Para el oficialismo investigar es encubrir (II)

De sábado a sábado 365

Remberto Cárdenas Morales

Investigar para encubrir es el verbo y la acción del oficialismo cada vez que para los gobernantes se torna inevitable averiguar los crímenes cometidos los 10 últimos años.

El encubrimiento tiene como fin asegurar la impunidad de los miembros del entorno palaciego o súper llunk’us y/o para impedir que se descubra el menor indicio de que el presidente Morales tiene alguna culpa en los crímenes a investigar.

Los oficialistas tienen un mandato: al hermano Evo —dicen— es al único que hay que salvar, aunque tenga culpas, por supuesto.

El ejercicio del poder ayuda, asimismo, a transferir las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales, por ejemplo del despilfarro del dinero del ex Fondo Indígena, a los subalternos. En ese bullado caso los ejecutivos (segundones) son presuntos responsables de esos malos manejos, menos una de las principales, como la ex ministra Achacollo.

Para decirlo con el refrán conocido: Achacollo, con los miembros del Directorio del ex Fondo Indígena, fue la que rompió los platos, pero los deben pagar los que sólo ejecutaban la obra “desfalcadora” de aquel ex Fondo.

Veamos otros casos que demuestran que los oficialistas ordenan investigaciones para ocultar y nunca para descubrir un nuevo conocimiento respecto de crímenes, varios de los cuales por ser de lesa humanidad (que ofenden a la humanidad), no prescriben:

—33 camiones cargados con mercancías que transitaban ilegalmente, por un camino de Pando rumbo a Brasil, siguieron su camino con la protección del entonces y actual ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. La investigación de ese caso, una forma de tráfico de influencias, quedó trunca, no obstante de que se iniciaron procesos, incluido alguno de tipo criminal entre aquel Ministro y el que en ese tiempo ejercía la dirección del servicio aduanero. Hubo, asimismo, un intento de juicio contra un periodista en vez de un proceso de imprenta, según la Ley respectiva. 

—Los autores de tres muertos en La Calancha (Sucre), en el marco de la Asamblea Constituyente, siguen en las sombras porque ninguna investigación desveladora esclareció hasta este momento. Sin embargo, incluso se ha publicado un libro con apoyo político y económico de los gobernantes, pero se sabe que la indagación —para escribir el libro, si hubo alguna seria— ni tienen fuerza legal ni ayuda al esclarecimiento. En este caso los gobernantes tendrían que haberse empeñado de modo que muestren que no tienen culpa alguna en esas tres muertes. Sin embargo, reiteramos, un velo de sombras y nada de luz rodean al caso.

—Como resultado de la disputa del poder municipal en Yapacaní, población en la que predominan los migrantes de distintos lugares del país, entre grupos de oficialistas, murieron tres personas el 12 de enero de 2012. El entonces diputado Franklin Garvizú de esos lares, parlanchín como otros, aseguró que la investigación se realizaría para establecer responsabilidades, juzgar y castigar a los autores intelectuales y materiales del ese deceso de tres pobladores.

Hasta ahora no se conocen los resultados esperados de esa investigación: los expedientes de esos casos fueron encarpetados y los criminales esperan que “el olvido lo olvide” su accionar. (Cuando el gato defeca tapa con tierra sus heces).

—El despilfarro del dinero del ex Fondo Indígena o el malgasto de ese dinero de los bolivianos es un ejemplo que muestra la corrupción de dirigentes sindicales campesinos o de líderes de movimientos sociales (incluidos campesinos de base) que ejercen o creen que ejercen el poder, pero para robar, entre otras acciones, como las de movilizarse en apoyo del Jefazo. Para algunos de esos actores de esa política —contraria a los intereses del pueblo— el poder político, que los protege, es el que defienden en este momento cuando anuncian que realizarán concentraciones, marchas, bloqueos, huelgas de hambre y otras acciones para conseguir la “repostulación” del actual Presidente, a pesar de que éste, según la Constitución Política, no está habilitado para una cuarta candidatura al cargo que ocupa. Y cuando menos es dudoso que aquellos dirigentes, hombres y mujeres, busquen reproducir el poder político, que lo asume personalmente Juan Evo Morales Ayma, JEMA (y unos cuantos “ayucos”), para construir el socialismo comunitario, frase que se propaga, y se agrega que está en “el horizonte” y que se podría construir en 50 o 200 años, como dijo en una reunión, con dirigentes y exdirigentes sindicales bolivianos, el hermano del Vicepresidente, Raúl García Linera.

Pero si ponemos el acento en la investigación respecto del monto de dinero malgastado del ex Fondo Indígena, sus autores (directos e indirectos), destino real o beneficiarios individuales y/o colectivos, los resultados preliminares y a la vista son: investigación parcial de la Contraloría General de la Nación; averiguación y sobre todo encubrimiento de una interventora y de sus ayudantes que llevan meses en esa tarea, pero de acuerdo a exfuncionarios de ese Fondo, dejan de esclarecer asuntos importantes y, de acuerdo a esas personas —varias de las cuales están detenidas— documentos esenciales que dan cuenta del destino de ese dinero podrían ser extraviados.

La protección que conceden los inquilinos del Palacio Quemado llegan sobre todo a la exministra Nemesia Achacollo a la que en realidad nada le preguntan sobre sus labores como presidenta del Directorio del exFondo Indígena. Al revés: fue aplaudida por los masistas cuando la “interpelaron”, como una maniobra, y no para conseguir información sobre aquel desfalco; luego el Presidente afirmó que poco podía hacer “la compañera Achacollo” frente a un Directorio, se deduce, nada sumiso; el mismo JEMA dijo que el dinero malversado de ese exFondo sólo son dos millones de dólares; la actual ministra de Transparencia, Leny Valdivia, señaló que el Directorio del exFondo Indígena era ingobernable. Hasta este momento nada importante se aportó en una investigación de los oficialistas que, para nosotros, tiende a encubrir antes que a descubrir. 

—Las acciones de padres y madres de familia de El Alto, que demandaron refaccionar los locales escolares para la educación de sus hijos, fueron una demanda legítima aunque parcial, porque en esa petición no se pidió algo esencial: que los gobernantes aumenten el presupuesto para ese servicio que se define como la más alta función del Estado, así como se ignoró la necesidad de más profesores (ítems) para esa importante ciudad.

Esa demanda apuntó a que la alcaldesa Soledad Chapetón cumpla con sus obligaciones en plazo corto y perentorio. Incluso en ese petitorio, más implícita que explícitamente, se incorporó la solicitud para que dirigentes de los padres de familia sean favorecidos con dinero a cambio de la administración de obras escolares, como a manera de soborno entregaba el entonces alcalde Edgar Patana a esos grupos, cuyos miembros se consideran dirigentes.

Desde el bloque gubernamental, acerca del intento de toma del edificio municipal alteño por esos padres y madres movilizados, el fuego en esas puertas y la muerte de siete compatriotas (17-02-16), se ha dicho, entre otras cosas: que fue un autoatentado, según el exviceministro de Régimen Interior, Marcelo Elío, y el presidente Morales; que la que tiene que responder por los muertos es la alcaldesa Chapetón, al decir de líderes alteños; para el ahora senador del MAS y exsecretario Ejecutivo de la COB, Pedro Montes, Soledad Chapetón tiene que responder por los siete muertos: esa “carajito”, añadió, en ese lenguaje procaz, propio de políticos incapaces.

Desde el gobierno municipal de El Alto y, específicamente, la alcaldesa Chapetón, se respondió que los gobernantes actuales, en primer lugar Morales, buscan desestabilizar a la principal funcionaria edil de esa ciudad, y derrocarla, añadimos nosotros.

Ese gobierno municipal alteño ha iniciado procesos judiciales a varios presuntos culpables de los hechos resumidos en esta nota, pero la investigación en este caso, otra vez, no alcanza a otros probables autores y/o cómplices.

Nosotros advertimos que los gobernantes, sin plan o con éste, como en otros casos, tratan de ocultar en vez de esclarecer. La destitución del comandante de la Policía de El Alto, dicen entendidos, tiene como propósito evitar que aquél sea interrogado porque podría alegar que no debe ser procesado porque ya fue sancionado. Incluso el renunciante Elío, tampoco ha sido citado a declarar como uno de los actores de esos hechos, porque se tiene datos de que él participó de la marcha fatídica del 17 de febrero.

Cerramos esta nota con la afirmación de masistas: la Chapetón, dicen, trató de influir, con los muertos en la Alcaldía alteña, para que gane el NO en El Alto.

Nosotros lamentamos que a pesar de los siete muertos haya ganado el SÍ en esa ciudad, la única importante con esos resultados, aunque con menos votos de los esperados por los gobernantes. Éstos sin embargo, tratarán de olvidar que allí también han ganado, el 21F, con mucha plata, con mucho miedo y con mucho fraude.

La Paz, 26 de marzo de 2016.

*Periodista