Gobernantes buscan imponer autocensura de periodistas

De sábado a sábado (300)

Remberto Cárdenas Morales*

Dirigentes sindicales de los periodistas, en Sucre (22-01-07), decidieron apoyar los cambios del país, impulsados por el gobierno de Juan Evo Morales Ayma, durante su primer mandato, siempre que se realicen en un estado de derecho.

Con esa resolución se modificó esencialmente una línea de marcada desconfianza e incluso de oposición que establecieron, trabajadores de los medios de difusión, en un congreso realizado en Cochabamba (2006); ocasión en la que el entonces diputado Iván Canelas y a la vez presidente de honor de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap), sólo dispuso de cinco minutos para explicar los alcances de un proyecto de ley que reivindicaba, básicamente, la vigencia de la Ley de Imprenta de 1925 y contenía un artículo referido a la veracidad con la que deben informar los medios.

La resolución de los periodistas, asumida en la capital de Bolivia, le fue entregada al Presidente en su oficina de la plaza Murillo, en la única reunión del primer mandatario con miembros de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) y de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz (FSTPSC). Ese apoyo de los periodistas a los cambios y a los gobernantes nunca fue difundido por los medios estatales y/o gubernamentales.

Ese suceso de Sucre debió inaugurar algún diálogo entre gobernantes y dirigentes sindicales de los medios de difusión, lo que nunca ocurrió.

Al revés, asesores de prensa de los gobernantes en vez de un desempeño eficaz y eficiente de su oficio, junto con los responsables de comunicación de ministerios y otros de oficinas públicas, “descubrieron” que los medios de difusión (y por tanto los periodistas) eran los “nuevos” enemigos mortales y únicos de los inquilinos del Palacio Quemado porque, agregaban, la derecha había sido derrotada. En consecuencia decían, en voz baja, que había que aplastar a los medios de difusión, opositores de los gobernantes.

Hubo un período prolongado de insultos y acciones hostiles contra medios de difusión y contra periodistas, promovidos desde el bloque oficialista. He aquí algunos de ellos:

En Oruro, bajo la consigna de: “Prensa vendida”, dirigentes de los “sin casa” rompieron a golpes un diente de un fotoperiodista y le destruyeron una cámara fotográfica profesional de su propiedad; en La Paz, un “foragido” que decía ser masista (y quizá fue o es), agredió de palabra y de hecho a periodistas y a una reportera la amenazó con violarla; en ciudades del eje boliviano (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), con frecuencia, manifestantes de movimientos sociales, o quizá infiltrados en éstos, apedrearon instalaciones de televisoras.

Ninguno de los integrantes de organizaciones sindicales de los periodistas ni miembros de la CSTPB pudimos conversar, sobre ese comportamiento de los allegados a los gobernantes en contra de los mensajeros.

A pesar de esa distancia impuesta por los gobernantes, respecto de los sindicatos de los periodistas, éstos elaboraron una propuesta para que los constituyentes incorporen, a la nueva Ley Fundamental, derechos individuales y colectivos de todos los bolivianos a informar, comunicar, opinar e interpretar. Esa propuesta fue mejorada y compartida por organizaciones profesionales, académicas, de investigadores de los trabajadores de los medios, entre otras. Esa propuesta que, aunque con una redacción desprolija y poco precisa, fue incorporada a la actual Constitución Política del Estado.

Esos encuentros y desencuentros entre gobernantes y dirigentes sindicales de los periodistas fueron una característica de esas relaciones de entonces, lo que conviene subrayar para un balance que algún momento se realice.

Tres sucesos notorios, ocurridos durante el primer mandato de Morales y en el último, conviene referir en esta nota:

El Presidente pidió al director de un medio de difusión que diga quién fue el redactor de una noticia que relató que él sufrió un desmayo en el Palacio de Gobierno, debido al trabajo extenuante que emprendía desde las cinco de la mañana, se explicó en ese momento. Implícitamente, además, el primer mandatario reclamó que se le diga qué fuente palaciega informó sobre su desmayo, que fue negado airadamente por el presidente Morales. En esa ocasión los organismos sindicales defendieron el secreto de la fuente y se le dijo al primer mandatario que como esa noticia no llevó nombre del redactor, debía aceptar que el Director de ese medio asumía la responsabilidad de lo que se dijo en esa nota informativa.

Otro hecho significativo, de ese tiempo, fue la aprobación de un reglamento para el funcionamiento de las radios comunitarias; normas que cuando menos en parte fueron una copia de un documento similar vigente en Venezuela. En esa reglamentación se prohibía conceder espacio para la instalación de radioemisoras, solicitadas por curas y, entre otras cosas, se proscribía la propaganda electoral por esos medios. La respuesta de la CSTPB, ante ese reglamento, fue que en la comunidad debían “escucharse todas las voces”. Para nosotros, con esa reglamentación, los gobernantes pretendieron controlar la información, comunicación, opinión e interpretación propagadas desde esas radios comunitarias, pero nunca lograron algún resultado favorable previsto en esos planes.

En nuestra opinión otro intento de control de la información, etc., fue la implantación de aquel artículo de la Ley Antirracista que para nosotros, busca una forma implícita de la censura previa, reñida con la Constitución Política, a lo que nos referimos en: “De sábado a sábado” de la anterior semana.

A continuación resumimos los intentos de procesos o de procesos en curso en contra de periodistas referidos por el diputado Yacsik, a la Agencia de Informaciones Aquí Comunicación (AquíCom),  que también publicamos en el número previo a éste de Aquí. Leamos lo que para ese parlamentario son “linchamientos mediáticos”:

“Definitivamente hoy día se nota que los medios no quieren dar cobertura a otra gente que no sea el gobierno, y todo el aparataje de los medios estatales y paraestatales, como diría (el periodista Raúl) Peñaranda, están dispuestos para hacer y deshacer la imagen de la gente, porque no hay otra forma, quieren destrozar al rival a través de un sistema de comunicación fascista que se está empezando a implementar”, sostuvo.

“El diputado opositor reiteró que ‘el miedo está empezando a imperar, la autocensura en los medios de comunicación está cercenando definitivamente nuestras libertades democráticas, las libertades de expresión’”.

“Muestra de esta situación, acotó, son las acciones de amedrentamiento que implementa el gobierno contra los medios de comunicación y los periodistas. Recordemos que el año 2012, el entonces Ministro de Obras Públicas, Wálter Delgadillo, anunció un juicio penal contra radio Erbol por publicar una foto tomada a la pantalla de su teléfono celular, donde daba instrucciones a seguir, mediante mensajes de texto, en el conflicto del TIPNIS. El exministro Delgadillo adujo invasión a su privacidad. La posición del Ministro fue respaldada por la directora de La Razón, Claudia Benavente, en una nota editorial”, siguió.

“Luego… el juicio contra la Agencia de Noticias Fides (ANF),  el periódico El Diario y Página Siete, en el marco de la Ley contra el Racismo y Discriminación, por haber ‘incitado al odio regional’ al ‘tergiversar’ las palabras del presidente Evo Morales al referirse a la ‘flojera’ en el oriente del país.”

Yacsik continuó: “Posteriormente llegará el juicio al director de radio Pío XII de Oruro por ‘manchar la imagen’ del diputado Marcelo Elío (también periodista), en el conflicto por el cambio de nombre del aeropuerto de ese departamento. Y el más reciente, un proceso por espionaje contra un periodista y la directora de La Razón por haber ‘difundido’ información sobre la estrategia marítima en la demanda contra Chile.”

Lo nuevo en este proceso, para nosotros principalmente dirigido en contra del periodista Ricardo Aguilar Agramont, es que el juez que lo juzgaría por presunto espionaje y por la supuesta difusión de secretos de Estado, no quiere excusarse de modo que deje de atender el proceso criminal y dé paso a otro —uno de Partido en lo civil que convoque al Tribunal de Imprenta— según la Ley del mismo nombre. Ese comportamiento, creemos, sólo podría ser modificado si se ejerce presión, como sabían hacerlo los periodistas y comunicadores, y como esperamos lo sigan haciendo los trabajadores del diario La Razón.

Recordamos, también, que el actual Presidente interino de YPFB, inició un proceso criminal, por supuesta calumnia, contra el columnista Carlos Toranzo de Página Siete. Sin embargo, el juez ante el que se planteó la denuncia se excusó y, en cambio, transfirió el trámite por falta de imprenta, para que un Tribunal de Imprenta (jueces ciudadanos) juzguen al columnista.

El inventario inconcluso precedente muestra que, especialmente en el último tiempo, los gobernantes tratan de meter miedo a los periodistas para que éstos se autocensuren, lo que se sumaría a la censura, medias verdades, manipulación y mentiras que, la mayoría de los medios, todos los días, difunde en Bolivia.

La Paz, 31 de mayo de 2014.

*Periodista