Gobernantes alientan disputas entre sectores populares para resolver conflictos

Remberto Cárdenas Morales* - De sábado a sábado (180)

Datos recogidos de la realidad actual nos convencen de que los gobernantes y el Presidente en particular estimulan, organizan, sugieren o consienten enfrentamientos entre sectores del pueblo como "método" o "técnica" para resolver conflictos o contradicciones de clases sociales y/o pueblos indígenas. Citamos ejemplos recientes para mostrar la afirmación precedente.

—Trabajadores mineros asalariados de la Empresa Minera Huanuni, con cooperativistas mineros, se disputaron parajes en el cerro Posokoni para explotar minerales de estaño en octubre de 2006. Los gobernantes sabían o debieron advertir que los asalariados de ese centro minero, como en otras ocasiones, defenderían la extracción de minerales en la heredad estatal. Así como era del conocimiento suyo que los cooperativistas, como sucede en este momento, entonces trataban de acrecentar sus pertenencias mineras (concedidas en usufructo pero no en propiedad y también tomadas de hecho) a costa de las reservas fiscales, preferentemente, porque aquéllas contienen ricos recursos naturales no renovables.

Ante esos hechos los gobernantes asumieron una actitud, para decir lo menos, negligente, desde la cúspide del poder, así como admiten que aquella disputa debía ser resuelta por los sectores sociales y económicos concernidos en el conflicto. Sabemos que a las 3 de la mañana del día del enfrentamiento luctuoso en Huanuni (6-X-06), el que en ese momento era ministro de Trabajo, Alex Gálvez, fue avisado de que ambos sectores laborales alistaban barricadas y los vecinos del centro minero temían un enfrentamiento, ante lo que deciden "dar parte" a las autoridades nacionales, vía el Ministro citado. La policía llegó después de los hechos sangrientos y luego de que el Vicepresidente anunció que mandarían ataúdes para enterrar a los muertos.

Hasta este momento el gobierno ni siquiera ordenó una investigación que establezca las causas, actores, ideas, propuestas, agentes económicos, accionar de partidos políticos, etc.

—Cuando pobladores de Caranavi sostenían un bloqueo del camino La Paz-Caranavi en demanda de la instalación de una planta de cítricos en aquella capital de provincia, el entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, difundió que allí operaba un movimiento político armado, que infiltrados mataron a dos estudiantes (M.F. Hernani y D. Calisaya), y que se corría el riesgo de que cooperativistas auríferos de la región desbloqueen y que se produzca un enfrentamiento entre grupos del pueblo. Este supuesto enfrentamiento sirvió como "argumento" para que se ordene la intervención de 700 policías, la mayoría de ellos ingresó a Caranavi a pesar de que ya se había desarticulado el bloqueo y no obstante de que esa ciudad intermedia está ubicada a tres kilómetros del lugar en el que se interrumpió el tránsito de vehículos por lo que allí ya no se necesitaban efectivos policiales.

Téngase en cuenta que en este caso el entonces Ministro de Gobierno recurrió a tres mentiras para sofocar el conflicto y, particularmente, el cuento de riesgo de un enfrentamiento entre sectores del pueblo los que, con certeza, siempre tienen más cosas en común, es decir, salvo excepciones es más fuerte lo que los une que lo que los separa a la gente del pueblo.

—Son pobladores empobrecidos los que discuten el derecho de propiedad sobre territorios situados en la frontera entre Oruro y Potosí. El origen de la discordia es una mala delimitación administrativa que se arrastra años y que en ese caso orureños y potosinos reivindican tierras aptas para el cultivo de quinua, pretenden más habitantes en cada territorio departamental para aumentar la cuota de dinero que les toca según la ley de Participación Popular del movimientismo y lo más importante: en el territorio que unos y otros reclaman se encuentra una importante reserva de piedra caliza, materia prima para la producción de cemento.

Las autoridades departamentales de Oruro y de Potosí, parcialmente, e involucradas en la demanda de porciones del territorio disputado, pertenecen al MAS o son los "invitados" del gobierno para ejercer alguna función pública. Quizá por esa circunstancia se encuentran a salvo, ahora, de que se les endilgue vínculos con la derecha o con alguna oposición así ésta no exista.

Frente a la batalla que libran orureños y potosinos los gobernantes, aunque de manera discontinua, los gobernantes alegan que ellos no pueden ser ni siquiera mediadores del conflicto o que la solución la deben buscar los contingentes departamentales señalados y que esa resolución no la tiene que encontrar el gobierno.

Otra vez, en ese caso, los gobernantes esperan que sectores populares encuentren una salida al diferendo. Y mientras más distantes se encuentren o estén en realidad los gobernantes respecto del lío tanto mejor para ellos.

—Durante la VIII marcha indígena que con su acción indoblegable y el extenso apoyo del pueblo boliviano consiguió la Ley 180 (ley corta o de protección al TIPNIS), el gobierno ensayó lo que en este último tiempo se muestra como el recurso que tienen a la mano los oficialistas como camino de arreglo de conflictos y/o enfrentamientos clasistas y de pueblos indígenas. Recordemos que a pesar del bloqueo de los colonizadores en Yucumo, para impedir el paso de los marchistas de los pueblos indígenas (2011), el gobierno propuso de manera abierta que esos bloqueadores debían dialogar y conciliar con los marchistas indígenas, el año pasado. Entre otras demandas, entonces, la principal de los autodenominados (ahora interculturales) fue que los caminantes acepten la construcción del camino de la discordia y por el medio del TIPNIS, así como demandaron de los indígenas que dejen de reclamar la consulta previa ante alguna obra que podría afectarle.

El Presidente y otros voceros oficiales y oficiosos del gobierno ahora proponen que los que consiguieron la protección del TIPNIS con la llamada ley corta y los que marcharon los últimos días para que se construya el camino de la discordia por el corazón de la reserva natural y territorio indígena, tienen que buscar un acuerdo mediante el diálogo.

—La confrontación entre vecinos de Yapacaní, por culpa de un alcalde que se negó a renunciar no obstante de que se sirvió del cargo público que ejerció y a pesar de su negligencia denunciada, se dejó crecer hasta los llamados enfrentamientos entre vecinos, los que costaron la vida de tres personas y de más de 50 heridos. No debemos olvidar, asimismo, que el alcalde de marras recibió refuerzo de pobladores de Bulo Bulo y del Chapare, el que sirvió poco, porque la razón y la fuerza fueron favorables a los yapacanenses que ejercieron su derecho a la participación de la lucha política para defender sus legítimos intereses colectivos y personales.

Ante el enfrentamiento en Yapacaní ministros del gobierno dijeron que la derecha llevaba la batuta en el conflicto. Todo con el ánimo de restar simpatía y apoyo a la causa popular en la próspera ciudad intermedia cruceña.

Aquellos son casos visibles que permiten constatar que los gobernantes y, en particular el Presidente, esperan que los enfrentamientos entre sectores del pueblo faciliten una salida a los conflictos la que, a la vez, muestre al gobierno, sobre todo al Presidente, limpio de polvo y paja.

La Paz, 28 de enero de 2012.

*Periodista