Gobernantes refuerzan alianza de clases para el referéndum del 21 de febrero

De sábado a sábado 349

Remberto Cárdenas Morales*

A pesar de lo dicho por el vicepresidente García Linera respecto de la votación no o del rechazo a los proyectos de estatutos en los cinco referendos autonómicos[1], el presidente Morales incorporaría a su discurso elementos destinados a reconquistar a sectores despolitizados y desideologizados del pueblo; además, quizá materialice medidas de corte plurinacional y hasta de rescate del patrimonio nacional; asimismo, hacia fuera del país, trataría de continuar como el abanderado de un antiimperialismo inconcluso o meramente declarativo…, de acuerdo a nuestras apreciaciones.

Podríamos tener en el escenario interno e internacional, sólo en la forma, a un Juan Evo Morales Ayma (JEMA) del tiempo en el que encabezaba las luchas en defensa de la coca como recurso natural (medicamento, alimento y ritual); de los primeros años de gobernante, cuando decía que aprendía; de cuando sostenía que sentía orgullo de compartir la lucha antiimperialista de Fidel Castro Ruz. Sería un JEMA que trata de hacer creer, sobre todo, a los despistados…

Sin embargo, JEMA del último tiempo es el que amplió su pacto o alianza con la parte sustancial de los empresarios que han acumulado más riqueza que otros, como los de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y con los socios transnacionales de aquéllos, aunque sólo sea por extensión. Los capitalistas cruceños afianzan la fusión de sus capitales con sus colegas de otros países, especialmente vecinos, como brasileños, argentinos, chilenos, colombianos, peruanos, entre otros, así la economía capitalista cruceña se transnacionaliza más de lo que estaba. Esa alianza de clases, a imagen de la que sostuvo el MNR, entre JEMA y los patrones criollos, empezó con empresarios como Ric que para jurar como ministro de Obras Públicas dijo tener un patrimonio de 50 millones de dólares.

El actual presidente Morales amplía a diario su alianza con los cooperativistas-empresarios mineros, esos que explotan la mitad de los minerales de estaño de las colas y desmontes de Siglo XX-Catavi, y los que en su integridad fueron recuperados para los bolivianos, durante el gobierno del Gral. Juan José Torres. Recordemos que voceros de ese sector económico, más de una vez, han dicho que así como lo pusieron a JEMA en el Palacio Quemado, también lo pueden sacar de allí. Y esas palabras aunque sean simples amenazas a una persona adicta al poder, como el Presidente boliviano, al menos le deben recordar las medidas que debe tomar, aceleradamente, para asegurar la victoria en el referéndum del 21 de febrero de 2016, fecha propuesta y modificada por el Presidente del Senado, el que de ese modo hace las veces de presidente o de vocal del Tribunal Supremo Electoral lo que, pensamos, es una usurpación de funciones.

Hablamos del Presidente que tiene a los cocaleros como a sus escuderos de avanzada, junto con los otros colonizadores situados en el oriente boliviano, esos que declararon que tenían derecho a que se les conceda parcelas, en el TIPNIS, para sembrar. El Polígono Siete, que fue parte del TIPNIS, tal como está ahora, es un ejemplo de la depredación de la que son capaces cocaleros y los otros colonizadores. Allí, incluso los indígenas de Santísima Trinidad, luego de vivir en un territorio y utilizar frutos y fauna, han sido convertidos en semiproletarios, lo que para algunos intelectuales es una señal de avance económico, social y político.

Se trata del mandatario que fortalece sus vínculos con los propietarios del transporte y, por añadidura, con los contrabandistas de autos “chutos”, los que le ofrecieron ayuda para su última campaña electoral, según él informó a los que, además, llama “amigos chuteros” de los que hay representantes en la actual Asamblea Legislativa Plurinacional.

 Tal gobernante se las arregla para marchar del brazo derecho con los dueños de manufacturas (sobre de El Alto) y tomado del brazo izquierdo con los vendedores de ropa usada y de otros contrabandistas.

A esos inquilinos del Palacio Quemado les cae bien seguir juntos y revueltos con dirigentes de los gremiales, como Braulio Rocha de El Alto, comerciante que cobraba por el uso de puestos por los vendedores en los mercados, dinero del que sólo una parte entregaba a la Alcaldía de esa ciudad y la mayor parte se lo quedaba para él y sus socios.

Gobernantes que al menos coordinan acciones con dirigentes de juntas vecinales, de los que se duda que defiendan los intereses legales y legítimos de los vecinos, pero que son oportunos cuando tienen que participar de marchas para aplaudir al Jefazo: ellos están entre los que pretenden ampliar su base social para que voten en el referéndum del próximo año. Las movilizaciones de vecinos son pagadas por los oficialistas, por lo que a los participantes de esas acciones les resultan rentables.

Lo más probable es que se mantenga el llamado “voto duro masista”, constituido por votantes incondicionales con los que cuenta JEMA y que oscilan entre el 30 y el 40 por ciento del electorado del país. Quizá los gobernantes monten guardia para controlar la votación cautiva de empleados públicos y sus allegados, así como respecto de grupos de dirigentes de los denominados movimientos sociales y sus seguidores.

Los gobernantes saben que para ganar elecciones o el referéndum para aprobar (o no) la reforma a la Constitución Política que garantice la reelección de JEMA, recurren a tres componentes que resultan funestos para el pueblo: mucha plata, mucho miedo y mucho fraude. De éstos, tan sólo como ejemplos, citamos los siguientes:

Los inmerecidos premios en dinero los reciben, por ejemplo, dirigentes campesinos-indígenas-originarios para proyectos que no se ejecutan o directamente se les deposita dinero a sus cuentas bancarias personales: los ejemplos demostrativos son los de Melba Hurtado, presidenta del CIDOB oficialista, con más de Bs20 millones depositados en su cuenta privada y, para establecer la verdad sobre ese caso, no se conoce que se haya iniciado investigación alguna; el senador, Jorge Choque Salomé, con Bs6 millones en su cuenta, lo que no ha negado, pero aseguró que antes ya rindió cuentas; Richard Aliaga, dirigente de los colonizadores y el que dijo que los rompería a los marchistas que defendieron el TIPNIS, también recibió dinero en una cuenta personal, y sigue en ejercicio del cargo de dirigente de su sector socio-económico.

Los que ejercen el poder político y sus operadores —que se mueven en incontables lugares— consiguen intimidar sobre todo a los electores más sencillos. En las elecciones de Gobernador de Chuquisaca, por ejemplo, dijeron a los comunarios que si no votaban por el actual Gobernador no tendrían recursos, entregados por el gobierno central, para agua potable, para los animales y para riego, entre otros chantajes. Expresamente difundieron que los electores chuquisaqueños no debían votar por Damián Condori, el otro candidato a gobernador, porque éste se retiró del MAS. Condori informó entonces que su discrepancia principal con los gobernantes se debió a que él había denunciado malos manejos económicos, de los que deben responder dirigentes campesinos-indígenas-originarios, que debieron administrar proyectos productivos, entre otros.

Un fraude electoral de conocimiento público fue el que ejecutaron miembros del Tribunal Departamental Electoral de Chuquisaca, gracias al que Esteban Urquizu fue posesionado como gobernador, a costa de Damián Condori que, de acuerdo a datos proporcionados por encuestas a boca de urna, iba a ganar las elecciones. Además, aquellos “jueces” electorales invalidaron votos del candidato del FRI con el mismo propósito: favorecer al candidato masista a la gobernación chuquisaqueña.

En Beni, el Tribunal Departamental Electoral, cuando faltaban días para la consulta electoral, canceló la sigla del candidato opositor con mayores posibilidades de victoria, restó tiempo para sustituir sigla y candidatura a esa candidatura opositora y en el recuento de votos anuló una cantidad de éstos con similar fin: ayudar al candidato del MAS, trampas con la que el actual gobernador, Alex Ferrier, ejerce el cargo. Además, la victoria de ese funcionario fue resultado, también, de una acuerdo político-partidario entre el MAS y el MNR.

A propósito de acuerdos político-partidarios de los oficialistas con partidos o agrupaciones ciudadanas, JEMA tiene uno muy avanzado con miristas tarijeños, concretamente, con el actual alcalde Rodrigo Paz Pereira. 

JEMA busca ganar el referéndum que le dé vía libre para postular a la reelección: con sus electores cautivos, con mucho dinero, con mucho miedo y con mucho fraude.

El pueblo, con la nueva unidad que construye con dificultades, sin embargo, debe aportar para cerrarle el paso a un candidato, JEMA, que es de los empresarios grandes, criollos y transnacionales, de los medianos propietarios y de dirigentes de movimientos sociales muy bien pagados, aunque inmerecidamente. Además, confiamos en que la gente del pueblo, que está entre los electores cautivos del Presidente, aunque de a poco, dejará de votar por un caudillo falluto.

La Paz, 21 de septiembre de 2015.

*Periodista