¿Quién es el dueño?

En riesgo de extinción

Roger Cortez Hurtado*

   Martes, 15 de abril de 2014

La Constitución vigente atribuye la propiedad de los recursos naturales al pueblo boliviano, rompiendo con la tradición previa de que las riquezas naturales se consideraban de "dominio originario del Estado”.

El nuevo enunciado pretende atajar la concepción privatista que dominó al final del siglo XX y, también, expresar la experiencia acumulada durante la vigencia del capitalismo estatal, en la que se comprobó que la propiedad estatal no blinda contra el abuso, la malversación y la transferencia de los bienes públicos a manos de individuos y grupos.

Reivindicar al conjunto de bolivianas y bolivianos  (no al Estado) como dueño de las riquezas naturales trata de prevenir y enmendar los muchos y enormes fraudes, fraguados desde el Estado, para crear nuevas clases dominantes parasitarias. El control social y el impulso de un régimen pluralista y autonómico apuntan en la misma dirección.

Pero, aunque la fuerza de tal aspiración colectiva alcanzó para inscribirla en la CPE, como eje de un régimen de recursos naturales y de la reestructuración estatal, no tuvo la firmeza requerida para impedir que nuevos estatistas, intoxicados de ansias patrimonialistas (administrar los bienes comunes como si fuesen de propiedad) desnaturalizaran, en el mismo texto, ese mandato a través del concepto de que "el Estado en nombre y representación del pueblo ejerce la propiedad”.

"El ejercicio de la propiedad” anula en los hechos la decisión de asumir socialmente el dominio y el control, con el Estado como intermediario administrativo, no apoderado y menos sustituto de la sociedad. Se burla, así, la decisión transformadora de hacer del Estado un instrumento subordinado, controlable y continuamente sujeto  a la rendición de cuentas,  al entronizarlo, otra vez, a la de amo y tutor de la sociedad.

Esa sustitución  ha servido para que quienes acaparan el poder político  "ejerciten la propiedad” distribuyendo, bajo su arbitrio y conveniencia algunos medios de producción colectivos: reservas y yacimientos, maquinarias e instalaciones. 

El conflicto con los cooperativistas, con los muertos y las pérdidas colectivas que trajo su explosión violenta enseñan, nuevamente, que la "propiedad del Estado” continúa sirviendo a los propósitos de acumulaciones fundacionales, para grupos y sectores allegados, patrocinando y amparando a componentes de las cúpulas corporativas que hoy dominan la maquinaria estatal.

Como se ve, en este momento histórico, el arte mayor de la burocracia de Estado, consiste en el ocultamiento y el escamoteo de la naturaleza y el ejercicio de los derechos de la propiedad pública. Por eso puede desplazarse desde su  posición inicial de ordenar que un proyecto de ley  (de minería) se apruebe "sin modificar ni una coma”, a amenazar con juicios por traición a la patria, a quienes, dentro de las cúpulas corporativas a las que representa, se desmarcan de su coordinación.

 Actúa con una lógica similar, al tratar de nublar el debate sobre quiénes "tienen el dominio” y el control (aunque no necesariamente los títulos propietarios) de los medios y redes de difusión masiva que funcionan, dócil y complacientemente,  al compás de las necesidades, agenda y requerimientos del régimen, pero que éste se niega a reconocer como propios. 

En vez de plantear y establecer fuera de toda duda la verdad sobre el dominio de lo que el autor del libro Control remoto  llama "medios paraestatales”, prefieren incinerar a dos de sus cuadros, mandados a desarrollar una intriga melodramática, muy mal cocinada, para desprestigiar y anular al denunciante, acusándolo de "querer mellar la ética estatal” y servir a potencias extranjeras, cuando no ha hecho más que cumplir valerosamente la tarea de aportar evidencias y hacer preguntas incómodas. 

La "ética estatal” no sólo se mella, se hace polvo con la gigantesca hipocresía y desinformación  usadas para esconder a quienes responden y obedecen esos medios   -ciertamente no anotados en las cuentas fiscales- y cómo operarán, en el futuro, lejano o próximo, no importa, cuando  sus amos (no necesariamente sus dueños formales) ya no ejerzan sus actuales títulos, fueros y privilegios políticos.

*Es investigador y director del Instituto Alternativo.