editorial
El régimen de Juan Evo Morales Ayma, convertido en autoritario, tiene fuerza suficiente del Estado y del gobierno para imponer la repostulación anticonstitucional e ilegal del primer y segundo mandatario de Bolivia. Y la realidad, siempre más rica que la teoría, muestra que para tal repostulación no se necesita tener la razón: en el caso que comentamos se abre paso la sinrazón del Estado y la mentira gubernamental.
Vale recordar que cuando el presidente Morales, preguntó a los constituyentes qué se diría a los bolivianos para conseguir su habilitación como candidato a la reelección por segunda vez —porque el artículo 180 de la CPE dispone que sólo una vez están autorizados a repostular los primeros mandatarios— el actual Ministro de Justicia, sin ser constituyente, respondió: vamos a difundir argumentos políticos.
El 21F, hace tres años, la mayoría de los bolivianos le dijimos que se mantenga, sin cambio alguno, el mandato constitucional para que sólo repostulen, a la Presidencia y a la Vicepresidencia de Bolivia una vez y, también, a Evo-Álvaro se les dijo: NO pueden repostular.
Ante ese resultado adverso a la mayoría de los electores, como mal uso de la fuerza del Estado, por los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, éstos violaron la CPE, y mediante una resolución, habilitaron a Evo Morales y a Álvaro García como candidatos a la repostulación sin límite de tiempo. Con esa resolución, asimismo, violentaron el artículo 7 de la Ley Fundamental que manda que la soberanía del pueblo, en este caso, el NO del 21F es “inalienable e imprescriptible.”
Ante aquella realidad que se impone a la fuerza, aunque sin razón, plataformas ciudadanas —sobre todo de jóvenes—, comités cívicos, Conade, partidos políticos de oposición, han desplegado marchas (como las de anteayer en Bolivia y en otros países) vigilias, concentraciones, huelgas de hambre, algún paro, manifiestos, para impedir la repostulación de Evo-Álvaro. Luego esa alianza extendió su demanda: ahora exige el cambio de los integrantes del Tribunal Supremo Electoral, depuración de los registros de ciudadanos, veedores electorales internacionales, unidad de los partidos.
Esa conjunción social, creemos que por error, alegó y alega que no es política o político-partidaria, que no tiene candidatos a nada y no faltan los que añaden que no participarán en las elecciones de octubre de este año.
Además, parece que esas organizaciones que defienden los resultados del 21F, la democracia y los derechos humanos no midieron que para impedir la repostulación, tienen que derrotar al gobierno actual y al que se llama Estado Plurinacional, para lo que hay que contar con razón y con mucha fuerza.
Una integrante de esa junta ha dicho que aquélla no tiene dirección política, aunque cuenta con un pliego de peticiones, el que debió servir para que esas agrupaciones redacten un programa de gobierno.
Ese conglomerado, no está cohesionado para la acción, tampoco tiene apoyo para seguir por el camino citado, así como se nota allí la influencia de la derecha.
En ese movimiento gritan que no quieren que Bolivia sea otra Cuba u otra Venezuela. Ignoran esos activistas que, como dice Marx, los hechos una vez ocurren como tragedia y se repiten como comedia. En una verdadera revolución nosotros queremos que Bolivia sea una nueva Bolivia.
Los defensores del 21F —no son los únicos, hay muchos sueltos—, acumulan fuerza política y electoral. La pregunta es para quién o para quiénes.
Debemos tener claro, no obstante, que Evo Morales, usa, usará y mal usará la fuerza del Estado Plurinacional y del gobierno actual para repostular en octubre de este año y los defensores del 21F buscan resolver la contradicción: quién vence a quién.
Para que venza el pueblo se requiere una nueva unidad, organización, programa, fuerza, apoyo interno y externo.
Sin embargo, en las elecciones de octubre no habrá victoria socialista. Pero la mayoría de los bolivianos decide y decidirá votar en contra de Evo-Álvaro, candidatos anticonstitucionales e ilegales.
Afirmamos que en Bolivia, ahora, existe una convergencia que crece para que los empobrecidos voten por un candidato que derrote al oficialismo, porque éste es y será —si reproduce su poder— de los empresarios grandes (criollos y transnacionales), de los medianos propietarios (cocaleros, cooperativistas-empresarios mineros, colonizadores) y, a mucha distancia, de los que toma el nombre, de los empobrecidos, de los que realmente no defiende sus intereses legales y legítimos.