Libertad de expresión de todos, en peligro

Karen Gil*

Tras la derrota del sí del 22 de febrero a la reelección de Evo Morales y Álvaro García Linera en las próximas elecciones generales de 2019, el Gobierno salió presuroso a atribuir a las campañas por el No en las redes sociales (RRSS) y aseguró que urge regular las mismas, porque en éstas se miente y se desprestigia al Presidente. Y hace unas semanas, mediante Decreto Supremo, se creó la Dirección General de Redes Sociales, cuya principal tarea será el control de las cibercomunidades con un  presupuesto de 7.3 millones de bolivianos.

El miércoles 27 de abril, cinco policías detuvieron a Jesús Alanoca, periodista de El Deber, quien filmaba con su celular y transmitía en vivo por la aplicación Periscope, vía internet, cuando la Policía gasificaba con gas pimienta a las personas con discapacidad, que demandan uno bono mensual de 500 bolivianos y, tras marchar 35 días desde Cochabamba, intentaban ingresar a la Plaza Murillo para, quizás así, ser atendidas por el Gobierno. Los efectivos pidieron a Alanoca que borrara el material y luego lo llevaron a dependencias de la Policía donde lo retuvieron durante media hora.

En otra esquina que da a esa plaza, otro policía quiso detener a un periodista de Erbol que sacaba una foto al conflicto pero gracias a que intercedieron sus colegas, el uniformado lo dejó libre no sin antes filmar el rostro de los reporteros.

Esa misma noche, otros aplicados efectivos arrestaron violentamente a una joven, mientras filmaba con su tablet una de las rejas que montaron para resguardan la plaza, porque significaba, según ellos, un acto en contra de la seguridad del Estado e hicieron que pasara la noche en celdas policiales.

El viernes 29, después de un amague de enfrentamiento entre marchistas y policías, aprehendieron a tres estudiantes de la carrea de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), quienes apoyaban a las personas con discapacidad, y a un joven, que pasaba casualmente por el lugar en el momento de la detención, acusados de dañar la propiedad del Estado, obviamente, nuevamente se referían a las rejas.

Por la tarde de ese día, el fotógrafo de Página Siete, Álvaro Valero, fue golpeado por un funcionario público del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), mientras fotografiaba, desde un piso superior de ese edificio, la vigilia de los marchistas en la esquina superior de la plaza a la altura de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP).

Por las mismas horas, la cineasta boliviana Violeta Ayala, quien documenta la marcha desde Cochabamba, casi fue atropellada, presumiblemente, de manera intencional y más tarde fue víctima del robo de su cámara, su herramienta de trabajo. Además, un día antes circuló en las redes sociales un meme, de autoría del grupo del MAS “Los Satucos”, con el nombre y fotos del camarógrafo de su equipo, el australiano Dan Fallshaw, con la frase: “¿Qué hace un gringo filmando un documental financiado por ONGs para hablar mal del país (…) y criticar al Pdte. Evo?”, acto de amedrentamiento para los cineastas. Además, Ayala denunció que su equipo es fotografiado y filmado constantemente por extraños mientras realiza su trabajo.

Desde 2011, aproximadamente, pero con mucha más persistencia en los últimos meses, el Gobierno cuestiona a algunos medios de comunicación —Página Siete, Erbol, Agencia de Noticias Fides (ANF) y El Deber—, los señala como “medios mentirosos” o “medios opositores” o que son “financiados por la oposición” y recientemente el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, los sindicó como parte de un “cártel de la mentira” con fin desestabilizador. Este acoso se incrementa cuando existen conflictos, como el de las personas con discapacidad, o temas que incomodan al actual Régimen —red de extorsión que operaba desde el Ministerio de Gobierno, corrupción en el Fondo Indígena o el presunto tráfico de influencias que involucraría directamente al primer mandatario— y son informados por dichos medios.

Asimismo, el año pasado, la ministra de Comunicación, Marianela Paco, admitió que el Gobierno hace una “discriminación positiva” en la asignación de publicidad gubernamental y que por ello algunos medios no reciben publicidad, situación que fue denunciada por laAsociación Nacionalde Prensa Bolivia (ANP) como una medida de asfixia económica y de acallar a los medios críticos.

Ésas son solo algunas muestras de cómo el poder político, muchas veces desde su aparato coercitivo o movimientos sociales que lo sustentan, ataca directamente el derecho universal que tienen todas las personas a expresarse libremente, no sólo mediante la palabra sino por medio de acciones. Frente a este panorama cabe recordar algunas de las normas que rigen en nuestro país, puesto que, al parecer, el Gobierno los ha olvidado.

La Constitución Política del Estado (CPE), en su artículo 21, parágrafo cuarto, garantiza el derecho “A la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos. A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva”.

También en su artículo 106 dice: “I. El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información. II. El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa”. III: “El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información”.

A partir de estas normas y otras, que fueron creadas precisamente para limitar al poder, y analizando los hechos descritos anteriormente no sólo se debe decir que se vulneraron los derechos de expresión del periodista de El Deber, de la joven que filmó la reja, de los estudiantes de la UMSA sino que detrás hay un mensaje de intimidación y amedrentamiento no sólo a los periodistas, no sólo a los medios de comunicación, no sólo a los involucrados en los arrestos ilegales sino a todos los bolivianos que quieran expresarse libremente ya sea vertiendo sus opiniones o apoyando una protesta, la cual también es garantizada por la CPE.

En esa misma línea, el anuncio de regular las RRSS no sólo provocó o provoca que los usuarios de, por ejemplo, Facebook o Twitter se autocensuren en esas plataformas sino que también ellos y otras personas, que quizás no usen estos medios, se restrinjan de opinar en otras instancias como el trabajo, espacios públicos o por teléfono por el temor de que el Gobierno o movimientos sociales afines, de alguna manera, los estén controlando y al escuchar una opinión contraria afirmen que es de la oposición y tomen represalias.

Con todas estas medidas, el Gobierno de Evo Morales, de a poco, está sembrando miedo en la población por lo que muchas personas ya no nos sentimos libres y seguras de expresar lo que pensamos. Y al no expresar lo que creemos y sentimos, tomando en cuenta que la libertad de expresión es indivisible de los demás derechos, será imposible ejercer y proteger el resto de nuestros derechos.

Es decir, sin la posibilidad de expresarse y de acceder a la información, que no haya sido censurada previamente, no se puede participar libremente en el debate nacional sobre las políticas económicas, educativas y culturales del Gobierno, ni obtener la información imprescindible para proteger, por ejemplo, la salud y por ende la vida. Y si no hay esa libertad es poco probable que hablemos de una democracia plena, puesto que ésta, que tantas vidas costó durante las dictaduras y periodos de conflicto, cada día es mermada por el poder.

*Periodista