La contrarreforma agraria en Bolivia

Vivimos una expansión acelerada del modelo de acumulación capitalista agroextractivista en Bolivia, dice Urioste.

Ideas de Página Siere, La Paz, domingo, 02 de agosto de 2015

Miguel Urioste

Investigador de la Fundación Tierra

La superficie cultivada con soya en Brasil el año pasado fue de 30 millones de hectáreas (todo un récord de 100 millones de toneladas métricas cosechadas)  y compite con Estados Unidos por ocupar el primer lugar de los productores del mundo. Le sigue Argentina con un poco más de 20 millones, luego Paraguay con cuatro millones, después Bolivia con un millón y finalmente Uruguay con algo más de medio millón de hectáreas. De lejos América Latina es el primer productor de soya del mundo y la tendencia es que seguirá creciendo aceleradamente, allí donde haya tierra apropiada. El Estado de Mato Grosso, que colinda con el departamento de Santa Cruz  —casi del tamaño de toda Bolivia—, es el corazón soyero del Brasil y sus cultivos significan casi un 30% del total de los cultivos de soya de ese país. Su capital es una pequeña ciudad de medio millón de habitantes, Cuiabá, de los más de tres millones que tiene el Estado. Blairo Maggi, el rey de la soya, es el principal líder del sector agropecuario brasileño, ha sido gobernador  del Estado de Mato Grosso y actualmente es un senador muy poderoso. Según FORBES, su fortuna es de 1,15 billones de dólares. Años atrás fue llevado a Cuba por el entonces presidente Lula da Silva para ayudar a los cubanos a mejorar su agricultura. Hace poco Maggi informó que le quitará su respaldo al gobierno de Dilma Rousseff —del cual formaba parte— porque la economía brasileña está paralizada. Mato Grosso significa en idioma guaraní selva espesa. El Estado de Mato Grosso ahora ocupa el primer lugar de deforestación de la Amazonia.

La producción boliviana de soya representa el 0,9% de la producción mundial y en ese contexto es marginal. Sin embargo, su cultivo es muy relevante en el país, dado el pequeño tamaño de nuestra economía.  Según ANAPO el complejo soyero genera exportaciones por más de 1.300  millones de dólares al año —especialmente a los países de la CAN— y la cadena provee de múltiples nutrientes para el país (del grano de soya se producen harinas, aceites y tortas que son utilizadas para consumo humano y para alimentar gallinas y cerdos que satisfacen de lejos la demanda interna de consumo de esos productos y alimentos). Su lógica es: ahora hay más disponibilidad de carnes y leche para el pueblo porque hay más soya. Sin embargo, la producción de soya en Bolivia está prácticamente estancada desde hace siete años en un millón de hectáreas, desde que ocurrieron los graves conflictos autonómicos regionales  y se debatía la aprobación de una nueva Constitución Política del Estado. Desde entonces, los productores reclaman seguridad jurídica plena, ampliar el uso de semillas transgénicas a otros cultivos (además de la soya), libre exportación, mejor infraestructura de transporte y menos restricciones de la ABT para el desmonte para ampliar la frontera agrícola. Parte de su demanda ha sido concretada en la Cumbre Agropecuaria de abril pasado.

La Agenda 2025, elaborada por el Gobierno, fija la ambiciosa meta de ampliar aceleradamente la superficie agrícola de Bolivia –que ahora es solamente de tres millones de hectáreas– en 10 millones de hectáreas hasta el año 2025. En la pasada Cumbre los productores fueron bastante más realistas y modestos que el Gobierno. Creen que esa meta no se alcanzará y que —si el Estado cumple con sus promesas— podría duplicarse la actual frontera soyera hasta llegar a dos millones de hectáreas dentro de diez años.

Hace unas dos semanas el Presidente informó personalmente que estaba enviando una decena de proyectos de decretos y de leyes —para ser negociados con los empresarios— que cristalizarían los acuerdos parciales logrados en esa Cumbre. Aún no se conocen los textos finales de esas normas.

Todo lo anterior tiene que ver con la contrarreforma agraria sigilosamente puesta en marcha hace seis años. La principal concesión al agronegocio que hizo el gobierno del presidente Evo Morales al momento de negociar la CPE que se aprobó en el Parlamento y finalmente en el referéndum del año 2009  fue la pregunta referida al tamaño máximo de la propiedad agropecuaria. Ganó abrumadoramente el máximo de 5.000 hectáreas. Pero lo que no se informó al momento del referéndum fue que la ley no se aplicaría retroactivamente y que la nueva CPE garantizaba el latifundio asociativo mediante la conformación de empresas con un número ilimitado de socios, cada uno con 5.000 hectáreas. Los campesinos e indígenas no saben eso, no son conscientes de esa trampa.

El pacto productivo entre la agroempresa y el Gobierno construido en los últimos tiempos tiene un objetivo muy claro: lograr que en el mediano plazo Bolivia forme parte de la liga mayor de productores de soya del mundo, imitando lo hecho por Paraguay en la última década, aunque reduciendo los altísimos costos sociales y ambientales en el hermano país: un millón de campesinos desplazados y seis millones de hectáreas de bosques tumbados.

Grandes empresarios mundiales de la soya tienen la mirada puesta en Bolivia. Saben que aquí hay grandes extensiones de bosques amazónicos que podrían convertirse en tierras que se dediquen a la agricultura y la ganadería. Pero también saben que las inversiones extranjeras no gozan de garantías y que es muy riesgoso invertir en el agro en un contexto en el que se lleva adelante un "proceso de cambio”. Saben que hay movimientos indígenas que defenderán sus territorios y sus formas de vida en esos bosques.

¿Quedarán sólo como recuerdo los calurosos aplausos con que los más de mil delegados de todo el planeta —en la clausura de la Cumbre Social Mundial realizada en Santa Cruz en presencia del papa Francisco y de Evo Morales— dieron a conocer sus conclusiones, en las que se condenó explícitamente el agronegocio, la deforestación y el uso de transgénicos? La historia nos dirá si con los resultados de la Cumbre Agropecuaria han quedado o no suficientemente establecidos los parámetros para una expansión acelerada del modelo de acumulación capitalista.