Quienes malgastaron dinero del Fondo Indígena ¿tienen asegurada su impunidad?

De sábado a sábado 321

Remberto Cárdenas Morales*

Con la ligereza acostumbrada el presidente Morales, ante el malgasto del dinero desembolsado del Fondo Indígena, según informe de la Contraloría del Estado boliviano, afirmó que esa plata se la “panfleteó”, es decir, que fue distribuida por muchas manos y sin anotar nombres de los destinatarios.

La información difundida hasta este momento quizá sea insuficiente como para proponer conclusiones, pero la información conocida permite formarse una idea sobre la forma de administración de esos fondos. Felipa Huanca, en su informe sobre los gastos de uno de los proyectos que administró, dice que casi la mitad, el 46 por ciento, de ese dinero se utilizó para pagar pasajes y comida.

El Presidente, sin embargo, ha ratificado su confianza en Huanca de modo que ésta sigue como candidata, por el MAS, a gobernadora del departamento de La Paz. Ella ha dicho que se la discrimina porque viste pollera y porque es una mujer del pueblo. Y sobre todo los masistas, llunk’us y súper llunk’us, le creen. Muchos, no obstante, dudamos y hasta desconfiamos de alguien que negó, al comienzo, haber administrado los dos proyectos, cuyos recursos fueron desembolsados en su nombre.

Antes de la investigación, Juan Evo Morales Ayma, con aires del que sabe todo, dijo que van a caer dirigentes campesinos. Se supone que son dirigentes sindicales campesinos, colonizadores e indígenas (incluidos los funcionarios del Fondo Indígena) los que deben ser investigados. Así como debe ser investigada la Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, a pesar de que es presidenta del directorio del Fondo Indígena y de que ella autorizaba, con su firma, los desembolsos del dinero de los proyectos que allí se aprobaban; sin embargo, hasta este momento no es investigada, aunque los parlamentarios masistas la interpelarán, acción que podría servir para distraer.

Se debe investigar un asunto que ocasionó un inmenso daño económico al Estado, al pueblo y en particular a los pobladores del campo. Sin embargo, corremos otra vez el riesgo real de que en vez de que se descubra, se encubra el destino del dinero que salió del Fondo Indígena y se identifique a los responsables.

Circula el rumor de que los dirigentes campesinos (colonizadores e indígenas, incluidos) y gente del Fondo Indígena, en reuniones, decidían la aprobación de los proyectos y el desembolso del dinero. Gente del agro que tiene información sobre ese asunto importante, por medios de difusión ha dicho que los beneficiarios de esos proyectos son los que debieron administrar y fiscalizar la utilización de ese dinero.

Sobre la investigación, judicial y del Ministerio Público, los masistas y otros dirán que ya hay resultados:

Elvira Parra, detenida preventivamente en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes (La Paz), debe responder por los siguientes probables delitos: incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. En consecuencia, seguirá la investigación y el proceso como consecuencia posible de la investigación. Parra, se declaró fundadora del Fondo Indígena, y fue una de las principales ejecutivas del Fondo Indígena.

Marco Antonio Aramayo, que alegó antes y ahora que su administración de aquel Fondo fue honrada, por orden de la misma jueza cumplirá detención domiciliaria y debe pagar, en tres días, una fianza de Bs50.000; si no paga esta suma en ese plazo podría ser detenido preventivamente como Elvira Parra. Aramayo habría cometido los delitos que siguen: incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

La jueza Anticorrupción Primera de Instrucción, Cinthya Delgadillo, que dictó aquellas resoluciones, que afectan a Parra y Aramayo, quizá cumple sus funciones de manera independiente. Sin embargo, hasta este momento no se le ha pedido que convoque a otra u otras personas para informar y/o declarar sobre el asunto.

La ministra Achacollo ni siquiera ha sido requerida para informar ante autoridades judiciales y del Ministerio Público. Y en la medida que avance el proceso, en el período de prueba, ¿tampoco será convocada para que declare en calidad de testiga dentro de un asunto que por más que alegue desconocer tenemos derecho a suponer que sabe mucho.

Y los dirigentes campesinos, colonizadores e indígenas que fueron y son parte del directorio del Fondo Indígena ¿serán investigados para establecer las responsabilidades que tendrían en la administración del dinero del Fondo Indígena?

Los beneficiarios de los proyectos y los administradores de éstos, con seguridad que tienen mucho que decir y si callan —se podrían acoger al silencio dentro de un proceso criminal—, tal silencio sería sospechoso, por decir lo menos.

Es cierto que se debe presumir la inocencia de todos los que sean investigados y procesados mientras no se establezca su culpabilidad. Ese principio debemos defender para que se aplique, de manera invariable, contra oficialistas y opositores, para decir un ejemplo.

Sin embargo, en base a los indicios conocidos y a los que se podría encontrar en una real investigación, que nos animamos a decir que en este caso, del mal gasto del dinero del Fondo Indígena, tenemos fundada desconfianza de que se investigue, procese y sancione a los más favorecidos por el poder político.

Hace horas hemos conocido, por ejemplo, que más de dos millones de bolivianos debieron utilizarse para cultivar ajo, un condimento y alimento cotizado en el mercado nacional e internacional. Sin embargo, aquel dinero no se invirtió como se declaró en el proyecto que financió el Fondo Indígena.

Ojalá que la investigación, de la que hablamos en esta nota, sirva para “reconocer” lo averiguado hasta este momento y que sobre todo sirva para descubrir lo que permanece oculto sobre este caso.

Una pregunta necesaria es: ¿Cuánto del dinero del Fondo Indígena se malgastó? Otra pregunta es: ¿Algo o mucho de ese dinero se empleó en campañas electorales, reuniones del MAS, concentraciones y marchas, aportes a la caja grande que podría funcionar en el Palacio Quemado?

Consideramos que para dirigentes campesinos, colonizadores e indígenas, especialmente los que luego de sus fechorías se mantienen impunes, llegan a la conclusión de que el poder durante el proceso de cambios es beneficiarse, familiar y/o personalmente, con dinero del Fondo Indígena o de otra lugar, pero que al fin de cuentas se trata de un dinero de los bolivianos que no se lo debe mal utilizar.

En el Chapare, en el primer mandato del presidente Morales, varios productores de coca decían: ahora nos toca a nosotros. Esa confesión se puede entender como que en este tiempo les toca robar, a esos actores de la política, que es lo que han hecho en el Fondo Indígena.

Varios de esos nuevos ricos, porque robaron y/o roban, dentro del actual proceso de cambios, tienen asegurada su impunidad, en innumerables casos porque esa impunidad la compran con parte de la plata que roban.

La Paz, 7 de marzo de 2015.

*Periodista