Atentan contra la libertad de informar y de ser informado

secreto de fuente informativa

Autoridades de los órganos Ejecutivo y Judicial

Redacción de Aquí

El reciente miércoles 18 de junio se realizó la audiencia de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para tratar la recusación interpuesta por el periodista Ricardo Aguilar Agramont, contra el Jhonny E. Machicado Apaza, juez Onceavo de Instrucción Cautelar en lo Penal, por la parcialidad de éste a favor de las autoridades del Órgano Ejecutivo, quienes pretenden que se levante el secreto de la fuente informativa, con cuyos datos se elaboró el artículo: “De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los ‘actos unilaterales’”, publicado el 13 de abril, en el suplemento Animal Político del matutino La Razón de La Paz.

Presidenta y Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz

El 12 de junio se suspendió la primera audiencia porque, extrañamente, el cuaderno de control jurisdiccional no se encontraba en esa Sala (en la que debió estar), documentación indispensable para demostrar cómo el Juez Machicado trata de"conformar, dar la razón y agradar" a los gobernantes que achacan al periodista Aguilar Agramont de haber cometido los delitos de “espionaje” y “revelación de secretos de Estado”.

La abogada de la parte acusada, Sandra Almanza, expuso ante la presidenta de la Sala, Virginia J. Crespo Ibáñez y de un Vocal, cómo el juez Machicado con un simple memorial del procurador del Estado, Héctor Arce, y sin escuchar a la parte demandada, dispuso el levantamiento del secreto de imprenta y dio un plazo de tres días al periodista Ricardo Aguilar para que delate a su fuente informativa. Asimismo, rechazó la solicitud de incompetencia, ya que si hubiera cometido falta de imprenta, con la indicada publicación periodística, el caso debía ser trasladado a un Tribunal de Imprenta y no como quieren las autoridades gubernamentales que se ventile ante un juzgado penal.

Llama la atención, asimismo, la prontitud del Ministerio Público y de los jueces para atender las denuncias de los gobernantes. Veamos:

El Procurador General del Estado presenta la denuncia ante la Fiscalía el 23 de abril contra el periodista Ricardo Aguilar Agramont y Claudia Benavente, directora de La Razón, por la “presunta conducta de Espionaje y Revelación de Secretos, ésta última en grado de complicidad”; dos días después, el viernes 25 de abril, el fiscal Facundo Coronel Choque envía la denuncia al juez Machicado, con el pedido de “reserva total” del caso; el martes 29 el juez decreta “reserva total de la investigación”. Contrariamente, el órgano jurisdiccional lo hace lentamente cuando se trata de las solicitudes presentadas por la parte afectada con la denuncia: la demanda y las resoluciones del juez son conocidas por los periodistas el 8 de mayo, es decir, después de siete días hábiles; la recusación al Juez fue realizada el 3 de junio, y el 18 se realizó la audiencia.

Durante la Audiencia también llamó la atención la aparente displicente que mostró el vocal de la Sala, Juan Alberto Flores Huanca, el que mostró un supuesto desinterés en el caso, mientras con los pies llevaba un ritmo imaginario, actitud cuando menos inapropiada de un magistrado que deja dudas sobre la determinación que vaya a tomar en el caso de la recusación en trámite.

Tras la exposición, la Presidenta de la Sala determinó considerar la solicitud con los demás magistrados, resolución que sería conocida luego del 17 de julio, es decir, cuando acabe la vacación judicial, ya que ésta comienza el lunes 23 de este mes.

Consideramos que la ausencia de periodistas de otros medios es preocupante, porque el atropello gubernamental contra periodistas de La Razón no es sólo contra ellos, sino contra todos los trabajadores de la prensa, ya que vulnera derechos elementales del ejercicio periodístico, como es el secreto de fuente informativa; además, atenta contra los derechos de todos los ciudadanos, porque la libertad de expresión: el derecho a informar y a ser informado, también son desconocidos por las autoridades gubernamentales.

Si continúa ese proceso irregular, y en la jurisdicción penal contra el ejercicio periodístico, se corre el riesgo de que en lo sucesivo se doblegue al gremio mediante el miedo, la censura y la autocensura. Por ello es oportuno reproducir la posición del ex presidente Carlos Mesa, publicada en varios medios, después de conocerse la denuncia gubernamental: “El ejercicio de la libertad está depositado mejor que en ningún otro ámbito, en la certeza de que los medios de comunicación, diciendo, denunciando y fiscalizando al poder, son una muestra de la fortaleza y la solidez de nuestra libertad colectiva.”[1]