Flecha yurakaré
Alejandro Almaraz*
Miércoles, 09 de abril de 2014
Hilarión Mamani es el dirigente máximo del directorio paralelo de Conamaq que el Gobierno ha promovido y reconocido. Hace poco se lo vio por televisión, tomando posesión de su cargo y del local de Conamaq, en medio de la golpiza que sus seguidores propinaban a las legítimas y orgánicas autoridades originarias con la colaboración policial.
La minería es la principal fuente de adversidades y conflictos para las comunidades indígenas de la región andina del país agrupadas en Conamaq, pues invade sus territorios, ocupa y degrada sus tierras, consume y contamina sus aguas, y presiona fuertemente para su desestructuración social. Por eso, es gravísimo para estas comunidades indígenas que el proyecto de Ley de Minería no se haya discutido ni consultado con ellas, consumándose una nueva violación flagrante del derecho constitucional a la consulta que, según la Constitución y las leyes, debe aplicarse cada vez que el Estado pretenda adoptar una medida legislativa o administrativa susceptible de afectar a los pueblos indígenas. Aun más grave es que el mencionado proyecto ratifique y consolide las potestades que ya el Código Minero de Goni obsequió a las empresas mineras para el despojo y la destrucción de los territorios indígenas, como es el caso particularmente sensible de las preferencias para usar y agotar las aguas de las áreas concesionadas. Igual de grave es que, en este ámbito, se liquide toda posibilidad de aplicación auténtica del derecho constitucional a la consulta, de la manera más perversa y efectiva en que se puede hacer: estableciendo una regulación legal que lo restringe y desvirtúa hasta convertirlo en un formulismo cuya única consecuencia práctica posible es salvar a los operadores mineros, con todas las de la ley, de los escollos que potencialmente representa la verdadera consulta para sus pretensiones. Es decir, como ya se trató de hacer en el caso del TIPNIS, conculcar el derecho a la consulta en nombre de su vigencia.
Pero éste probablemente no sea un problema para Hilarión Mamani ya que, por lo visto, la minería a él no lo perjudica, sino que lo beneficia. En efecto, se ha señalado públicamente, sin desmentido suyo, que es cooperativista minero, y la ley minera es tan especialmente dañina para los pueblos indígenas como benigna para las cooperativas mineras. Para empezar, mientras se excluía a las organizaciones indígenas de su discusión, se la consensuaba minuciosamente con la empresa privada y cooperativa. Como lógica consecuencia, el proyecto consensuado otorga a la burguesía minera, tanto a la que actúa en la convencional empresa privada como a la que lo hace encubierta en las cooperativas, las mayores ventajas imaginables en las presentes condiciones. Tan grandes e ilegítimas que el propio Gobierno, al providencial influjo del momento electoral, ha tenido que revisar algunas admitiendo su inconstitucionalidad.
Si Evo Morales no opta por el acto de tan mayúsculo servilismo con la burguesía cooperativista y el capital transnacional, como de ensañamiento con los pueblos indígenas, que supondría aprobar el proyecto con insubstanciales ajustes, y, más bien, lo retorna a fojas cero y abre su discusión a todos los sectores sociales interesados, sería de elemental necesidad incluir a Conamaq. Pero, si así fuera, es obviamente presumible que la representación de Conamaq, que el Gobierno reconozca, sería la del cooperativista Hilarión Mamani, pues ya la ha reconocido nada menos que para disponer del dinero del IDH que la Ley de Hidrocarburos destina a los pueblos indígenas y se canaliza mediante el Fondo Indígena (FONDIOP). Pero, además, Mamani ejerce la membresía en el directorio de ese Fondo, que la prepotencia gubernamental le ha entregado, usufructuando los bienes institucionales de ese tan particular modo que pareciera ser la más ineludible y suprema obligación revolucionaria para muchos dirigentes sociales encumbrados en este gobierno: emborracharse a bordo de los vehículos oficiales. Y Mamani, como el mejor "soldado de la revolución”, lo hace con tan esmerado compromiso, que su reincidencia le ha costado ya su enjuiciamiento. En todo caso, esto no le impedirá representar a Conamaq en la eventual discusión de la Ley de Minería, porque las medidas precautorias dictadas para él son las perfectas, en estos tiempos de "cambio revolucionario”, para un cooperativista minero en funciones de dirigente indígena por encargo del Gobierno: detención domiciliaria sólo durante las noches.
Hilarión Mamani es la encarnación concentrada y paradigmática de la manera de ser indígena de este Gobierno "indígena”, y la Ley de Minería es la más clara expresión programática de su posición profunda frente a los indígenas reales.
*Fue viceministro de Tierras