ERBOL
La minería cooperativizada del país está controlada por un pequeño grupo de socios que se benefician del grueso de la producción minera, en tanto que la mayoría de sus trabajadores sólo logran conseguir lo mínimo para cubrir sus necesidades básicas, revela una investigación del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB).
Vladimir Díaz, investigador del equipo de Recursos Naturales del CEDIB, sostuvo que ese pequeño grupo privilegiado administra varias grandes cooperativas mineras que se encuentran asentadas principalmente en Oruro y Potosí.
"Las cooperativas mineras son esencialmente un negocio de grupos minúsculos de carácter privado que se están beneficiando del trabajo que realiza la inmensa mayoría de trabajadores en calidad de peones y no precisamente de socios", aseveró Díaz en declaraciones a Erbol.
Explicó que esta situación se evidencia con más claridad en las cooperativas mineras de Potosí, por la marcada estratificación que existe a su interior.
"Hay un núcleo dirigente de cooperativistas que verdaderamente se enriquecen; llegan a alcanzar un ingreso de 60 mil bolivianos por mes, en cambio los llamados peones sólo llegan a 1.500 bolivianos", apuntó.
Bajo este panorama dijo que el concepto de "socio" y la idea de "cooperativas" queda "sumamente limitada en su aplicación real".
Las grandes cooperativas mineras en cuestión están ubicadas principalmente en el Cerro Rico de Potosí, Atocha, Tupiza y Llallagua. "Ese núcleo de cooperativas son responsables del grueso de la producción y donde se ha generado una estratificación interna en su estructura social", afirmó.
Generadora de empleos sin beneficios
Las cooperativas mineras son las más beneficiadas en la liberación de impuestos por parte del Estado, porque "cumplen un rol social" en la generación de empleos, a decir del gobierno nacional. Sin embargo, la mayoría de sus trabajadores no gozan de beneficios sociales ni derechos en salud y educación.
Según el investigador, el papel social que cumplen las cooperativas "es de desagüe de las empresas mineras con capital transnacional". "Las empresas mineras de gran inversión sólo generan el 1 por ciento de empleos en este sector productivo", indicó.
La informalidad en la conformación de las cooperativas, hace que la gran mayoría de sus trabajadores carezcan de derechos laborales. "Carecen de seguridad social y de las conquistas alcanzadas de hace 50 años. A título de que son 'socios', se olvidan que tienen derechos laborales, seguridad social o cobertura en salud", subrayó.
En 2006 había alrededor de 300 cooperativas mineras en todo el país y en 2011, con la apertura de nuevas unidades productivas, esta cantidad sube a 1.300. Los puestos de trabajo generados pasaron de 58.000 en 2006 a más de 100.000 en 2011.
Menor tributación, mayor poder
El sector cooperativo minero ha ido adquiriendo mayor poder a través de los años y despojándose del pago de impuestos. Actualmente sólo grava por concepto de regalías.
"Las cooperativas mineras están exentas del pago del Impuesto a las Utilidades de las Empresas por ese supuesto carácter social; también están exentas del pago de la alícuota adicional del Impuesto a las Utilidades; el único impuesto que ellos pagan, después de la anulación del IVA, que se hizo el año pasado, es la regalía minera", subrayó el investigador.
El 2011, el valor de la producción de las cooperativas mineras sumó 1.409 millones de dólares, es decir el 38 por ciento de la producción total, y sólo aportaron al Estado 43 millones de dólares.
La acumulación de riqueza le ha permitido tener una cuota de poder en el actual gobierno. "Cuenta con representación en la Asamblea Legislativa y un Viceministro en Minería", apuntó.
La Paz, 12 junio 2012 – L.F.C./