Manifiesto: A los trabajadores urbanos y rurales, campesinos, indígenas y pueblo

• ¡Anulación de todos los procesos legales a obreros, campesinos, indígenas, y universitarios por luchar!

• ¡Libertad a Elmer Lizarazu! ¡Defensa del cato de coca y contra los procesos a los dirigentes disidentes del MAS en Shinaota!

• ¡Abrogación del decreto Supremo 2348! ¡Defensa de la plena independencia sindical!

• ¡No a la carretera por el Tipnis!

• ¡Abrogación de la ley minera proimperialista!

• ¡No a los transgénicos! ¡No al agronegocio transnacional!

• ¡No a la entrega de los parques nacionales a las petroleras! ¡Nacionalización de Hidrocarburos para el pueblo boliviano! ¡Nacionalización minería controlada por los trabajadores terminando con el saqueo minero! ¡Fuera transnacionales de Bolivia!

• ¡Viva la lucha de los estudiantes de la UMSS! ¡Defensa de las universidades públicas gratuitas y de calidad, con mayoría estudiantil, que sirvan al pueblo y no a una rosca de profesores privilegiados y al gobierno como ahora!

• Exigimos inmediato Congreso Orgánico de la COB, Confederaciones y Federaciones obreras y campesinas, que elija nuevos dirigentes que respondan a las bases.

• Congreso de la COB que ponga nuevamente en pie al Partido de los Trabajadores, que convoque a los dirigentes campesinos de Shinaota, a la CONAMAQ y a otros que han enfrentado valientemente al gobierno, a hacer un auténtico instrumento político con el programa de Huanuni del PT.

En los últimos meses, ante la crisis mundial capitalista, que golpea a Latinoamérica en la forma de caída de precios de sus exportaciones, el gobierno de Evo Morales, lejos de una política nacional independiente y soberana, ha profundizado sus acuerdos con las transnacionales y los grandes capitalistas preservándoles sus ganancias, con la excusa de “atraer inversiones”. Entre estas medidas destacan: 1) La ley minera promulgada el año pasado que entrega la mayor parte del territorio nacional a las grandes empresas mineras transnacionales favoreciendo incluso su asociación con las grandes “cooperativas” empresariales que desconocen los derechos laborales. 2) El perdonazo al desmonte de bosques y la llamada “ampliación de la frontera agrícola” en beneficio de los grandes terratenientes agroindustriales, la mayor parte extranjeros, y en perjuicio de las riquezas naturales amazónicas y sin mejorar la producción campesina. 3) El declarado interés del gobierno del gobierno en ampliar al maíz y trigo el uso de transgénicos que ya se utilizan la soya. 4) El Decreto Supremo 2366 del 20 de mayo de 2015 el Ejecutivo autorizó a las petroleras a desarrollar actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas del país. 5) La reciente afirmación presidencial de que nuevamente intentarán realizar la carretera por el Tipnis, entre sus objetivos está abrir el parque Isiboro Sécure a la explotación petrolera, además de facilitar el transporte de mercancías desde Brasil -Rondonia-Puerto Ustarez-Trinidad-San Ignacio de Moxos-Villa Tunari al Pacífico (Arica), de beneficio exclusivo para las transnacionales y cero beneficio para el pueblo boliviano. 6) Ataque a las condiciones de vida, trabajo y salarios de los mineros asalariados de COMIBOL en Huanuni y Colquiri.

Estas medidas muestran que el gobierno de Evo Morales ha traicionado las promesas al pueblo y el mandato de las insurrecciones populares del 2000 y 2003 que era nacionalizar expulsando a las transnacionales, industrializar al país y la revolución agraria dando tierra y tecnología al campesino.

La magnitud del saqueo de Bolivia, profundizado bajo el gobierno de Evo Morales. Un serio estudio de CEDLA calcula que, sólo en hidrocarburos, las transnacionales se llevaron 11.000 millones de dólares en los 10 últimos años de gobierno. Si le sumamos minería, adonde las regalías e impuestos son mucho más bajos y hay escaso control de lo que se exporta en realidad, y la agroindustria que paga casi cero de impuestos con subsidio estatal al diésel que usan, el saqueo podría llegar a sumar unos 30.000 millones de dólares que son los que podrían haber servido para industrializar a Bolivia y dar una mejor situación a la mayoría de su población.

Si bien hubo mejoras en ingresos de algunos sectores esto se basa en los altos precios de gas, minerales y algunos productos como la quinua, altos precios que ahora llegan a su fin, sin que haya cambios estructurales que puedan significar una mejora duradera para la mayoría del pueblo boliviano, ni trabajos dignos con estabilidad, ni agricultura sustentable sin pobreza campesina, mientras tanto un 70% de los trabajadores asalariados son marginados por la tercerización y flexibilización de sus condiciones laborales.

Recuperar nuestras organizaciones

El gobierno vino interviniendo, comprando o dividiendo a prácticamente todas las organizaciones obreras, campesinas, indígenas y populares. La COB nunca cayó tan bajo: hoy está ausente de los problemas de los trabajadores, no sólo perdió su independencia política, abandonó su programa socialista revolucionario, sino que no cumple siquiera con su más elemental deber de defender el salario y las condiciones de trabajo de sus afiliados. Se prorrogó el año pasado y ahora intenta volver a prorrogarse junto a todos los dirigentes sindicales, una vez más.

Centenares de procesos judiciales se iniciaron a quienes encabezaron luchas o huelgas, como Cancio Rojas de Conamaq, dirigentes de CIDOB, mineros de Huanuni, trabajadores de salud, los dirigentes sindicales de Shinaota, encarcelados, procesados y ahora amenazados con quitarles su cato de coca, fue reprimida la lucha de los universitarios de San Simón en Cochabamba. A la CONAMAQ (Consejo Ayllus y Markas del Kollasuyo) le quitó su sede con la policía, al igual que a la CIDOB.

Por si esto fuera poco, Evo Morales aprobó el Decreto Supremo 2348, 1° de mayo, según el cual toda nueva organización sindical debe tener la aprobación firmada del presidente del Estado, apuntando a impedir legalmente que los trabajadores podamos formar nuevas organizaciones que nos defiendan, ante la ausencia de las actuales.

Una parte muy importante del pueblo trabajador repudió electoralmente esta política con el voto castigo: casi 1.200.000 personas dejaron de votar por el MAS, que perdió incluso en la ciudad de El Alto.

Los trabajadores de la ciudad y el campo, los indígenas y el pueblo, sin nuestras organizaciones legítimas y verdaderas estamos como prisioneros sin manos ni pies para caminar ni defendernos. El gobierno nos quitó nuestras organizaciones sindicales y también destruyó toda legitimidad del Instrumento Político IPSP, que fundó el movimiento campesino indígena para terminar con los 500 años de explotación y saqueo. Pero este legítimo IPSP nunca llegó al poder, nunca tuvieron el poder las organizaciones campesinas indígenas legítimas, aunque el actual gobierno haya actuado en su nombre.

Tenemos en primer lugar que defendernos de estos ataques, para lo cual se dio un paso adelante en Shinaota con la formación del Concejo de Defensa de los Derechos Constitucionales de Bolivia-CONDECOB.

La segunda tarea fundamental es recuperar nuestras organizaciones, echar, cambiar o expulsar a los dirigentes vendidos, imponer Congresos Orgánicos democráticos con dirigentes leales y consecuentes que respondan a sus bases, en la COB, las Confederaciones, Federaciones y sindicatos.

Instrumento político

La tercera tarea es construir o refundar un verdadero instrumento político, o partido, que represente a las organizaciones legítimas, como fundamos el instrumento político en 1995, para terminar con 500 años de explotación y saqueo, como también fundamos con esa misma aspiración el Partido de los Trabajadores en el 2013. Hoy tenemos que unir esas experiencias, con las jóvenes generaciones, para construir un verdadero legítimo instrumento político que se base en las legítimas organizaciones.

El gobierno de Evo Morales, así como nos quitó a nuestras organizaciones sindicales, también desvirtuó totalmente el significado original del IPSP, que ya no depende de las organizaciones. También compró a los dirigentes de la COB (con millonarias sumas) para que nos impidieran construir el Partido de los Trabajadores, que fue resuelto por el XVI Congreso de la COB.

Una parte muy importante del pueblo trabajador repudió electoralmente en las recientes elecciones subnacionales esta política del gobierno con el voto castigo: casi 1.200.000 personas dejaron de votar por el MAS, que perdió incluso en El Alto. Pero no pudieron votar por una alternativa propia como hubiera sido posible de haber tenido personería electoral el Partido de los Trabajadores.

Un verdadero instrumento político o Partido de los trabajadores, para serlo no debe depender de ningún caudillo, ni tener ninguna subordinación a la derecha antigua o a la nueva derecha como lo es el gobierno, debe retomar la lucha por nuestros intereses, tanto inmediatos: salarios dignos, ley de trabajo para todos los trabajadores, fomento real a la producción campesina, no a la carretera por el Tipnis; como para cambiar Bolivia, como lo establece el programa de Huanuni del Partido de los Trabajadores: Por recuperar todas nuestras riquezas naturales, hidrocarburos y minería principalmente, y para eso expropiar y expulsar a las transnacionales, para usar las enormes riquezas que hoy se van de Bolivia, para nuestro pueblo, para industrializar crear industrias nacionales con trabajos dignos; por tierra para el campesino, y para eso terminar con el latifundio ahora agroindustrial, para hacer fructificar, por primera vez desde la colonización, la economía campesina, para que nuestros hijos e hijas, tengan futuro como trabajadores urbanos, como campesinos o como profesionales, en una Bolivia próspera.

Un verdadero instrumento político encabezado por nuestras organizaciones legítimas para luchar por imponer de verdad esos cambios revolucionarios, y para eso para que gobiernen nuestras propias organizaciones, con la decisión de sus bases, ya no pongos políticos de los caudillos y transnacionales. Nuestras propias organizaciones, como lo intentó Shinaota al elegir a su candidata a alcalde, como se votó en los Primero y Segundo Congreso del PT. Este método político, este gobierno de las organizaciones legítimas de los trabajadores de la ciudad y el campo, los indígenas y el pueblo, tiene que ser el que gobierne el país.

14 de julio 2015

Gualberto Arenas, secretario general del Partido de los Trabajadores; Ronald Arce Lera, secretario general COR de Riberalta; Luzmery Sevilla Vaquero, secretaria de organización fabriles de Riberalta; Herbat Valencia, dirigente Shinaota, CONDECOB; Zenon Escobar, ex candidato a alcalde por UNICO en Shinaota; Jesus Choque, fabril, Quillacollo; Eliseo Mamani, presidente junta vecinal D. 4 El Alto, ex ejecutivo maestros rurales La Paz; Rosmery Chavina, maestra rural La Paz; María Luisa Rojas, estudiante Derecho UPEA; Gonzalo Sanjinés Portugal,  ARPT, CONDECOB La Paz; Willy Arnez, comerciante, Cochabamba; Cristina Paucara, Roberto Ríos, Carlños Soto, Franz Caballero, Enver A. S.; Cochabamba, estudiantes de Derecho UMSS en lucha.

*Tomado de La Protesta 42.