La APDHLP contra la violación de derechos en el marco del proceso electoral

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Pronunciamiento

El 12 de octubre próximo, el pueblo boliviano acudirá a renovar a sus autoridades políticas en un proceso eleccionario que es publicitado desde instancias gubernamentales como el elemento central de la democracia.

Las elecciones generales tienen como supuesto, en la concepción del Estado de derecho, la absoluta libertad y soberanía de la población para elegir la mejor oferta programática para manejar los rumbos del país; otro supuesto es la igualdad de las personas a elegir y ser elegidas; y el respeto de candidatos y electores a las reglas del juego estipuladas por el Estado.

Si bien esos son los elementos publicitados por el Tribunal Supremo Electoral en este periodo previo al 12 de octubre, desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz vemos con preocupación algunas señales de poca transparencia que nos lleva a alertar que estamos asistiendo a un proceso que no asegura respeto a la soberanía del voto de las ciudadanas y los ciudadanos bolivianos. Señalamos a continuación algunas irregularidades fomentadas desde el Ejecutivo Nacional y el propio Tribunal Supremo Electoral:

1. Para empezar la candidatura de Evo Morales viola la Constitución Política del Estado que en una disposición transitoria establece que los “mandatos constitucionales anteriores a la vigencia de esta constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevo periodos de funciones”. El Tribunal Constitucional exoneró de cumplir ese requisito a Evo Morales y Álvaro García Linera, y ahora ambos van por un tercer periodo.

2. Resulta inaceptable el rechazo de los candidatos del oficialismo a participar de los Debates Públicos para que la ciudadanía conozca la propuesta por la cual definir su voto democrático, es decir, se hanegado a la población, el derechos a estar informado adecuadamente para luego emitir su voto. Esta señal de rechazo a la confrontación de ideas demuestra autoritarismo y soberbia por parte de dichos candidatos. Contrariamente se ha utilizado un supuesto “encuentro directo con el pueblo” para “dar instrucciones” a los dirigentes cooptados de las diferentes organizaciones sindicales y sociales, que claramente no representan al pueblo boliviano.

3. Un Tribunal Supremo Electoral carente de credibilidad, ante la serie de denuncias públicas contra algunos de sus miembros, por acoso laboral, tráfico de influencias, falsificación de facturas entre otros. Por otro lado, no sólo no se respetan las reglas de juego, sino que la institución encargada de arbitrar la contienda electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) carece de seriedad debido a su permanente parcialización con candidatos del oficialismo.

4. El TSE está violando los derechos políticos de los pueblos indígenas de Chuquisaca y Potosí al no reconocerles circunscripciones especiales. Todos los departamentos cuentan con estas circunscripciones especiales, excepto estos dos debido a la omisión del TSE en la elaboración de nuevos mapas electorales con el argumento de que desconocen los resultados oficiales del Censo Nacional de Vivienda 2012, emitidos por el Instituto Nacional de Estadística. Este hecho ha dejado sin representación a las naciones Qara Qara, Yampara y Guaraní que suman 600.000 personas.

5. Las condiciones de igualdad en la competencia electoral no existen. La población es testigo de la gran cantidad de recursos estatales que usa el gobierno en su campaña, incluso para buscar la “adhesión” (léase compra) de sus antiguos enemigos (clase dominante terrateniente) e incluso operadores y funcionarios. No es posible pregonar la igualdad cuando a todas luces un candidato tiene todo a favor porque usa de manera deliberada y descarada (a plena luz del día y a vista de todos) los recursos estatales, un ejemplo de ello es el uso de Bolivia Tv, canal estatal que está al servicio fundamentalmente del candidato oficialista, de esta manera el gobierno obliga a la población que no simpatiza con él a financiar su campaña política usando los recursos del Estado. Esta vieja práctica política no sólo no ha cambiado sino que en el presente se la hace con total soberbia.

6. En este proceso electoral se han impuesto condicionamientos y coacciones (desde la candidatura oficialista) que desnaturalizan toda promoción de libertad de conciencia a la hora de votar. Estos elementos de coacción se producen especialmente donde existen relaciones laborales con el partido en función de gobierno, en mayor medida en las dependencias estatales, departamentales y locales, por ejemplo, hemos visto desde el hecho de obligar a la compra de entradas para una cena hasta militares acarreando material de campaña del propio Palacio de Gobierno.

La coacción directa se evidencia contra las personas afiliadas a alguna organización gremial o sindicales; por ejemplo las confederaciones sindicales ligadas al gobierno exigen a través de resoluciones, hechas generalmente a espaldas de las bases, participar de las campañas políticas del MAS sin importar la libertad de creencia o simpatía de sus afiliados. Muchas sedes sindicales, un ejemplo triste es la casa del CONAMAQ, se han convertido en casas de campaña, vulnerando los principios sindicales de la independencia política que históricamente han defendido el pueblo boliviano; y esto se ha convertido en una más de las graves violaciones de derechos políticos con el anuncio público del castigo al voto disidente y/o cruzado. Las organizaciones afiliadas al MAS y algunos diputados han amenazado con flagelamiento, multas o trabajo forzoso, incluso con quitar tierras en el campo, a quienes voten contra el gobierno en una clarísima violación de los derechos políticos de las personas, mientras que los funcionarios del Poder Ejecutivo justifican dichas amenazas con el argumento de que se trata de la “democracia comunitaria”.

7.Otra forma sospechosa de manipulación del voto, aprobada por el TSE, es el “voto asistido” para personas con discapacidad y adultos mayores, que en el pasado ha servido para aplicar el voto consigna, históricamente a favor del viejo MNR. Ahora el gobierno promueve esta “asistencia” particularmente en el campo, dejando a esta población en la total indefensión ante personas violentas e intolerantes, contra aquellos que no piensan igual.

Por lo expuesto, para la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, las elecciones generales de este 2014 distan mucho de la publicidad estatal y gubernamental acerca del ejercicio democrático, la libertad del voto, y demás discursos. Ideales no se expresan en los hechos, porque al mismo tiempo y desde esos mismos espacios de poder se desconocen las normas y se chantajea y condiciona el voto ciudadano. Igual efecto tiene el hecho de subordinar el debate programático a un cálculo del marketing; el derecho de la población a conocer el programa de los candidatos y a interpelarlos.

El fraude electoral no es más el clásico cambio de papeletas electorales para favorecer a un candidato, también un proceso fraudulento implica un sin número de irregularidades y acciones antiéticas en el camino de renovar las autoridades estatales, por ejemplo, la compra de candidatos, el transfugio político, el sometimiento de los miembros del TSE, la complicidad del Ministerio Público para perseguir a un candidato sí pero a otro no, el uso de infraestructura y presupuesto estatal en la campaña de un candidato, la imposición de candidatos a golpes o a espaldas de las bases y las amenazas al pueblo para que voten por ese candidato, estas son también otras formas de fraude que estamos viendo en nuestro país.

Por este motivo, desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz convocamos y exigimos a las autoridades del TSE y de todos los aparatos estatales que se ajusten y cumplan las normas democráticas en el presente proceso electoral, porque su no cumplimiento distorsiona la voluntad de la población.

Además y principalmente, convocamos al pueblo boliviano a reflexionar sobre el ejercicio de sus derechos políticos en esta coyuntura electoral. Por otro lado, hacemos un llamado para denunciar la vulneración de sus derechos humanos, políticos y civiles; y especialmente los convocamos a tomar en sus manos el ejercicio pleno de su derecho a votar de forma libre y democrática.

La Paz, 2 de octubre de 2014.

Con firmas del Directorio de la APDHLP que dirige M. Amparo Carvajal Baños