¿La vida no vale nada…?

Un lector de Aquí

Que un ministro de Estado instruya a la Policía Boliviana aplicar “la ley de fuga” a presuntos delincuentes que se resistan a ser detenidos, es retroceder a tiempos de las dictaduras, actitud autoritaria que evidencia abuso del poder que no debe tolerarse en un nuevo Estado plurinacional y democrático.

Se dice que el mayor bien deseado es la vida porque con ella se puede desarrollar todas las capacidades humanas, y entre ellas sentir y pensar (discernir), aunque algunos individuos con pensamiento totalitario pretendan coartar especialmente la última cualidad señalada que es particular de los seres humanos.

En estos últimos días tras la muerte del presidente Hugo Chávez se recuerda sus palabras sobre el incomparable valor de la vida, cuando pidió a poderes divinos le concedan la vida: "Dame tu corona Cristo, dámela, que yo sangro, dame tu cruz, cien cruces, pero dame vida, porque todavía me quedan cosas por hacer por este pueblo y por esta patria, no me lleves todavía, dame tu cruz, dame tus espinas, dame tu sable que yo estoy dispuesto a llevarlas, pero con vida, Cristo mi señor."[1]

La vida es el primer derecho de los seres humanos; no en vano la Constitución Política del Estado en su artículo 15, párrafo I, detalla los derechos fundamentales ciudadanos: “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte.”

Con semejante postulado, por el que hemos votado en enero del 2009 y al que se supone deben someterse los ciudadanos y, principalmente, las autoridades nacionales (sea cualquiera el nivel jerárquico que tengan), no hay justificativo ante una transgresión de lo señalado. Sin embargo, tenemos a la vista varios casos que dicen lo contrario, hagamos un recuento:

—Caso Olorio: Un ciudadano de ese apellido fue detenido y acusado de varios delitos por los organismos estatales, entre ellos un asalto al peaje de El Alto-La Paz, pero el inculpado tras ser detenido es torturado por sus captores en celdas policiales y es ejecutado extrajudicialmente, es decir, asesinado.

—Caso Caranavi: Ciudadanos de ese municipio exigían que los gobernantes instalen una planta procesadora de cítricos es esa localidad, de acuerdo a promesa electoral del MAS, pero dos manifestantes son acribillados y victimados (también ejecutados extrajudicialmente) por fuerzas represivas del Estado en el lugar (7 y 8/05/2010).

—Caso Yapacani: Ciudadanos de ese municipio que manifestaban contra su alcalde, denunciado por corrupción —cuyo único mérito, como dijo el diputado del MAS Franklin Garvizu, es ser de Orinoca y trompetista— son reprimidos por las fuerzas policiales y son victimados tres vecinos de esa localidad (12/01/2011).

—Caso Challapata: Pobladores de allí son señalados como contrabandistas de vehículos fueron reprimidos por fuerzas militares y muere (o matan) un joven (9/10/2012).

—Caso Chaparina: Afortunadamente sin muertos, la vejación (tortura, tratos crueles, inhumanos degradantes o humillantes) a la que fueron sometidos en Chaparina (Yucumo-Beni) indígenas de la VIII Marcha en defensa del TIPNIS en septiembre del 2011. Las autoridades gubernamentales reiteran que nunca dieron la orden para esa represión.

La represión gubernamental a los marchistas del TIPNIS en Chaparina, arremetió también contra hombres, mujeres y niños, lo que violó flagrantemente los parágrafos II y III de dicho artículo de la CPE: II. “Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad; III. “El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado.”

Las autoridades del Estado Plurinacional en lugar de prevenir, eliminar y sancionar la violencia, la generan. La violación a los derechos humanos, por organismos del “nuevo” Estado, son constantes y, lo peor, los autores materiales e intelectuales siguen impunes y gozan, hasta ahora, de protección oficial.

El desprecio por la vida empieza en las escuelas militares y policiales, y en los centros especializados de entrenamiento, lugares en los que debe formarse a uniformados que protejan a la ciudadanía, en lugar de atropellándores y represores, como sucedía en el viejo Estado. No es pues casual que un alto porcentaje de mujeres vejadas y hasta asesinadas sean esposas o compañeras de militares o policías; tampoco es casual que en una de esas escuelas de elite —en la Escuela de Cóndores en Sanandita que emula a las norteamericanas “antisubversión” en las que se inculca a los que se instruye allí que son soldados “nacidos para matar”— también sea la tumba de algunos estudiantes. Nos referimos a dos oficiales (de origen indígena) victimados durante entrenamientos: Sbtte. Beto Grover Poma Guanto (09/02/2011)[2] y al Tte. Ceooly Espinal Prieto (02/02/2013)[3].

El comportamiento anti derechos humanos de autoridades del Estado son recurrentes. Tras el asesinato de la periodista Hanalí Huaycho, cuyo presunto autor es su esposo, el teniente de policía Wálter Clavijo, el viceministro de Régimen Interior, suelto de cuerpo, señaló que tenía la hipótesis de que se había suicidado; luego dijo que podría haber desaparecido río abajo cuando cayó el vehículo al barranco. Luego, el Comandante General de la Policía, Cnl. Aracena, uno de los represores a los indígenas en Chaparina, avisó que a Clavijo se lo encontraría “vivo o muerto”, así como se sentenciaba a los fugitivos en el Lejano Oeste estadounidense, en reemplazo de una sentencia de muerte[4]. Esas declaraciones sobre la presunta muerte de Clavijo, más parecen una preocupación de que aparezca vivo y haga declaraciones comprometedoras, ya que ese policía fue parte del grupo de elite (la UTARC), responsable del operativo en el Hotel Las Américas, en el que perdieron la vida tres personas, señaladas como terroristas.

Lo cierto es que ninguno de los anteriores casos de violencia ha sido esclarecido, mientras la inseguridad ciudadana se ha incrementado, especialmente en Santa Cruz, donde también la actividad delictiva del narcotráfico ha aumentado.

Las ejecuciones, señaladas como “ajuste de cuentas”, han alarmado a la ciudadanía porque los supuestos autores, comúnmente llamados sicarios, no se amilanan ante nada. Según datos de la red Bolivisión (17/04/2013), en los primeros 17 días de abril hubo 10 asesinatos. En Oruro, de acuerdo a Erbol (18/04/2013), los hechos delictivos en estos primeros meses del año se han incrementado en 50% respecto del 2012, para el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELC) de Oruro, Cnl. Pastor Orellana.

Un último asesinato en las cercanías del Parque Urbano de Santa Cruz, filmado por cámaras de seguridad, video difundido por los canales de televisión y en que se ve que un supuesto sicario dispara contra un hombre que intenta escapar, provocó indignación y temor ciudadanos, así como una especie de “autorización” implícita de un ministro a vulnerar derechos fundamentales.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero Bonifaz, en una conferencia de prensa señaló lo siguiente: Quiero "pedir a la Policía que a este sicario en particular y a los sicarios que seguramente están caminando en Santa Cruz, se les aplique la ley de fuga, porque así como ellos tienen sangre fría para matar, quiero que nos (los) entreguen de manera inmediata vivo o muerto"[5]. Esa instrucción de la autoridad encargada de la seguridad interna nos transporta a tiempos dictatoriales, en los que las ejecuciones extralegales fueron frecuentes.

La ley de fuga fue un recurso utilizado por regímenes autoritarios para deshacerse de adversarios políticos y supuestos delincuentes, aunque éstos fueron utilizados, por los dictadores, en trabajos sucios. (Ley de fuga significa ajusticiar a un detenido desarmado, a quien le dan la orden de escapar, lo que a la opinión pública se presenta como “intento de fuga”, ane lo cual las fuerzas represivas no tuvieron otro recurso que disparar al fugitivo.

Esa forma ilegal de ejecución fue utilizada en España en el siglo XIX para acabar con el bandolerismo andaluz; luego fue hecha ley en España en 1921 y aprovechada por las fuerzas policiales y pistoleros de los sindicatos ligados a la patronal para deshacerse de sindicalistas de la anarquista Confederacion Nacional del Trabajo (CNT). Años después el régimen fascista de Francisco Franco, tras el triunfo sobre los republicanos en la Guerra Civil española, dio ley de fuga a los detenidos derrotados[6]. Igualmente las tropas nazis de Hitler, utilizaron este método de exterminio contra sus adversarios.

En Bolivia los casos más divulgados de la “ley de fuga” son los que ejecutaron fuerzas represivas de la dictadura militar de los generales René Barrientos y Alfredo Ovando contra el trabajador minero César Lora (militante trotkista), tras ser detenido (1966) cerca de Bella Vista-norte de Potosí; también la ejecutada por los militares contra los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Teoponte, entonces la orden del Gral. Alfredo Ovando fue: no queremos heridos, todos deben morir.

Durante el golpe de Banzer, el Cnl. Andrés Selich Chop en la toma, por las tropas del Regimiento Ranger, al edificio central de la Universidad René Gabriel Moreno en Santa Cruz, el viernes 19 de agosto de 1971, ordenó contra los “perros rojos” (así llamaba a los militantes de izquierda): “No quiero presos ni heridos, hay que cazarlos.” [7] En el poder, Banzer, luego de reprimir a los campesinos en Totala y Epizana, en una reunión con campesinos-indígenas en el Palacio de Gobierno señaló: “A ustedes hermanos campesinos voy a darles una consigna como líder. El primer agitador comunista que vaya al campo, yo les autorizo, me responzabilizo, pueden matarlo. Sino me lo traen aquí para que se entienda conmigo personalmente. Yo les daré una recompensa”[8]

Otro tanto se hizo en tiempos de la llamada democracia, desde 1985. Durante el gobierno de Paz Estenssoro se asesinó al familiar de un presunto guerrillero (Peralta); en el gobierno de Jaime Paz Zamora se ejecutó a tres miembros de la Comisión Néstor Paz Zamora (CNPZ), en el caso Lonsdale; a cocaleros en el régimen de Banzer; y luego durante la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada, en la masacre de febrero y de octubre del 2003, en La Paz y en el Alto, respectivamente.

Lo más lamentable es que esta práctica siga presente en el gobierno actual que se autodeclara democrático y popular. El desprecio del estado de derecho y de los derechos humanos viene desde el primer mandatario hasta dirigentes del MAS. No debemos olvidar la instrucción de Evo Morales. Citamos: “Por encima de lo jurídico, es lo político (…) cuando algún jurista me dice: Evo, te estás equivocando jurídicamente, eso que haces es ilegal, bueno, yo le meto por más que sea ilegal. Después les digo a los abogados: si es ilegal, legalicen ustedes, ¿para qué han estudiado?”; o cuando se refiere a la instrucción que se da en los cuarteles e institutos militares: “Hay que discutir con los representantes de los derechos humanos, porque no por el tema de los derechos humanos nuestros soldados no van a estar bien preparados físicamente (…), la preparación física es importante para nuestras Fuerzas Armadas, en algún momento yo exigía algún comandante, porque los soldados no están siendo preparados físicamente.”[9]

Estas instrucciones se replican entre sus seguidores: En noviembre del 2007 los “ponchos rojos” y el entonces Alcalde de Achacahi Eugenio Rojas no tuvieron ninguna vergüenza en mostrar cómo se ahorca a perros, con lo que se sugirió que similar destino les llegaría a los opositores a la Asamblea Constituyente[10] (Eugenio Rojas actualmente es senador del Estado); Rojas, como senador, afirmó que la tortura es válida para arrancar declaraciones a los detenidos en casos delictivos “especiales”;[11] asimismo, el gobernador de La Paz, César Cocarico, en mayo del 2012, instruyó a las bases del MAS que hay que colgar a los que se opongan a gobierno de Evo Morales y a la “cumbre de salud”.[12]

Con estos antecedentes, no es nada sorprendente que autoridades gubernamentales sugieran ejecutar la “ley de fuga”, una práctica ilegal en Bolivia y en otros países. Una forma de abuso del poder político, una forma encubierta de ejecución extrajudicial, la que ha sido condenada por las Naciones Unidas.

La organización Amnistía Internacional ha recomendado a los países aplicar un “Programa de 14 puntos para prevenir las ejecuciones extrajudiciales”[13], programa que para los gobernantes bolivianos parecen no existir. Para muestra copiamos sólo el punto 1 y 3:

“1. Condena oficial de las ejecuciones extrajudiciales: Las máximas autoridades de cada país deben mostrarse totalmente opuestas a las ejecuciones extrajudiciales y deben hacer comprender claramente a todos los agentes de la policía, las fuerzas armadas y otras fuerzas de seguridad que no tolerarán las ejecuciones extrajudiciales en ninguna circunstancia”.

“3. Restricción del uso de la fuerza: Los gobiernos deben asegurarse de que los agentes del orden hacen uso de la fuerza únicamente cuando sea estrictamente necesario, y sólo el mínimo que requieran las circunstancias. La fuerza letal no debe emplearse excepto cuando su uso resulte inevitable para proteger vidas”.

Las explicaciones posteriores a las declaraciones de las autoridades donde señalan que fueron mal interpretados, no son aceptadas por muchos ciudadanos, porque los hechos demuestran cómo actúan y cómo piensan los gobernantes. Por eso es necesario andar prevenido porque no es descartable que la “limpieza” de delincuentes que ha señalado el ministro Romero, que se hará inicialmente en Santa Cruz, se dirija hacia otros ciudadanos, no delincuentes, pero sí incómodos al régimen imperante.

Y no está demás reiterar que en Bolivia: “No existe la pena de muerte” como señala la CPE, norma que protege a todos los residentes y estantes en territorio boliviano, incluidos los acusados de delinquir, aunque éstos hayan cometido los delitos más atroces.