La cuesta de la reelección

Ideas de Página Siete, La Paz, domingo, 02 de agosto de 2015

Roger Cortez

Docente e investigador

¿Le irá a costar mucho, algo, nada, a la estrategia reeleccionista la prolongada batalla con las demandas departamentales potosinas? Si se midiese el saldo de los choques, en estos días, es posible que los resultados sean contrarios para la propuesta continuista. Pero, que nadie se llame a engaño: lo mismo pudo pensarse en 2010 ante un conflicto similar, coronado además, poco después, con el gasolinazo y, sin embargo, en la prueba electoral del año pasado ganaron los reelectos.

Las dos mayores diferencias entre aquel y este momento están en los plazos y el entorno en que se ha desenvuelto la confrontación. Los plazos son ahora notoriamente más breves, porque se tiene que convencer a la sociedad que la Constitución debe modificarse (o ¿tal vez ignorarse?) para autorizar la tercera, o la continua reelección del Presidente.  En cuanto a las condiciones generales, son claramente menos risueñas que hace un lustro.

Los gobernantes tienen un máximo de dos años para convencer de que la mejor opción es seguirlos reeligiendo. El camino legal para reformar la Constitución es complejo y, si se lo respeta, está lleno de situaciones de riesgo como el referendo popular obligatorio para aprobar los cambios. Transitar esa ruta, dejando al paso la masa de heridas y cicatrices que se han acumulado en las escaramuzas con los cívicos, pueda llevar a la autoinmolación.

Humillaciones en tiempo de estrechez

El entorno se ha hecho adverso para el Gobierno en casi todos los frentes, empezando con el económico. Los cuatro años precedentes ofrecieron un generoso caudal de recursos, recortados ahora por la baja de precios de las materias primas y particularmente la del gas natural.

 El esperado crecimiento de un 5,9% que garantizaba el Ministerio de Economía tuvo ya que ser rebajado en casi un punto, en tanto la CEPAL, el FMI y el Banco Mundial acaban de publicar pronósticos más pesimistas.

Para Potosí eso significa que inclusive si se respetase rigurosamente la "agenda chica” firmada unilateralmente por los ministros, tiene que renunciar definitivamente a sus mayores pedidos y resignarse al sentimiento de haber sufrido una afrenta mayor por parte del Jefe de Estado y sus principales colaboradores.

La inflexibilidad y dureza dirigida contra los movilizados y sus representantes alcanza también a los sectores más críticos con la protesta, porque comparten la idea de que existe una deuda moral y material con Potosí, como bien lo describe Rodolfo Erostegui (sospecho que tal predisposición es bastante más generalizada en nuestro país).

Las acusaciones oficiales de que las banderas federalistas del Comité serían expresiones de separatismo, promueven incredulidad y rechazo muy amplio, porque se percibe lo artificioso de los cargos y la intención de descalificar un debate legítimo y democrático; lo mismo se aplica a las amenazas de instrumentar a organizaciones sociales parta reprimir. Los estrategas del régimen, con mentalidad rutinaria, no llegan a entender que la utilización indiscriminada de la descalificación y amenazas están muy desgastadas por el abuso y por la continua disolución de la credibilidad del régimen, a causa de las evidencias de que la corrupción se extiende en su seno, mientras la benevolencia social mengua.

Sectores, corporaciones y particularismos

Las principales debilidades de la protesta potosinista se encuentran en el aislamiento intrínseco de sus reclamos y las formas elegidas para expresarlos. A diferencia de algunas de las más exitosas movilizaciones cívicas, caracterizadas por la posibilidad de que se extiendan y aun generalicen, como pasó con la demanda de que los alcaldes se eligieran, o la de autonomía departamental, que ha sido unánimemente aceptada, la del Comité asumió una apariencia a la que revisten los reclamos propios de los gremios que salen a imponer a rajatabla sus intereses excluyentes.

Por lo demás, las formas de lucha a las que apeló la dirigencia cívica, replicaron las más tradicionales de los sindicatos y gremios y que castigan, como ellas, severamente a los grupos más vulnerables, poniéndolos en contra. La escalada violenta que precedió al inicio de las negociaciones debilitó al movimiento de una manera parecida a lo que ocurrió en 2008, durante los momentos más duros de la ofensiva de la media luna departamental de aquel entonces.

Al apreciar todo el cuadro, tomando en cuenta que la principal apuesta gubernamental busca  ejercer seducir y persuadir, hasta alcanzar la adhesión suficiente para prorrogarse otros cinco años por lo menos (ya que el objetivo de fondo es una reelección sin límites) el balance de mediano plazo es adverso para la campaña pro reelección.

En una coyuntura de estrechez económica, la dinámica corporativa promocionada desde el poder político, termina por adquirir un sello negativo para sus patrocinadores, porque la derrota de una movilización de este origen (sea regional o sectorial) no desalienta a las demás, por el particularismo congénito de su origen. Cuando hay menos para repartir, agasajar y mimar, y cuando desde el Estado se quiere recaudar más, afectando a diversas corporaciones, las demandas sectoriales apuntan a crecer, más todavía; cuando las dirigencias corporativas están cooptadas y carecen de la sensibilidad suficiente para canalizar, oportuna y eficazmente, los reclamos de sus bases.

El régimen intentará amortiguar las fuerzas y efectos contrarios, apelando a su programa de grandes obras -incluyendo las más irracionales-, pero los gastos, legítimos e ilegítimos, en los que incurrirá terminarán por poner presión sobre los factores que socavan su crédito.

Las grietas internas

Los sondeos realizados en junio pasado muestran una opinión mayoritaria contra la reelección. Los hábitos y reflejos de los gobernantes ante situaciones de confrontación y en el contexto económico y social vigente  estimulan las adversidades a su proyecto. Si este cuadro se mantiene, la unidad del partido gubernamental, hoy muy firme, se resquebrajará, sumando una contrariedad mayor.

A los tres principales factores ya apuntados se añaden los efectos inciertos o nocivos de reformas institucionales postergadas, inconclusas o defectuosas, como las de la Policía y la justicia, o inclusive del Órgano Electoral, así como las percepciones de inseguridad urbana, burocratismo y otras frustraciones derivadas de incumplimientos, lo que en conjunto enseña que después de la última escaramuza, la vía para reelegir, por una o múltiples veces, al único candidato, seguro se han hecho más duras, exigentes y tortuosas.