Gobierno encubre a jerarcas responsables de delitos

Manuel Gonzáles Callaú

La exclusión definitiva de Sacha Llorenti del proceso investigativo realizado por la comisión de fiscales sobre la represión en Chaparina, a los indígenas de la VIII Marcha en defensa del TIPNIS, confirma una vez más la protección que da el gobierno a determinados funcionarios que cometen delitos y vulneran los derechos humanos.

La supuesta ausencia de pruebas que argumentaron los fiscales sobre la responsabilidad de Llorenti, como ministro de Gobierno en la represión en Chaparina, resulta insultante para cualquier ciudadano ante esos sangrientos sucesos, como también lo dicho por esa autoridad y los primeros mandatarios cuando justificaron el operativo al día siguiente: “Con el único propósito de evitar un enfrentamiento se ha procedido a evacuar a los marchistas para garantizar la seguridad e integridad física”, señaló Llorenti en conferencia de prensa.

Además del pedido de perdón del presidente Morales y la confesión del vicepresidente que aseguró que sabía quién dio la orden de represión, no hay que olvidar las declaraciones del ministro de la Presidencia, J.R. Quintana, que también justificó la represión. En realidad la orden salió del primer mandatario, con aplausos de todo su gabinete.

La protección a los principales funcionarios subalternos tiene una lógica: a Morales, porque si alguno cayera, podría arrastrar al primer mandatario y, además, caería en desgracia, porque Evo no perdona. No olvidemos la sentencia del presidente cuando expulsó a la Ong IBIS: “…la conspiración no se perdona”.

Al respecto no hay que olvidar que las poblaciones de San Borja y Rurrenabaque se movilizaron el mismo domingo 25 de septiembre del 2011, en favor de los indígenas reprimidos y al día siguiente (los de Rurrenabaque) impidieron que la Fuerza de Tarea Conjunta (militares y policías) continúen con la represión y el confinamiento de los marchistas. Y con ese antecedente nos preguntamos: ¿Por qué la ayuda gubernamental se la hace con desgano a esa poblaciones hoy inundadas? ¿No será parte de una revancha a la acción que hicieron los borjanos y los porteños (de Rurrenabaque) en favor de los indígenas marchistas, arruinándole a Morales y su gobierno su “intervención humanitaria”? Recordamos a los lectores que cuando el gobernador pidió la presencia del Presidente en la capital beniana, la respuesta de éste fue la siguiente: “…entendemos el doble discurso, el gobernador y compañía me declararon persona no grata, hubiéramos estado, pero estos días no hemos podido programar por muchas tareas que ustedes saben muy bien…” (Conferencia de prensa del presidente Evo Morales sobre las inundaciones en el país. Palacio de Gobierno 12 de febrero de 2014).

Otro caso de encubrimiento del caso de la periodista Hanalí Huaycho, asesinada por su esposo, el teniente de policía Jorge Clavijo Ovando. Según fiscales, policías y autoridades gubernamentales ese crimen está cerrado porque el homicida se habría quitado la vida por voluntad propia, “arrepentido” de su delito.

Lo curioso de esa investigación es que antes de encontrar el supuesto cadáver momificado de Clavijo, algunas autoridades sugirieron que se había suicidado. Luego del sorprendente hallazgo del cadáver, no se hicieron los estudios del cuerpo, como de la dentadura, que sirven para identificar a un occiso anónimo. Asimismo, los estudios de ADN, no coinciden: uno realizado por la Policía y otro por los familiares de la periodista asesinada.

¿Qué sabía o sabe Clavijo para que haya desaparecido y su cuerpo fuera suplantado por un cadáver del que se duda sea el suyo? Clavijo estuvo en el grupo de elite (UTARC) que hizo el operativo del Hotel Las Américas Cruz (16 abril 2009), donde murió Eduardo Rozsa y otros dos miembros del llamado grupo terrorista-separatista en circunstancias no esclarecidas.

Otros protegidos son los mandos policiales y el mismo Llorenti, ministro de Gobierno, responsables de la represión a los pobladores de Caranavi y la muerte de dos jóvenes, el 7 y 8 de mayo del 2010.

Y no se sabe nada de los responsables de los 16 muertos en Huanuni (5 y 6 de octubre 2006), de los tres muertos en Cochabamba (11 enero 2007), de los tres victimados en Sucre (24 y 25 noviembre 2007), de los 13 muertos en Porvenir-Pando (11 septiembre 2008), de los tres muertos en Yapacaní (11 enero 2012), de los dos victimados en Challapata (10 octubre 2012), de los cinco muertos en Apolo y de la represión en todos esos hechos donde actuaron policías y militares. Todos ellos están protegidos.

La justicia boliviana y sus operadores actúan como conviene a los gobernantes, descubre crímenes cuando el hecho es espectacular, pero también inventa (fabrica) pruebas y culpables que luego no son tales.

Se dijo que eligiendo magistrados la justicia sería diferente a la de regímenes y gobiernos anteriores, sean dictaduras o “democráticos”, pero las prácticas siguen como antes: encubrimiento a poderosos, retardación en los procesos, soborno, chantaje y amedrentamiento, torturas a los detenidos.

Lamentablemente ningún cambio en la justicia se puede esperar mientras los jerarcas que cometieron delitos y vulneraron los derechos humanos sigan siendo protegidos desde el Palacio de Gobierno. ¡Vaya proceso de cambio que vivimos!