El Ripley nominativo

Alejandro Almaraz
En la edición del diario La Razón del último 3 de marzo, Reymi Ferreira, ex rector de la Universidad Gabriel René Moreno y destacada figura pública en Santa Cruz, publica un artículo titulado “De Ripley”, referido a la polémica nominación del aeropuerto de Oruro. singularísimo y, por decir lo menos, desconcertante razonamiento, digno de comentarse a modo de ilustrar los malabarísticos y sufridos argumentos de la adhesión política tardía.
Ferreira expone las varias y conocidas razones elementalmente éticas por las que, como está socialmente asumido en gran parte del mundo desde hace mucho tiempo, no se debe poner a los lugares ni a las edificaciones públicas el nombre de personas vivas, menos aún si son los gobernantes en ejercicio, mencionando, entre ellas, la necesidad de no fomentar el culto a la personalidad. Más aún, agrega una razón jurídica desconocida hasta ahora por la opinión pública, como sería la vigencia de un decreto supremo dictado por Germán Busch, que prohíbe ese tipo de nominaciones.
Por lo demás, considera un “autogol”, como resulta bastante evidente por su efecto político, la respectiva resolución tomada por la Asamblea Departamental de Oruro. Pero a continuación, para sorpresa de quienes confiábamos en el rigor de su razonamiento, dice que mal podría Evo Morales imponer su voluntad sobre una Asamblea Departamental para nombrar o quitar un nombre (su nombre), y “que lo haga podría interpretarse como un agravio”.
Es decir que, para Ferreira, la intervención del Presidente de un Estado constitucionalmente fundado en renovados principios desconcentradores del poder, para impedir que se use su nombre en la consumación de un acto antiético, impolítico e ilegal, de vergonzosa adulación, no es una insoslayable obligación ética política y jurídica, sino una acción inconveniente con la que se corre el riesgo de “agraviar” a los autores de la espectacular grosería.
Si de agravios se trata, es curioso que ni la delicada y celosa sensibilidad demostrada respecto a la imagen y las relaciones públicas del Presidente, ni el recuerdo de los extraordinarios méritos de Juan Mendoza hecho en su mismo artículo, le señalen a Ferreira el agravio a la memoria de este héroe orureño, obviamente recibido por el común de los orureños, que supone el repudiado cambio de nombre.
Tan evidente es la obligación de Morales de impedir el atropello en cuestión, que no hacerlo lo convierte en indiscutible autor del mismo y del consiguiente y verdadero agravio, el propinado al pueblo orureño.
Como lo he recordado en este mismo espacio, el elemental decoro de evitar estas vergonzosas nominaciones ya lo tuvieron muchos otros gobernantes de nuestra historia, incluso el general Barrientos, no obstante que él también hizo aeropuertos y carreteras, y no se proclamaba seguidor del Che.
Eso sí, sabía lo que Ferreira parece ignorar: a los llunk’us que siempre abundan alrededor de los jefes supremos, y que son los únicos autores de la adulonería nominativa, el jefe jamás podría agraviarlos con sus palabras o su voluntad, salvo, sólo y exclusivamente, que con ellas les quite o niegue el cargo público que tienen o que aspiran tener, única y verdadera razón de sus ilimitadas alabanzas e imposibles justificaciones del jefe.
A Ferreira le parece de “Ripley” “el carácter paradojal del sentimiento que abriga la protesta” de los orureños, a mí no. Ciertamente, tampoco lo es nominar una obra pública con el nombre del gobernante en ejercicio, en eso, en los últimos tiempos, está la destacada competencia de Sadán Hussein, Ki Il Sun, Idi Amín y alguno que otro tirano de igual catadura.
Lo que creo que es verdaderamente un caso de “Ripley”, único en el mundo y en la historia, como tanto le gusta proclamarse a este Gobierno, es que el gobernante auto-complacido con la bochornosa imposición de su nombre sobre el patrimonio público, la mantenga contra el repudio movilizado de la ciudadanía y, mucho más grave, promueva el enfrentamiento eventualmente violento al permitir, como lo está haciendo Evo Morales, que los sectores sindicales y políticos a los que subordina hagan una contra-movilización por la pretendida glorificación de su nombre.
Eso sí es todo un récord, en los anales de la medicina, de demencial y patológica megalomanía somatizada en el paquidérmico engrosamiento de la epidermis.
Alejandro Almaraz es abogado. Fue viceministro de Tierras.