Presidente: al ejercer la política respete los derechos de los ciudadanos

De sábado a sábado (263)

Remberto Cárdenas Morales*

El presidente Juan Evo Morales Ayma, en una conferencia de prensa en la semana que concluye, ha dicho que Brasil debe respetar los convenios internacionales y luchar contra la corrupción. En consecuencia, el gobierno de Dilma Rousseff, tiene que devolver al senador Roger Pinto a Bolivia para que sea juzgado aquí por corrupción, de acuerdo al reclamo presidencial.

Según el primer mandatario el momento en el que Pinto, con ayuda de diplomáticos y miliares brasileños, abandonó la Embajada de Brasil en La Paz perdió el asilo y que mientras viajó hacia Corumbá se puso en riesgo la vida del todavía Senador por Pando, porque hasta podría ocurrirle un accidente. El Canciller boliviano dijo que los brasileños que trasladaron al Senador pandino hacia la frontera Bolivia-Brasil, rumbo al exilio, violaron los convenios internacionales y que apoyados en la inmunidad diplomática incluso podrían transportar droga junto al Senador.

El Presidente, como en diversas ocasiones, en esa conferencia, ha dicho que ahora no hay persecución política en Bolivia, pero que se combatirá al narcotráfico y a la corrupción. Añadió que el Senador huidizo es un “delincuente”, “corrupto”, que le “robó” a los bolivianos. Y que la lucha contra la corrupción, aquí, es un mandato constitucional[1].

A propósito de la Constitución Política del Estado boliviano (CPE) hay que decir que los convenios internacionales (casi todos convertidos en leyes bolivianas) se aplican inmediatamente después de la Ley Fundamental.

Y cuando el presidente Morales reclama del Estado brasileño respeto a los convenios internacionales, él tiene que aplicar esos instrumentos jurídicos porque no le son optativos.

El derecho al asilo político, solicitado por el senador Pinto, fue escamoteado por los gobernantes porque éstos alegaron que aquel funcionario público debía enfrentar en Bolivia más de una decena de juicios, casi todos criminales, por lo que no le correspondía el asilo.

Pero el momento en el que Pinto ingresó a la Embajada del vecino país, esos procesos no habían pasado de la fase investigativa, aunque había alguna imputación formal. Incluso se archivó un pleito por “desacato” que se le seguía a Pinto, sólo porque el Tribunal Constitución Plurinacional declaró inconstitucionales esos procesos. Otros países retiraron de sus legislaciones los juicios por desacato y, en Bolivia, incluso delegados de la ONU recomendaron reiteradamente que se excluyan de nuestras normas ese tipo de proceso por desacato. Los juicios por desacato en algunos países (como fue en el nuestro) son todavía una herencia de las dictaduras miliares y fascistas de Nuestra América y de Bolivia.

La queja de Pinto y/o de sus abogados ha sido y es porque alegan que, en nuestro país, se vulneró el principio del proceso debido en perjuicio del Senador y que por eso los procesos en su contra son una forma concreta de la persecución política.

Nosotros dejamos constancia de que a Pinto se le debe seguir los procesos que merezca sin vulnerar normas bolivianos ni convenios internacionales, incluso para evitar que el Senador (que muestra tener alguna astucia política) use esas fallas procedimentales para defenderse. Más aún, si los gobernantes están empeñados en combatir el poder regional pandino, uno de cuyos representantes y/o beneficiarios es Pinto, tiene la vía libre, esa creemos es una de sus tareas. Sin embargo, en Pando el poder de grupos económicos conocidos sigue casi intacto, aunque el poder político de esos viejos líderes regionales haya mermado. Este tema merece más de un análisis, pero ahora sólo agregamos que los gobernantes parece que no han elegido el mejor camino para enfrentar a un todavía poderoso líder pandino que, además, tiene apoyo de la secta evangélica de la que es pastor.

Cuando el Presidente dice (en la conferencia de esta semana) que Pinto debe defenderse ante la justicia boliviana, para lo que el Estado brasileño debe retornarlo a La Paz, tendría que saber que, por más amiga suya que sea la presidenta Dilma, si aplica los convenios internacionales, no va a satisfacer a su colega boliviano. Además, la Presidenta de Brasil ha dicho que rechaza el traslado de Pinto hasta territorio de su país, pero que el asilo le fue concedido por el CONARE, un organismo que agrupa a delegados del gobierno, de iglesias, de la ONU, entre otros. Antes la mandataria dijo que Brasil protege a sus asilados políticos.

Un comportamiento frecuente del Presidente: todo lo que ahora le exige al Estado y al gobierno de Brasil busca que los bolivianos apoyemos aunque se trate de ladridos a la luna.

Un solo ejemplo: en la rueda de prensa citada, el Presidente dijo que presos comunes del Penal de Palmasola, con poder económico y que influyen en jueces y fiscales, “negocian la justicia”[2]. Agregamos algo que se ve cada vez mejor: la mayoría de los jueces y fiscales aplican la ley o dejan de aplicarla por instrucciones de los gobernantes, sobre todo si el procesado es un opositor político y/o sindical. Por ello, reiteramos lo que informamos en este espacio y en otros: un ex ministro de Juan Evo Morales Ayma instruida a miembros de su gabinete que busquen a un juez, que atendía un trámite que interesaba a los inquilinos del Palacio Quemado y que primero le pidan ayuda, que le ofrezcan recompensa en segundo término y si no aceptaba, ni lo primero ni lo segundo, que lo amenacen.

 El Presidente, con frecuencia, se apoya en su “viveza” sindicalista, en su “olfato político bárbaro” (intuición) para callar sobre un asunto que un político como él entiende muy bien: jueces y fiscales son los culpables de la retardación de justicia, los policías incumplen sus deberes, los grupos de poder se enfrentaron en el Penal de Palmasola. De esa realidad, según Morales, otros son los responsables, menos los gobernantes y mucho menos él. El Presidente simula no entender que jueces, fiscales y policías son el Estado, es decir, el Estado plurinacional o Estado integral. Para nosotros, los que tardan en administrar justicia y que reciben coimas para desempeñar mal su oficio, los policías que facilitan la comisión de diversos delitos en las prisiones, integran el Estado actual.

Afirmamos que si los gobernantes se apoyan en su experiencia tienen que instruir que se procese al Senador, en ausencia (rebeldía) si no vulneran ni un principio ni una norma. Pinto condenado en Bolivia, entonces sería posible tramitar su extradición para que aquí se defienda dentro de los procesos que se le sigue o para que purgue el o los delitos cometidos.

El Presidente ha dicho que Pinto es un delincuente, corrupto, que dañó económicamente al Estado boliviano. Con esos dichos Juan Evo Morales Ayma parece que tiene en cuenta la Ley 1.008 (antinarcóticos) que presume la culpabilidad del encausado por lo que éste, según esa norma, debe demostrar su inocencia. Aquello transcurre al revés de lo que manda la CPE: debe presumirse la inocencia de los enjuiciados hasta que se demuestre su culpabilidad.

Y el Presidente está para ejercer la política, pero tiene que respetar los derechos, legales y legítimos, de todos los bolivianos. Lo contrario es autoritario, camino a la dictadura antidemocrática y antipopular.

La Paz, 24 de agosto de 2013.

*Periodista