Derrotemos a los que matan a la verdad

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Derrotemos a los que matan a la verdad

Remberto Cárdenas Morales*

La Constitución Política boliviana establece los derechos individuales y colectivos a informar, comunicar, opinar e interpretar. Estos derechos son de todos los bolivianos y de los que viven en Bolivia.

La Ley de Imprenta, del 19 de enero de 1925, es una norma especial que tiene un procedimiento para tramitar los procesos a periodistas por faltas que cometan en el ejercicio de la profesión y ante tribunales de imprenta, así como las convenciones, entre éstas la de los derechos humanos o Convenio de San José de Costa Rica (1969), que es ley de Bolivia (1979), constituyen la legalidad para el desempeño del periodismo y para el ejercicio del derecho a la palabra o libertad de pensamiento y de expresión.

Trabajadores de los medios de difusión, docentes universitarios, investigadores, fotoperiodistas (o reporteros gráficos), trabajadores de talleres de las impresoras de diarios, así también otros trabajadores de medios, como correctores, transcriptores, secretarias... directa e indirectamente participamos de reuniones diversas, en las que elaboramos la propuesta que se entregó a constituyentes, en Sucre, cuando se redactaba la Constitución Política del Estado vigente.

Delegados de aquellos trabajadores de medios de difusión y de otras instancias convergentes ayudamos a redactar aquella parte del texto constitucional referido a los derechos y a las obligaciones de los trabajadores de los medios de difusión y de los bolivianos y de los residentes en nuestro país.

Agregamos que desde el bloque gobernante y/o estatal, es frecuente que no se advierta que                                             periodistas y comunicadores buscamos informar verazmente, que es lo primero que debemos hacer. Éstos y los que vivimos en Bolivia, podemos y tendríamos que comunicar o facilitar la comunicación. Tenemos que opinar con responsabilidad, aunque también se opina irresponsablemente. Y ahora que la subinformación y la desinformación es por exceso de noticias, debemos interpretar o analizar, con ética, las noticias y los comentarios u opiniones.

Si acaso ejerciéramos y defendiéramos los cuatro derechos anotados, los periodistas y los comunicadores seríamos eficientes o mucho más eficientes en el ejercicio del “mejor oficio del mundo”, para decirlo con el verbo total con el que escribe Gabriel García Márquez.

Cabe decir, para un recordatorio pertinente, que el Papa Juan XXIII, en su carta pastoral: Paz en la Tierra, planteó el derecho a la información y con una metáfora resumió lo que según el Papa Bueno es la opinión. Dice que ante una idea, debemos anteponer otra, para que de ese contrapunto surja una nueva luz.

La comunicación es un hallazgo de una de las escuelas latinoamericanas y caribeñas, la que plantea que frente a un mensaje que provoca una respuesta y cuando ésta se materializa, se produce la retroalimentación y, por tanto, surge la comunicación.

Y hay interpretación cuando se explica, contextualiza, organiza y proyecta una noticia y/o un comentario.

Y para que los cuatro derechos individuales y colectivos, establecidos en la Constitución Política del Estado se realicen, la información debe ser verdadera, la comunicación tiene que ser horizontal, la opinión debe ser responsable y la interpretación tiene ser ética.

Sin embargo, en el andar del periodismo y de la comunicación debemos estar avisados de que, como dice un docente universitario alemán, en una guerra, lo primero que muere es la verdad.

A lo dicho por aquel académico alemán, agrego que cuando se agudiza la lucha de clases sociales en Bolivia, se mata a la verdad o se lo intenta.

El gobierno que encabeza Jeanine Áñez Chávez, aprobó un DS, el 4231, derogado por sus autores, ante la protesta de periodistas y comunicadores bolivianos, dueños de medios de difusión y ciudadanos diversos…

Esa norma se dictó para enfrentar y derrotar las mentiras que se escriben y que se propagan sobre la cuarentena para vencer al coronavirus, según los inquilinos del Palacio Quemado y de la Casa Grande del pueblo.

Mentiras escritas, dichas y difundidas, especialmente, en las redes sociales.

A propósito de las mentiras, no se debe olvidar que en este tiempo, como en otro tiempo, quizá ahora más, se difunden mentiras desde los gobiernos y desde los Estados, desde el gobierno y desde el Estado boliviano actual, por supuesto.

Áñez y sus ministros quizá hubieran evitado aquel DS y su derogación si recordaban o les informaban que la Convención de San José de Costa Rica, citada, dispone que nadie debe publicar noticias que lesionen la salud pública, una noticia referida a la pandemia que no podemos vencerla aún.

No faltan normas para sujetar a los mentirosos respecto de la campaña por la salud y la vida de los bolivianos, de la que participan casi todos los bolivianos con una unidad que los masistas no pueden quebrar, aunque lo intentan todos los días y en lugares distintos.

Espinal dejó dicho, con palabras de fuego, que callar es lo mismo que mentir.

Una pregunta inevitable es reclamar por qué se callaron las deficiencias de los pocos hospitales de Trinidad donde han muerto tres médicos que estuvieron en la primera línea de la gesta universal contra la pandemia.

Otra pregunta, también inevitable es: Por qué los masistas callan y ocultan que están cuando menos como autores intelectuales de las agresiones a médicos y trabajadores en salud que atienden a los infectados con coronavirus.

En medio de la campaña por la salud y la vida de los bolivianos, como una trinchera en la causa universal antipandemia, se plantea que para un mejor periodismo y una mejor comunicación informemos con veracidad, ayudemos a comunicar, opinemos con responsabilidad e interpretemos con ética.

Si avanzamos por ese cauce resistiremos y derrotaremos también a la censura, autocensura, medias verdades, manipulación y cualquier intento de matar a la verdad en tierras bolivianas.

*Periodista