¿Por qué los gobernantes reprimen a cocaleros de Yungas?

Editorial de Aquí 268

A cuatro meses de las elecciones de octubre, al menos resulta raro que los repostulantes, ilegales y anticonstitucionales, a la Presidencia y Vicepresidencia del país, por el MAS, en vez de parar la represión y las acciones violentas contra cocaleros de los Yungas paceños o las alientan o las toleran.

Más aún, voceros de los gobernantes, como si no entendieran las causas reales del conflicto en desarrollo de aquella región, culpan a opositores de estimular allí la violencia, sin una argumentación que sea sustentable.

Una conclusión inicial es que los gobernantes pretenden acobardar a los cocaleros yungueños, es decir, conseguir de a malas que aquéllos se sometan al orden del llamado proceso de cambios o que se neutralicen o que se inmovilicen en tiempos electorales y, que si fuera posible, voten por el binomio oficialista o que no voten por ninguno de los opositores.

Recordemos que dirigentes sindicales, que esperan ser candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional en las listas del MAS (incluidos ministerios y otros cargos), han llamado a suspender cualquier actividad sindical, aunque solamente sea reivindicativa, para emplear su tiempo y gastar recursos de los bolivianos en una campaña electoral que no convence del todo a los operadores de Evo-Álvaro.

Asimismo, aquella represión, que afecta a la mayoría de los pobladores del norte paceño tiene, creemos, otro propósito: alentar a los masistas y a sus amigos, en aquella región, en la que los oficialistas y sus “compinches” muestran falta de fervor electoral, como sucede en otros lugares del país.

Respecto de la represión a los narcos, desde el gobierno y desde el Estado, esa debe ser una acción que no tiene por qué detenerse; actividad ilegal que merece, además, la condena de la inmensa mayoría de los bolivianos y que no requiere de dispositivos especiales para una etapa electoral. Tan importante como eso es que productores de coca de Yungas sólo por intereses económicos protegerían a fabricantes de cocaína o a traficantes de esa droga ilegal, entre otras cosas, porque la coca de los Yungas paceños, tiene como destino el uso tradicional, después de lo cual el excedente sería para la cocaína, sobre lo que, reiteramos, la averiguación y la proscripción tienen que ser permanentes.

Se sabe, también, que las tierras del norte paceño se empobrecen debido a las plantaciones de coca o ésta ocupa más extensiones de tierra por lo que, se conoce, asimismo, que se sustituyen cítricos y otras plantas por coca.

Asimismo, es una verdad poco conocida que, de acuerdo a una investigación de la UMSA, hacia la Argentina se exportaba coca de Yungas, la que generaba 12 millones de dólares al año.

Aquí cabe subrayar que casi toda la coca que se acullica en el país, incluso en el Chapare, procede de los Yungas paceños.

Los yungueños tienen algo más en su favor, que viene de hace siglos: esa es la región tradicional de producción de coca y hasta los años 50-60 del siglo pasado era la zona en la que se producía casi toda la hoja verde —con algún aporte de Mandiola, ubicada sobre la vieja carretera Cochabamba-Santa Cruz—, la que sobre todo entonces, era un recurso natural que cumplía las funciones de ritual, medicamento y alimento.

El recuento del conflicto que lesiona intereses legítimos e ilegítimos de los yungueños se lo realizará, luego, en este espacio.

Sin embargo, la resistencia de los yungueños apenas empieza en este otro momento. Los gobernantes no estarán, pues, tranquilos, esa resistencia se la considera legal y legítima, incluso entre algunos chapareños, aunque la solidaridad de esos grupos es dudosa.

Ante lo dicho nos asalta una duda que es mejor decirla: la represión contra cocaleros yungueños de La Paz no deja de ser un ensayo cruel de los gobernantes, vale decir, de los que encabezados por Morales, consideran el uso de las armas antes que entregar el poder político, si ocurre una derrota electoral de Evo-Álvaro.

Evo Morales hace tiempo dijo que seguiría por un camino democrático-electoral hasta donde sea posible, luego la “revolución”, añadió.

Frente a esa eventual salida armada, que provocarían los actuales gobernantes, para reproducir y mantener, con hechos, el poder de Evo Morales, nosotros decimos que, una respuesta del pueblo al quiebre del estado de derecho, podría ser la rebelión, como se proclama en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.