El Estado anti-campesino

tribuna

Vamos a andar

Por Rafael Puente

viernes, 18 de enero de 2019

 Hace poco se ha publicado en este mismo periódico la dramática situación de las llamadas “campesinas insomnes”, numerosas mujeres campesinas de La Paz que dos noches a la semana llegan a la ciudad (a la zona de San Pedro, más concretamente del mercado Rodríguez), transportando sus productos agrícolas en decenas de camiones, buses y minibuses, y que de manera prácticamente clandestina esperan a sus compradoras —en realidad meras intermediarias— con las que tienen que regatear intensamente para vender sus productos.

Se trata de un drama repetido durante generaciones, heredado de los tiempos de la fundación del Estado neocolonial de Bolivia y que se ha mantenido intacto a pesar de la Revolución del 52 y de otros momentos progresistas, y que tristemente se sigue manteniendo en estos 13 años de proceso de cambio. Nuestros sufridos productores campesinos no son reconocidos en la ciudad —que vive de sus productos— y llevan siglos trabajando a pérdida; y en este caso son las mujeres las que tienen que sufrir la hostilidad de los diferentes vecindarios a los que acuden y de los minibuseros, cuando no las batidas de la Policía…

Ya sabíamos que algo similar —aunque no tan dramático— ocurre en el mercado de Abasto, en Santa Cruz, donde a lo largo de la noche los productos agrícolas son vendidos a tres niveles sucesivos de intermediarios, de manera que cuando la gente va a comprar al mercado tiene que pagar el triple de lo que ha cobrado el campesino productor; y éste es el drama de fondo, y que no podemos entender cómo es que no ha mejorado nada con el actual Gobierno. Porque efectivamente lo más grave no es la discriminación de la que los campesinos productores son víctimas (en lugar de ser valorados por quienes vivimos de sus productos); lo más grave es que sigue siendo evidente que en nuestro país los productores campesinos trabajan todos los años a pérdida (aunque tengan suerte y no hayan sufrido desastres naturales). Con excepción de los productores de arroz (y a lo mejor de algún otro producto selecto) todos los demás pierden dinero en cada cosecha, sólo que por falta de instrumentos adecuados de cálculo muchas veces no son conscientes de esa desgracia.

Por nuestra parte los consumidores experimentamos la subida de precios de los productos agrícolas que compramos en los mercados, pero la ventaja de esa subida es siempre para los intermediarios, no para los campesinos. Por eso en este momento —por lo que se sabe— ningún hijo de campesino quiere ser campesino. Y como tampoco están preparados para otra cosa, la mayoría se vuelven comerciantes o transportistas (con lo que además de perder su identidad asumen deformaciones culturales lamentables: basta ver los mensajes que pintan en sus minibuses, tales como “tu envidia es mi progreso”).

No se puede entender que un Gobierno que se enorgullece de su componente indígena-originario-campesino, y que tiene todo el poder (como ningún gobierno anterior), haya ignorado esta realidad y, por tanto, no haya hecho nada para remediarla. Una de las novedades prometedoras del primer programa de gobierno de Evo (el 2005) era el de lograr la “soberanía alimentaria”. Han pasado 13 años y esa soberanía está cada vez más lejos (si no me lo cree, vaya Ud. al mercado y pregunte el origen de las diferentes frutas, por poner un ejemplo; y en el último tiempo se ha sabido que ¡importamos papa del Perú!).

No decimos que sea fácil lograr una auténtica soberanía alimentaria (que no es lo mismo que la seguridad alimentaria ¿verdad?), pero nos gustaría que alguien nos explique qué medidas concretas se han tomado para acercarnos a esa soberanía; y si se ha tomado alguna, por qué el resultado es el fracaso total. En todo caso el anuncio de un nuevo “Estado productivo” en lo que ha derivado es en un “Estado de intermediarios” (además de un Estado exportador de recursos no renovables). Y no vale consolarse con que los gobiernos de derecha han sido —y serán— todavía peores; porque no habíamos votado por Evo para que sea un gobierno “menos malo”, ¿o sí…?