En Mallcu Q’ota se pelean intereses de empresa canadiense

Remberto Cárdenas Morales* - De sábado a sábado (203)
Testimonios entregados por marchistas de Mallku Q'ota a La Paz convencen de que de esa acción participaron, además de los indígenas y campesinos que plantearon que sea la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) la que explote las riquezas de esa región, también lo hicieron cooperativistas movilizados por los gobernantes para demandar que sean otros afiliados suyos los que extraigan esas riquezas, así como también caminaron (a pie menos y en vehículos mayores distancias) los que, "pagados" por los empresarios canadienses, siguen esperando que sea esa transnacional la que siga explorando y luego se beneficie con oro, plata, indio y galio, y pague lo menos posible en regalías e impuestos para la región productora y para el país.

Se sabe, asimismo, que el Presidente instruyó a su Ministro de Minería que, desde esa cartera gubernamental, ayude a la South American Silver (SAS) a que despliegue sus actividades sin limitaciones. Es decir, de hecho los gobernantes dieron su apoyo a la exploración que hacía la empresa canadiense dentro de las concesiones de la que sigue siendo titular porque el decreto supremo de reversión de esas concesiones al Estado boliviano no llega todavía, a pesar del reclamo de los comunarios que firmaron un acuerdo con Evo Morales para esa recuperación.
También está a la vista que los gobernantes, el Presidente en primer lugar, se juegan por los cooperativistas mineros, entre los que funciona una alianza cuyos beneficios económicos y políticos están cada vez más a la vista de los que ven y leen la realidad de manera atenta. Cooperativistas que suman entre 100 a 130 mil —un potencial electoral envidiable para cualquier político— entre los que, sin embargo, existen cada vez menos la cooperación mutua, la propiedad de todos los integrantes de una unidad productiva de ese tipo, el trabajo igualitario de sus integrantes; principios escritos en los papeles pero que sólo se practican por excepción. En lugares como Potosí, se estima que los nuevos ricos acumulan sus fortunas en esas cooperativas en las que rigen sobre todo relaciones de tipo capitalista (dependientes y atrasadas), es decir, de explotación y opresión. Muchos de los integrantes de esas unidades productivas, que siguen creciendo en Bolivia, son asalariados y quizá otro tanto son los que trabajan a destajo, por cuenta propia, a los que ganan según lo que producen cada día. En esta forma de producir campea, además, la inestabilidad en el trabajo y la variación de los ingresos. Sin embargo, los grupos predominantes entre los cooperativistas mineros (incluidos los auríferos del norte paceño) gozan de privilegios que concede el Presidente boliviano: créditos blandos, más y más parajes mineros, liberación de impuestos, así como palanca política para la nominación de ministros, asambleístas, otros funcionarios del gobierno y candidatos a otras instancias estatales y municipales.
Concretamente, respecto de los minerales de Mallku Q'ota vale mucho decir, además, que es vigorosa la tendencia que allí pretende explotar las riquezas señaladas. Allí se busca ampliar las operaciones de los cooperativistas mineros, en las que la producción de minerales es de tipo social (muchos extraen los minerales), pero la apropiación es de carácter individual, aunque las relaciones son de explotación y opresión, valga la reiteración para que se comprenda mejor que esa forma de producir, de tipo capitalista, es menos avanzada que la otra en la que la propiedad es del Estado y donde son asalariados los que extraen el material. Más avanzada sería, sin duda, una empresa de propiedad social, en la que los verdaderos dueños sean los trabajadores y la sociedad boliviana.
La nueva Constitución Política del Estado boliviano dispone un modelo de economía plural en la que las formas de propiedad son: comunitaria, estatal, privada, mixta y social cooperativa, pero la empresa de propiedad social que proponemos está a distancia de la social cooperativa actual en nuestro país. En la Ley Fundamental no hay nada que, por ejemplo, anuncie la posibilidad real del tránsito de aquellas formas de propiedad a la de tipo socialista. Sin un nuevo Estado de veras plurinacional (el actual, entre nosotros, tiene tal definición pero carece del contenido de una maquinaria estatal para la liberación), creemos, imposible contar con una forma de propiedad social. Empero, ese tema merece otras notas, en un espacio como éste.
La norma constitucional citada quizá sirve de apoyo para que el Presidente, por ejemplo en Colquiri, pretenda la coexistencia entre la forma estatal de producir minerales por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y las cooperativas mineras, a las que se les distribuyó, según convenio, los parajes para la extracción de esas riquezas. La salida de allí, de la empresa Sinchi Wayra, que deja deudas millonarias por impuestos, regalías y otros, podría ser un alivio para esos empresarios transnacionales que, según se conoce, estaban preparados para salir del centro minero paceño, pero antes de ese abandono obligado llevaron consigo toda la información respecto de sus actividades empresariales en Colquiri, de acuerdo a una denuncia publicada en medios de difusión bolivianos.
En Mallku Q'ota son, pues, los intereses privados, plurinacionales y transnacionales, los que disputan el derecho de explotación de esas riquezas, consideradas hasta este momento como especialmente cuantiosas. Para esos intereses egoístas no cuentan los verdaderos derechos de extracción de las regiones, del pueblo y de la patria.
Es cierto que se tramita, con alargues sospechosos, el decreto supremo que ordene la restitución, para el Estado boliviano, de las concesiones que todavía detenta la SAS. Se espera la materialización de esa reversión, pero todavía no se ha prohibido y dudamos que se prohíba que en Mallku Q'ota, además de Comibol, operen cooperativistas mineros, los que más bien son empresarios privados con un contingente de asalariados que es el que más crece en la economía minera del país.
La indemnización para la SAS, por las inversiones que tienen que calcularse y por los perjuicios posibles, está asegurada, como declaró algún funcionario gubernamental cuya puntería nunca les falla para proteger los intereses de los empresarios transnacionales.
La reversión de esas concesiones de la SAS para el Estado boliviano tampoco asegura la recuperación, por el actual gobierno, de las riquezas naturales explotadas por empresas transnacionales, por lo que advertimos que, por ahora, tendrían que estar tranquilos los propietarios de San Cristóbal, la más moderna de las industrias mineras, entre nosotros.
Tampoco debemos perder de vista que la reversión de las concesiones a la SAS y la probable coexistencia de cooperativas mineras en Mallku Q'ota, obedece a estimaciones electorales del Presidente que pretende su segunda reelección: son quizá 130.000 votos potenciales de los cooperativistas mineros (a los que se podrían sumar los de sus familiares), electores a los que los gobernantes tratarán se asegurar, para una tercera elección en favor del Presidente-candidato.
Para nosotros, las riquezas de Mallku Q'ota tendrían que servir para que en Bolivia vivamos mejor porque todavía no es posible vivir bien. Riquezas que jamás deberían ser utilizadas para "comprar" elecciones en el país, como se dice que hizo Peña Nieto en México.
La Paz, 14 de julio de 2012.
*Periodista