Gobierno de Evo: Débil con los poderosos y autoritario con los débiles

Redacción de Aquí

Las demandas  de sargentos y suboficiales contra la discriminación interna y en favor de la descolonización de las Fuerzas Armadas ha puesto en evidencia, una vez más, la incoherencia del presidente Morales y su gobierno que en su discurso dicen ser anticolonialistas, antirracistas y no discriminadores, pero en los hechos son todo lo contrario.

El movimiento de los clases, que ya lleva más de dos semanas, aun no puede ser doblegado, pese a ser tildado de golpista y desestabilizador del “proceso de cambio”, recurso utilizado por los gobernantes para descalificar las protestas y así obligar a los sectores sociales que controla a que se pronuncien y alineen al libreto del gobierno.

El 2012, días antes de que llegara la IX marcha indígena en defensa del TIPNIS, estalla un motín de la tropa policial que pide mejoras salariales. Ambas movilizaciones son acusadas por el gobierno de haber coordinado sus protestas y son calificadas de golpistas. En ese momento la tropa policial, tenía legítimas demandas; sin embargo, un grupo de ella quema importante documentación de procesos disciplinarios, acción (sin investigación hasta ahora) que con seguridad favoreció a uniformados que, posiblemente, hoy estén “viviendo bien”. Pero los indígenas marchistas, divididos por las políticas prebendales, no sólo recibieron el rótulo de golpistas, sino también la represión en los alrededores de la Presidencia y Vicepresidencia, paradójicamente, por los mismos policías sublevados días antes.

Los cooperativistas mineros (empresarios en realidad) que protestaron, a fines de marzo y comienzos de abril de este año, por la no aprobación de la ley minera, redactada a su gusto y avalada tal cual por Evo Morales, bloquearon caminos, lanzaron dinamitas a las fuerzas policiales, perjudicaron a la ciudadanía y amenazaron con derrocar a Morales[1], en ningún momento fueron acusados de golpistas por el gobierno ni por los legisladores ni por los dirigentes campesinos y de la COB como lo hacen ahora contra los suboficiales y sargentos, aunque estos últimos han ratificado su lealtad hacia el presidente Morales.

Si comparamos el comportamiento gubernamental frente a las dos movilizaciones, se identifica una clara inclinación hacia los empresarios-cooperativistas, preferencia que se traduce no sólo en cantidad de votos (150 mil) que tendría el Presidente-candidato para su triple e inconstitucional reelección, sino también en la cantidad de dinero fresco que aportarían para su campaña; no en vano el Presidente los ha calificado como “aliados naturales”[2]. Por su parte, los suboficiales y sargentos movilizados, no significan nada para el Presidente-candidato, ni en materia electoral ni como aportantes económicos para la campaña, e incluso en las tareas rutinarias de las Fuerzas Armadas, puede prescindir de ellos.

Sorprendente que los actuales gobernantes, que se dicen anticolonialistas, aplauden ahora la discriminación dentro de las Fuerzas Armadas, cuya estructura se mantiene casi intacta, así como sus normas que solo fueron retocadas durante los llamados gobiernos neoliberales, en tanto que los constituyentes mantuvieron lo esencial de las normas constitucionales respecto de las FF.AA.

La incorporación de nuevas insignias en los uniformes o de eslóganes en las arengas no significan ningún cambio en la “doctrina” de los militares bolivianos los que, creemos, sólo hablan de que son antiimperialistas y que son socialistas, aunque el presidente Morales afirme que los uniformados son anticolonialistas y antiimperialistas desde tiempos de las luchas independentistas del siglo XIX.

Jefes militares (muchos ahora jubilados) fueron oficiales y, por tanto, represores de obreros y del pueblo durante las dictaduras de Banzer, Natusch Busch, García Meza, así como en tiempos de la democracia en el cerco a la Marcha por la Vida en 1986 (gobierno de Paz Estenssoro); la masacre de y Amayapampa, Capacirca y Llallagua en diciembre de 1996 (primer gobierno de Sánchez de Lozada); la represión del 2000 a los campesinos del altiplano paceño, en enero del 2000 (gobierno de Banzer); la Guerra del Agua de abril del 2000 (gobierno de Banzer); las jornadas de octubre del 2003 (segundo gobierno de  Sánchez de Lozada), la represión en Challapata (gobierno de Evo Morales). En casi todos esos sucesos hubo muertos por disparos de militares.

Esas son las Fuerzas Armadas que defienden al Presidente, los dirigentes de la COB,  de  los campesinos, de los cocaleros, de los colonizadores, de los cooperativistas y de los sectores que respaldan las injusticias que perviven en este proceso social, quienes deben tener hijos entre los uniformados, donde los de baja graduación son discriminados y ultrajados, porque sus derechos no son respetados y más bien el mismo presidente Morales, apoya implícita o expresamente su vulneración.

Las Fuerzas Armadas bolivianas mantiene su esencia, siguen siendo sobre todo represoras del pueblo, aunque sus jefes sean halagados por el Presidente, premiados con cargos diplomáticos y aunque se autodenominen antiimperialistas y socialistas. La adhesión de los militares a Juan Evo Morales Ayma y a los gobernantes es el resultado de presiones y, como se informa, consecuencia de sobresueldos que reciben jefes castrenses.

Los gobernantes, el Presidente en especial se apoyan en esas viejas Fuerzas Armadas y en el pacto que se afianza con los empresarios medianos y sectores de los grandes. Esos factores influyen, asimismo, para que se mantenga el viejo Estado, que no ha sido sustituido por el Estado plurinacional que existe sólo en el discurso.