Jallalla Conamaq

Flechas yurakaré

Alejandro Almaraz

Viernes, 20 de diciembre de 2013

La animadversión que demuestra hacia Conamaq  la cúpula sindical campesina, hoy gobernante y de la que el mismo Evo Morales es paradigmático y antiguo miembro, tiene larga data y profundo significado histórico e ideológico. Se inicia en el rechazo al nacimiento mismo de Conamaq .

Conamaq se constituyó, a mediados de la década de los 90 del siglo pasado, como expresión de una nueva y más profunda emancipación de las comunidades indígenas de las tierras altas; la que, luego de la liberación del tutelaje estatal ejercido sobre el sindicalismo campesino, conquistada con la fundación de la CSUTCB, las liberaría de las propias formas de organización sindical, política y social impuestas desde el poder emergente de la revolución del 52, a modo de renovación del colonialismo interno. De esta emancipación superior resultaría la recuperación y revitalización del ayllu, como estructura propia y ancestral de organización comunitaria y sustento social de su identidad étnica, y, al mismo tiempo, la reapropiación y reestructuración territorial mediante la titulación comunitaria de la tierra.

Todo esto era inaceptable para la aristocracia sindical campesina ideológicamente moldeada por el nacionalismo revolucionario y, por ello mismo, ganada al individualismo capitalista. Para empezar, ella no quiere ser india ni indígena, condición que en el mejor de los casos acepta para los abuelos; su divisa de identidad es la de "sindicalista”. Para ella, el ayllu es una expresión de "atraso”, mientras que el sindicato y el partido son los vehículos organizativos que conducen al progreso, la modernidad o, si es el caso, a la revolución, "socialista comunitaria” claro está. La propiedad comunitaria de la tierra, más aún si es como TCO, es otro anacronismo sospechoso de proimperialismo, y la apropiación individual y mercantilizadora de la tierra es el deseado medio para cumplir la aspiración máxima: la conversión en burguesía. Por eso, Conamaq recibió desde sus primeros momentos de existencia la agresión, frecuentemente violenta y brutal,  de la hoy poderosa cúpula sindical campesina.

Para empeorar su imagen, Conamaq, igual que CIDOB, jamás se incorporó ni subordinó al instrumento político que vendría a denominarse MAS, y de cuya conducción se apoderaría la cúpula sindical tempranamente. Limitó su relación con él a una alianza que permitiera el acercamiento al movimiento campesino en pos de los naturales propósitos comunes, pero que preservara su autonomía y su propia visión de la realidad nacional. Ya esta posición fue recibida por la cúpula masista-sindicalista como una afrenta, pero lo que colmó la escasa paciencia que le dejaba su compulsión electoral, fue que, en 2002, Conamaq y CIDOB protagonizaran la marcha indígena que logró instalar la necesidad de la Asamblea Constituyente en la conciencia y las demandas de la sociedad boliviana, en plena campaña electoral, cuando tendrían que estar ganando votos para Evo Morales. Por eso, el MAS fue el peor enemigo de aquella histórica y fecunda movilización indígena, lanzando una despiadada y calumniosa  campaña de desprestigio que la tachaba de "mirista”, y logrando que llegara a La Paz debilitada y sin posibilidades de ningún logro inmediato.

Ya durante el Gobierno de Evo Morales, y pasados los primeros años en los que los acuerdos con los sectores populares sustentaban y orientaban la gestión de gobierno, la acción autónoma con la que Conamaq y CIDOB defendieron los derechos indígenas y el sentido democrático y emancipador del proceso de cambio, ha merecido el más descarnado encono del empoderado sindicalismo campesino, frenéticamente entregado a usufructuar del poder en el festín del "ahora nos toca” que comparte con aquellos a los que siempre les tocó. Como nunca antes en su historia, Conamaq y el movimiento indígena en su conjunto soportan del Estado la represión brutal, la acción divisionista motorizada por la coacción intimidatoria y corruptora, y el ensañamiento que derrocha prepotencia y abuso en acciones como las tomas policiales de las sedes de sus organizaciones, para instalar en ellas a oficialistas impostores. A todo ello se añade la proclamación gubernamental de hacerlo en nombre de los indígenas y por su bien.

La agresividad anti-indígena del Gobierno de coalición fáctica que las élites de sindicalismo campesino comparten con los tradicionales detentadores del poder no se explica sólo por el interés de allanar el camino de sus pactados objetivos principales, como la entrega garantizada de los recursos naturales  al capital extranjero, la reconcentración y mercantilización de la tierra o la ampliación de las fronteras soyera y cocalera. Está también al fondo de ella, el desprecio racial que caracteriza al mestizo desarraigado, aculturado y ávido de ascenso social, aquel que despreciando al  indio quiere ser como el blanco que lo desprecia a él.

Alejandro Almaraz es abogado y fue viceministro de Tierras.