Una última y vieja carta de la reacción boliviana

Pedro de la Hoz
El 27 de enero del 2006, apenas unas horas después de que por primera vez Evo Morales tomara posesión de la jefatura del Estado boliviano, el Ministro de la Presidencia del gabinete inaugural dio la orden de desmantelar una estación de espionaje situada en uno de los entrepisos del Palacio Quemado. Por su formación y procedencia, el ex-estudiante de la tristemente célebre Escuela de las Américas y sociólogo especializado en temas de inteligencia militar, Juan Ramón Quintana, sabía de qué se trataba: por años, de manera impune, había funcionado allí esa estación a cargo de la CIA con implicación de ciertos mandos de la Policía.
En una entrevista que nos concedió al colega Luis Báez y a quien esto escribe, en junio del 2008, Quintana declaró que hasta la ascensión de Evo a la Presidencia "el vínculo más efectivo, más fuerte, más exitoso que tiene el gobierno de Estados Unidos en Bolivia es con determinadas estructuras de la Policía; los norteamericanos entienden a este cuerpo como una de sus bases sociales".
Alfredo Rada, a la sazón ministro del Interior, en una conversación también registrada por aquellos días expuso: "Muchos policías bolivianos son patriotas, asumen una doctrina nacionalista y han trabajado con entusiasmo en acompañar tareas como la nacionalización de los hidrocarburos, de la empresa de telecomunicaciones y la fundición Vinto, en Oruro".
Sin embargo, a continuación acotó: "Pero no podemos cerrar los ojos ante la realidad de una Policía que cuando menos en los últimos 20 años tuvo una fuerte presencia de operadores de la Embajada de Estados Unidos, y una fuerte injerencia en la vida interna de la Policía, no solamente en lo que es la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico. La Embajada de Estados Unidos ha dado un aporte económico cercano a los 30 millones de dólares, destinado no solo a operativos antinarcóticos, sino también para bonos al personal policial, que incluye la intromisión en el manejo de los temas disciplinarios".
Traigo a colación esos comentarios autorizados como referencias a tener en cuenta ante la situación que vive Bolivia, donde un movimiento de carácter reivindicatorio salarial emprendido por miembros de la Policía pudo haber derivado, asaeteado por intereses espurios, hacia un nivel de conflictividad mayor, en un escenario en el que está latente la intención de frustrar el proceso de cambios liderado por Evo Morales y el Movimiento al Socialismo, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos.
Antes de la escalada de sucesos en torno a la Plaza Murillo, el propio Evo, el viernes 24 de junio, en un encuentro con trabajadores de la minería, alertó a la opinión pública cómo "seguramente esa gente que privatizó (empresas del Estado en el pasado) usa a algunos hermanos policías para preparar un golpe de Estado, para hacer matar al ministro de Gobierno y para enfrentar a las Fuerzas Armadas con bombas molotov. Quiero decirles que captamos sus mensajes; es nuestra obligación detectar qué están planificando y cómo están comunicándose. Esa derecha se infiltra, usan a algunos policías (...) por eso convocamos a nuestros hermanos policías a tener mucha responsabilidad con su pueblo, que den seguridad porque la policía se ha creado para dar seguridad y no para dar inseguridad".
Dos días después, el vicepresidente Álvaro García Linera afirmó: "Lamentablemente aprovechándose de una demanda económica legítima y atendida por el Gobierno, fuerzas oscuras están comenzando a manipular la movilización. Hemos visto en los canales televisivos ex candidatos de partidos políticos, que han sido retirados de la Policía, entrando encapuchados a la unidad policial, levantando armas y distribuyendo armas".
Entre esas "fuerzas oscuras" existen de vieja data vasos comunicantes con los servicios de Inteligencia y la Diplomacia norteamericana. En todos los conflictos desestabilizadores sufridos por el proceso boliviano de cambios se han hecho evidentes los apoyos y alientos de estos últimos.
De ahí que no sea sorprendente una renovada concertación, más en tiempos en que se suceden embestidas contra los gobiernos de vocación social transformadora en América Latina.
Por el momento parece que el peligro está conjurado. El ministro del Interior, Carlos Romero, aseguró este miércoles que los servicios policiales "se van normalizando paulatinamente en todo el país" y dijo que las actuales autoridades no eran responsables del estallido del conflicto.