¿Policías y fiscales destruyen pruebas sobre seis muertos en Alcaldía de El Alto? (V)

De sábado a sábado 368

Remberto Cárdenas Morales*

Jefes policiales, fiscales y/u otros operadores de la supuesta seguridad ciudadana, de acuerdo a la información conocida, hicieron desaparecer 4.773 imágenes filmadas y grabaciones registradas (videos) por el servicio de la Alcaldía alteña instalado específicamente para registrar ingresos, salidas, marchas, tomas, mítines que se realizan ante el edificio en el que funciona el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA). Esos videos fueron entregados por determinación de la alcaldesa Soledad Chapetón, el 18 de febrero al Ministerio Público, es decir, a los investigadores oficiales del caso. Éstos también habían requerido oficialmente esos documentos.

Sin embargo, la semana pasada investigadores de El Alto informaron a la alcaldesa de esa ciudad, Soledad Chapatón, de que en el Ministerio Público no podían recuperar los videos sobre ese caso. Ante ese informe, la autoridad municipal respondió:

"Ellos (los investigadores) no tienen expertos para recuperar imágenes. Nosotros como institución hemos ofrecido nuestros servicios para poder recuperar esas imágenes. Técnicamente esos videos no se pueden perder, son recuperables".

Los investigadores del Ministerio Público (fiscales), hace días, han informado oficialmente de que los videos no existen porque fueron borrados. Citamos la publicación del diario paceño Página Siete (22-04-16):

"Se procedió a la revisión exhaustiva del disco duro, evidenciándose 4.773 archivos que fueron eliminados. No se pudo  recabar o recuperar los mismos, toda vez que en el IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses) no posee herramientas adecuadas para recuperar archivos que no son tradicionales, referidos a los formatos de video”, informó el fiscal de La Paz, Edwin Blanco.

El fiscal general, Ramiro Guerrero, coincidió con su colega sobre ese asunto y ante la Comisión de Justicia Plural de los Diputados, como registra Página Siete del viernes 22 de este mes, dijo:

"El examen pericial de la central de imágenes que se denomina VDR (Video Disk Recorder) revela que no se pudieron recabar archivos de fecha 17 de febrero de 2016. Todos los videos fueron eliminados”. Ese funcionario agregó que esos videos fueron entregados el 19 de febrero y no es 18 de ese mes, como afirman las autoridades ediles alteñas. Además, señaló que la alcaldesa Chapetón tiene una copia de esos videos, lo que desmintió la abogada de la Alcaldía alteña.

Los jefes policiales de aquella ciudad han informado de que los equipos destinados al registro, particularmente de crímenes, enfocados hacia la Alcaldía de El Alto, debido a fallas técnicas que no fueron reparadas, fueron apagados 10 días antes de los hechos del 17 de febrero. En consecuencia, no tienen registros de la quema, de los seis muertos y de los 26 heridos, de y en el edificio en el que funciona la Alcaldía alteña. 

Los videos de los que escribimos fueron entregados, por las autoridades municipales alteñas, con imágenes y audio, según dijo la alcaldesa Chapetón, entre otros lugares, en su informe, también, en la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, por la que fue convocada para declarar sobre la quema del edificio de la Alcaldía de El Alto, respecto de los seis muertos, y de los 26 heridos y sus consecuencias.

Pocos medios han difundido la pérdida de esos videos, como si ese hecho, dentro de la investigación de aquel horrendo crimen, no tuviera importancia o si ésta fuera menor.

Para nosotros que hayan sido borrados esos videos es un grave incidente más que busca dificultar la investigación y/o encubrir a los autores reales. Veamos:

—El paso de partida en esa operación destinada a ocultar y asegurar la impunidad de sus autores lo dio el entonces viceministro de Seguridad Interior, Macelo Elío, el servidor público, entre otros, encargado de la seguridad de los ciudadanos y de las instituciones. Aquél, aprendiz de policía, lanzó la hipótesis que quema, muertos y heridos, fueron un “autoatentado”, es decir —nosotros interpretamos—, que los empleados municipales resolvieron autoeliminarse o las autoridades, la Alcaldesa en primer lugar, instruyeron y/o desencadenaron esa acción criminal. Esa cruel mentira pocos la creen porque basta tener en su lugar el sentido común para descreer esa hipótesis, que sí fue reproducida por el presidente Morales, con una irresponsabilidad que contradice su condición de Presidente de nuestro país. Sin embargo, parece que fue abandonada esa hipótesis, entre otras consideraciones, porque el que la hilvanó no ha sido citado por los fiscales para que informe y/o declare. De paso, creemos, que así se encubre a uno de los personajes de la trama oficialista.

—Lo que sugieren los fiscales (Blanco y Guerrero) es que las autoridades municipales alteñas: o entregaron videos vacíos, o que no eran tales, o que funcionarios de esa Alcaldía borraron los mismos. La alcaldesa Chapatón replicó que sólo a los delincuentes beneficiaría que desaparezcan imágenes y audio de esos videos. De nuestra parte decimos que aquellas autoridades municipales habrían borrado los videos para ocultar el “autoatentado”, pero nosotros no creemos en la hipótesis del autoatentado. Más aún: medios de difusión deben tener en sus archivos las imágenes y el audio que las audiencias bolivianas vimos y escuchamos. Hay otra posibilidad de contar con las imágenes y los audios borrados: una empresa vecina de la Alcaldía alteña habría registrado los hechos y los dichos del 17 de febrero de este año en las oficinas municipales.

 —El lado positivo de la investigación es que han sido citados a declarar 300 personas y más de 40 han sido imputadas lo que, asimismo, muestra que la búsqueda de información  llevará un tiempo más.

Desde esta columna otra vez manifestamos nuestra preocupación porque los investigadores, fiscales y policías, se empeñan —vista la realidad— en borrar indicios de pruebas y de pruebas: la desaparición de los videos es una señal inequívoca de lo que afirmamos.

Los fiscales, ahora, tienen un elemento más para ocultar: mantendrán que los videos que entregaron las autoridades municipales el 18 de febrero, al día siguiente de los hechos, fueron depositados vacíos. Con esa supuesta constatación, las sospechosas de haber borrado esos videos, según los fiscales, son las autoridades municipales y, especialmente, la Alcaldesa.

Los jefes policiales, suponemos nosotros, prefieren parecer negligentes por no haber mantenido en funcionamiento los equipos de filmación que tienen a su cargo. De acuerdo a la versión de ellos, esos aparatos fueron apagados 10 días antes del fatídico 17 de febrero (2016), por fallas técnicas. Las movilizaciones de los padres de familia alteños empezaron más o menos 10 días antes del 17F. Así encubren a los criminales.

En diversos lugares del mundo, en la región latinoamericana y caribeña, entre nosotros para no ir a ninguna parte, hay ejemplos demostrativos de que policías y fiscales hacen desaparecer pruebas de un supuesto o real crimen. Con similares propósitos las investigaciones se prolongan sin límite en el tiempo o la averiguación no aporta con un nuevo conocimiento respecto de la cuestión investigada.

En el caso que comentamos existe un elemento que complica la investigación en grado sumo: la hipótesis más creíble, entre la gente del pueblo alteño sobre todo, es que los autores intelectuales y materiales de la quema, muertos y heridos el 17 de febrero en la Alcaldía de El Alto, son masistas y promasistas, los que habrían contado con aliento de los gobernantes y con ayuda de los jefes policiales.

Los gobernantes tienen interés ilegítimo de no sólo desestabilizar al Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, buscan desacreditar a la alcaldesa Chapetón y acabar con el mandato de ésta. Esos propósitos han sido denunciados por la Alcaldesa y todos los indicios que se conocen señalan como autores intelectuales y materiales de ese accionar a oficialistas y a sus aliados.

La clave de la investigación, por tanto, es conseguir el conocimiento que descubra a los autores del horrendo crimen del 17 de febrero en la Alcaldía de El Alto.

La Paz, 27 de abril de 2016.

*Periodista