar de los beneficios que puede proporcionar el ejercicio del poder, como desgraciadamente ocurre con una buena cantidad de nuestras autoridades).
Y no podemos dejar de felicitar a Acobol por su actitud consecuente al rechazar las acusaciones contra esta concejala decidida y valiente. Ojalá hubiera más concejalas y concejales en los diferentes municipios de nuestro país que tuvieran la misma vocación y el mismo coraje para denunciar las irregularidades, y los actos de corrupción que son tan frecuentes en nuestro aparato estatal… ¡Ukhamau!
*Miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba