El proceso de cambio del MAS reniega de sus mentores

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El vicepresidente criticó a cuatro Organizaciones No Gubernamentales primero, y después amenazó a todas con expulsarlas si hacen política. Sus representantes aseguran que siguen sus principios y que quien cambió fue el Gobierno

Mónica Salvatierra

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Eran otros tiempos. Cuando Evo Morales era el nuevo inquilino del Palacio Quemado convocó a varios representantes de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que habían contribuido a su formación como líder cocalero y después nacional. Al invitarlos a pasar, se dirigió a uno y después a todos y les dijo: “Por culpa de ustedes estoy aquí”.

En aquel momento, sus invitados se sintieron halagados. El primer mandatario indígena los responsabilizaba de haber llegado a la Presidencia de Bolivia y así lo recuerda Leonardo Tamburini, que estuvo en aquel encuentro. También eran otros tiempos cuando el vicepresidente presidía el directorio del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis).

Ahora todo ha cambiado. Ha sido Álvaro García Linera quien ha sentenciado: “Si encontramos a otra ONG extranjera, otra institución extranjera u otro gobierno extranjero que financia actividad político-partidaria en Bolivia, por supuesto que vamos a tomar las medidas que correspondan a nivel diplomático si es a nivel de Gobierno, y si es institución, expulsarla”.

El Programa Nina (fuego en aimara) tiene 25 años de vigencia en Bolivia y su razón de ser ahora y entonces ha sido la formación de nuevos dirigentes, para consolidar su liderazgo y capacidad de propuesta en el proceso de refundación del país, según se explica en su página en internet.

Antes de 2006, el director de esta ONG era el ahora canciller David Choquehuanca y muchos de los actuales líderes del Gobierno y de los movimientos sociales que son afines al MAS fueron sus beneficiarios.

El Cejis era dirigido por el actual ministro de Gobierno, Carlos Romero, mientras que Álvaro García Linera presidía el directorio. 

En sus filas de intelectuales estuvieron la actual diputada Susana Rivero y la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño. En esta ONG trabajó Leonardo Tamburini y él recuerda que apoyaron legalmente y defendieron los derechos humanos de cocaleros en Chapare y de dirigentes sindicales en la Guerra del Agua. 

El punto de inflexión

Las ONG y el Instrumento Político que después se consolidó como partido con la personería jurídica del Movimiento Al Socialismo (MAS) tienen una larga historia; sin embargo, si los primeros contribuyeron a que los segundos lleguen al poder, estos actores rompieron la relación.

El momento de inflexión se produjo entre 2010 y 2011, cuando se realizaron las marchas indígenas por la defensa del Tipnis. Como consecuencia de este hecho, el Gobierno llegó a expulsar a la ONG Ibis, acusándola de dividir a los movimientos sociales y de influir sobre ellos condicionando el financiamiento.

 çIbis Dinamarca tenía 30 años patrocinando a organizaciones en el país. Su representante llegó a Bolivia en enero de 2014 para pedir disculpas, pero nada frenó la determinación.

El 19 de marzo de 2013 fue promulgada la ley de otorgación de personalidades jurídicas 351. En ella se dispone que el Ministerio de Autonomías otorga y también puede revocar las personerías jurídicas. El titular de esa cartera, Hugo Siles, explicó que las causas pueden ser: 

el incumplimiento de estatutos, transferir o comercializar la personería jurídica, por necesidad o interés declarado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, por sentencia ejecutoriada de algún miembro del directorio o por ir en contra de las políticas del Estado.

¿Qué significa esto? El Ministro puso como ejemplo que si la autonomía indígena es constitucional y hay una ONG que genere una actitud contraria, estaría yendo en contra de las normas.

La directora de la Unión Nacional de Instituciones para la Acción Social (Unitas), Susana Eróstegui, denunció que la ley ha sido demandada como inconstitucional porque atenta contra el derecho de libre asociación al alinear a todas las ONG en el plan de desarrollo nacional.

El Defensor del Pueblo planteó el recurso y ya fue respaldado por el relator de las Naciones Unidas sobre la libertad de asociación y reuniones pacíficas. Ella denuncia que no es solo la ley, sino una serie de procedimientos burocráticos y fallas administrativas que complican los trámites de ratificación de personería jurídica en el Poder Ejecutivo nacional.

El vicepresidente dijo que “controlarán” a las ONG y el Ministro dijo que no hay una investigación abierta, porque no existe el pedido y tampoco una denuncia formal contra alguna de estas organizaciones.

No obstante, Siles admitió que, en base a las declaraciones del ‘vice’ contra cuatro ONG (Cedla, Fundación Milenio, Fundación Tierra y Cedib) se ha comenzado un proceso de revisión de sus documentos para verificar que están sin problemas.

Ante la advertencia, Eróstegui asegura que las ONG no necesitan mayor fiscalización porque ya cumplen con todos los requisitos establecidos por ley: presentan sus estatutos, también informan sobre sus acciones, dan a conocer las planillas y el cumplimiento de los derechos laborales, etc.

En cambio, opina que el Gobierno tendría que ser más amplio y aceptar las opiniones divergentes ante los problemas del país, de manera que haya debate y se enriquezcan las alternativas de solución.

En su criterio, detrás de la amenaza hay la intención de asfixiar a las ONG nacionales a las que les cuesta cada vez más obtener financiamiento para sus proyectos, también considera que, después de las advertencias lanzadas por las autoridades, se produce una sensación de temor y de autocensura en las ONG.

Los cambios

El vicepresidente cree que las ONG son menos necesarias en Bolivia porque el Estado es fuerte y puede cumplir las tareas sociales.

En cambio Eróstegui, de Unitas, y Tamburini, exdirector del Cejis, consideran que las ONG se mantuvieron coherentes con sus principios, los que coincidían con los postulados del proceso de cambio en 2006: Estado Plurinacional y defensa de la Madre Tierra. 

Tamburini cree que fue el Gobierno el que giró hacia la centro-derecha y buscó otras alianzas. Eróstegui coincide en que el Gobierno da señales de querer acallar cualquier voz crítica a través de la estigmatización de las ONG.