Sin historia ni leyes que valgan

Alejandro Almaraz* - Flechas yurakares

 Por fortuna, la movilización de la ciudadanía orureña ha resuelto el conflicto por el nombre de su aeropuerto, y lo ha hecho por los fueros del sentido común, la institucionalidad democrática y la historia nacional. Sin embargo, algunos argumentos con los que el derrotado oficialismo ha enfrentado la contienda merecen destacarse y recordarse por lo insólitos y, a la vez, profundamente significativos de la altura intelectual y ética desde la que se gobierna el país.

En relativo descargo para el oficialismo, cabe advertir que su intervención en la polémica soportó las grandes dificultades que supone defender lo indefendible dentro de los valores democráticos adoptados por el pueblo boliviano y gran parte de la sociedad a escala mundial y, peor aun, y por eso mismo, tener que hacerlo muy al estilo de Evo Morales: el de no dar la cara ni asumir responsabilidades sobre sus actos cuando motivan el rechazo popular. En esta última tónica se enmarcó el común de las declaraciones del oficialismo nacional, empezando por las del propio Morales; negar toda participación o responsabilidad en el conflicto e incluso abstenerse de cualquier valoración abstracta sobre la nominación del patrimonio público con el nombre del gobernante en ejercicio, porque la nominación no fue pedida por aquél; como si el nombre motivo del conflicto fuera el de Isidoro Cañones y no el suyo, y como si su silencio no otorgara y no constituyera una innegable aceptación tácita que lo hace tan autor de la vergonzosa nominación como a los propios asambleístas departamentales.

Pero dos voceros del oficialismo nacional han salido de esa lastimera parquedad y, en el empeño de justificar lo que a muchos de sus mismos compañeros los avergüenza, han alcanzado la notoriedad de lo insólito. Así, el viceministro César Navarro, en declaraciones televisivamente difundidas, afirmó que quienes promovían la movilización orureña defendían el nombre de alguien a quien “ni siquiera han conocido”. Sólo se puede hacer semejante afirmación bajo la más absoluta prescindencia de la historia como conocimiento de los acontecimientos pasados, con sus múltiples circunstancias y personajes, que tiene la fundamental importancia de constituir la memoria colectiva sobre cuya base las sociedades construyen su cultura e identidad y proyectan su destino. Como para Navarro no es posible conocer y valorar a alguien a través del conocimiento histórico, habrá que suponer que él conoció personalmente a todos los personajes de la historia que homenajea corrientemente. Seguramente, Bolívar y Sucre jugaban fulbito con él cuando pasaron por aquí, el Che debió ser su cuate del barrio, y Túpac Katari su compañero de colegio. Si no es ése el razonamiento de Navarro, sólo queda interpretar su afirmación como el grosero insulto a los orureños, entre quienes se cuentan a personas tan cultas e inteligentes como René Zabaleta o Eduardo Mitre, de atribuirles la ignorancia de su propia historia.

Por su parte, el diputado Lucio Marca, el mismo que ha pretendido darle al mal chiste de su jefe sobre los condones la categoría de una política pública, y ya se ha lanzado a proyectar leyes punitivas de fomento a la natalidad, ha afirmado, también ante los medios televisivos, que la ley de Germán Busch que prohíbe nominar el patrimonio público con el nombre de personas vivas, “no está vigente porque la nueva CPE la ha abrogado” al haber introducido “la democracia directa y participativa”. Es decir que para Marca, cada que una reforma constitucional proclama alguna novedad en el sistema de gobierno, todas las leyes, por el hecho de haberse aprobado con el anterior sistema de gobierno, quedan abrogadas y, consiguientemente, debe rehacerse la legislación en su totalidad.

Es grave que sea un legislador de la arrasadora bancada mayoritaria quien afirma semejante disparate, y es de esperar que no sea abogado; de serlo, habría que suponer que se tituló en alguna escuela de mecánica en Kampuchea.

Éste es el vívido retrato ético e intelectual del Gobierno que dice estar haciendo la “revolución democrática y cultural”: el del único Presidente en el mundo entero (tal vez comparta el honor con el de Corea del Norte) que acepta la nominación del patrimonio público con su nombre, aun al costo de generar el masivo y movilizado repudio ciudadano y el peligro de la confrontación física, y, tras él, altos personeros de Estado que, como Navarro y Marca, exponen argumentos de una calidad, como se ha visto, igualmente única en el mundo entero.

*Alejandro Almaraz es abogado. Fue viceministro de Tierras.