Mayoría del pueblo defiende el TIPNIS y tiene derecho a la rebelión

Remberto Cárdenas Morales* - De sábado a sábado (178)

Una nueva ley que disponga la consulta a los indígenas para construir el camino por el medio del TIPNIS, según un senador oficialista, podría ser la respuesta a los marchistas que se aproximan a la sede de gobierno y que demandan, principalmente, que aquella vía sea construida, como dijo una vez el Presidente "quieran o no quieran los indígenas".

También es público que los gobernantes y también los legisladores del MAS "estudian" otras salidas: Que se demande la inconstitucionalidad de la ley corta de protección al TIPNIS, que se la abrogue (anulación total) a esa norma sugerida y promulgada por el Presidente, que se apruebe una ley mayor (sin más datos sobre ella), que se la modifique especialmente en la parte referida a la intangibilidad de la reserva natural, y quizá otras variantes, pero todas tendrían como objetivo que el camino de la discordia se construya tal cual piensa el primer mandatario.

A manera de resumen conviene rememorar que ese camino interesa, sobre todo, a las empresas transnacionales que operan en Brasil, a los ganaderos del Beni, a los empresarios con hábitos depredadores de bosques, a los que tienen haciendas en la periferia beniana del TIPNIS (varios sin los documentos que respalden su derecho propietario) y, aunque se lo niegue, a los cocaleros que quieren plantar más hoja verde en esas tierras del territorio indígena y de los colonizadores (así como de los campesinos) que quieren más tierras, en propiedad personal, a costa de las reservas naturales como el TIPNIS y no como tendría que ser en este tiempo: a costa de los latifundistas cuyos predios no cumplen ni una función económica ni una función social, conforme dispone la Constitución Política.

Si alguien desde el gobierno (incluido el Presidente) se anima a decir que lo que se busca es el camino para promover el crecimiento económico y el desarrollo humano del territorio indígena y del país, sin más intereses que los de la patria y del pueblo, mienten sin sonrojarse, como lo hacen en todas las tribunas que se les presenta cuando parlotean sobre el TIPNIS.

Cabe recordar, asimismo, que en el gobierno había y hay dos tendencias respecto del desarrollo económico y social del país: unos que creen que se debe impulsar el desarrollo aunque se sacrifique la naturaleza y los otros que ese desarrollo se promueva con el menor sacrificio posible de la biodiversidad. Todo indica que los primeros son los que se imponen cada vez que hay necesidad de la protección de las reservas naturales y de los territorios indígenas.

Tampoco es despreciable la sospecha de que los gobernantes habrían recibido y/o podrían recibir comisiones por la obra que partiría en dos el TIPNIS. Esos indicios de corrupción (que merecen averiguarse) parecen evidenciarse en los vicios del convenio firmado entre el Estado plurinacional boliviano y la empresa constructora OAS (brasileña). Fallas del contrato que deben demostrarse en procesos judiciales, que es lo que se adelanta, aunque el comportamiento de los tribunales de justicia siembran dudas respecto de una necesaria resolución legal y justa.

Un dato esencial que no debe soslayar ningún análisis que busque ser ético es el referido a los alcances de la ley corta de protección del TIPNIS que citamos sumariamente: Ningún camino debe construirse por el corazón del TIPNIS, que la intangibilidad (cuya reglamentación no se recoge todavía en un decreto supremo, como señalan las normas y la práctica) no debe impedir que los dueños colectivos del territorio indígena utilicen las riquezas existentes allí: flora, fauna, biodiversidad. Uso sostenible que es lo que ocurre hace siglos en los territorios indígenas.

La utilización de esas riquezas de los territorios indígenas por los verdaderos dueños tampoco niega los riesgos que corren esas riquezas: como la actividad clandestina de organizaciones conservacionistas, las que en realidad son empresas transnacionales, que investigan en los parques y territorios en beneficio suyo y que incluso sustraen recursos genéticos de los que los verdaderos dueños a veces ni siquiera tenemos conocimiento.

Otra lectura de la intangibilidad del TIPNIS es la que hizo la actual presidenta del MAS de Cochabamba, ideóloga del proceso para funcionarios públicos como el ministro de Educación en funciones: La ley corta —dijo— dispone ahora la intangibilidad del TIPNIS, por tanto, tienen que salir de allí todos los hermanos porque intangibilidad quiere decir que el parque no se toca. Otros masistas dicen que la intangibilidad fue un error de los que sostuvieron la VIII marcha y que debe suprimirse porque al menos es un freno formal a la tala de árboles.

El Ministro de la Presidencia, ex asesor de indígenas y ex director del CEJIS (ONG), para el diario paceño Página Siete, confesó que el gobierno aceptó a "regañadientes" la ley de protección del TIPNIS. Y aunque no lo diga o lo niegue, para el Presidente esa norma sigue siendo una derrota de la que no consigue reponerse, en tanto que sigue siendo una victoria de los indígenas de las tierras bajas de Bolivia, del pueblo y, en particular, de los pobladores originarios de ese territorio.

Cualquier modificación parcial y, más aún, la anulación completa de la llamada ley de protección del TIPNIS será entendida como un intento de acabar con la principal conquista de la caminata indígena a la que se considera, aunque también se lo niegue desde el poder, de la mayoría del pueblo boliviano e incluso de otros pueblos latinoamericanos.

La respuesta ante cualquier alteración de la ley de protección del TIPNIS será respondida con otra marcha que protagonizaría la mayoría del pueblo boliviano en defensa de aquel parque natural y territorio indígena y, al mismo tiempo, en defensa de la democracia.

Una medida como ésa —la que todavía hay tiempo para evitar— podría cobrar perfiles de alzamiento popular-nacional, un derecho a la rebelión de los burlados por un gobernante que casi todos los días se presenta como el abanderado en la defensa de los intereses del pueblo y en particular de los indígenas, pero que simultáneamente hace lo contrario.

Derecho a la rebelión que incluso es reconocido en la introducción a la Declaración Universal de los Derechos Humanos que citamos:

"Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión".

Subrayamos que cuando los indígenas y posiblemente con mucha gente del pueblo ejercerán la política cuado marchen de nuevo. Acción que tendría que alegrarnos porque también por eso hemos luchado décadas.

Los únicos que tendrían que temblar cuando el pueblo (y los indígenas con él) ejerce la política son los que gobiernan en contra de los intereses legítimos de Bolivia y de los emobrecidos.

La Paz, 14 de enero de 2012.

*Periodista