Claudia Angélica Villca Ugarte
(AquíCom/08-06-14)Los adultos mayores del departamento de La Paz se reunieron en un ampliado y determinaron demandar al gobierno central el incremento al bono de la Renta Dignidad.
Delfín Berdeja presidente de la Asociación Consejo de Adultos Mayores departamental informó que acordaron solicitar la modificación a la Ley de la Renta Dignidad N°3791, debido a que el monto actual de Bs250 al mes no es suficiente para la subsistencia de una persona que no cuenta con otro ingreso económico, además de que ya perdió su valor adquisitivo.
“Esta ley la hemos definido como totalmente discriminatoria por el hecho de que ese monto de 200 hasta el año pasado, ha disminuido en su valor adquisitivo en 250 por ciento porque no se le incrementa en relación a la inflación de cada año, mientras al salario del obrero le incrementan en el 200 por ciento desde el 2008, el de la Renta Dignidad ha disminuido, por ejemplo, una bolsa de azúcar valía antes 90 bolivianos, hoy día ésta en más de 200 bolivianos, esa es la relación en la cual ha bajado su poder adquisitivo la Renta Dignidad”, manifestó.
Añadió que el trabajador, además, recibió la gestión pasada doble aguinaldo y que “es injusto que el adulto mayor no reciba nada”, por lo que “no existe una política social de buena distribución de los recursos del Estado”.
“Nos hacen sentir mal al decir ‘damos a los que producen’, el Estado tiene que darse cuenta de que desde la antigua Constitución Política del Estado, y en la actual, su primera obligación es crear empleo para los bolivianos, el Estado apenas está abarcando al 15 y 20 por ciento del empleo en Bolivia, porque los demás estamos echados a nuestra suerte, tenemos que buscar nuestras actividades, no podemos cotizar para la renta de vejez porque no nos alcanza lo que ganamos”, enfatizó.
Según Berdeja, el sector propone que esa Renta sea incrementada hasta el valor de un salario mínimo nacional de Bs1.450 y que debe reajustarse cada año en función al índice de la inflación, además de contar con un aguinaldo. “Expresamos claramente que tiene que ser digna, ni eso alcanza pero por lo menos eso ya es algo que ayuda a tener seguridad económica al adulto mayor”, señaló.
Otra conclusión principal es la modificación de la Ley General del de Personas Adultas Mayores N°369, que también consideran discriminatoria porque “los principales actores no participan de forma adecuada”. Observan que en el Consejo de Coordinación, que crea la norma, “la participación del adulto mayor es nula”. Dicha instancia sólo sería de opinión, asesoramiento y no de decisión. “Es un ente que sólo coordina, es consultivo y propositivo, está a la cabeza de la Ministra de Justicia y de los responsables, tanto de la gobernación como de las alcaldías en todos los departamentos, y no hay participación del adulto mayor, eso nos hace sentir a nosotros como si fuéramos inútiles, que no podemos guiarnos, proyectarnos, que no podemos planificar nuestro desarrollo humano, eso estamos pidiendo que tenga que modificarse”, subrayó.
En cuanto al tema de control social, el sector determinó que existe una mínima participación de la población y que las instituciones públicas no cumplen la Constitución Política del Estado respecto a este tema, dijo Berdeja. “La sociedad civil organizada tiene que hacer el control social de toda la gestión pública, qué se hace con la plata, con los proyectos y sus resultados; cuál es la eficiencia de los ministerios de todas las instituciones”, sostuvo.
Añadió que estas y otras resoluciones del ampliado se harán llegar a las autoridades respectivas y al Presidente del Estado mediante cartas, aunque refirió que tienen poca confianza en que las demandas lleguen al primer mandatario, debido a que antes de ello son derivados a diferentes ministerios, los no las toman en cuenta.
De acuerdo a una estimación del INE: del 2011 se proyectaba que para el 2012 los adultos mayores de 60 años en adelante llegarían a un total de 1.100.000 en todo el país, pero resulta que sólo llegan a 905.014. Para Berdeja las políticas actuales de salud y alimentación no son adecuadas, por ello es que la población estaría muriendo.
Anticipó que para más adelante el sector prevé realizar medidas de presión para que las autoridades atiendan sus demandas.
“No tenemos seguridad económica ni alimentaria, entonces psicológicamente nos estamos muriendo, este es el problema, no tener para la movilidad, para el pan de cada día, no tener de repente para darle al nieto para un helado, eso crea una psicosis en las personas, las enferma y las mata, este es el tema que debe comprender el Estado. Nosotros vamos a marchar, vamos a salir, si vamos a morirnos haciendo huelga de hambre lo vamos a hacer, pero necesitamos que este año cambien las cosas”, exigió.