Sigue ofensiva política de gobernantes contra indígenas del TIPNIS

De sábado a sábado (257)

Remberto Cárdenas Morales*

Es normal que realicemos lecturas distintas de los mismos hechos y dichos en Bolivia. Y, específicamente, nos explicamos que entre los periodistas, que estamos en el campo del pueblo, unos veamos (y otros no) que existe represión política en Bolivia de los cambios o de la que se llama todavía revolución democrática y cultural, lo que para nosotros son reformas que corren el riesgo de agotarte o que ya se están acabando.

Además, todo estado en construcción, incluso el consolidado y con nuevas funciones, tiene que ejercer la hegemonía, entendida correctamente, como señalan otros revolucionarios de los que debemos aprender, que aquélla transcurre en una doble dimensión: es dirección respecto de los compañeros y, al mismo tiempo, es dominación de los enemigos, a los que se los debe someter con la “fuerza armada” si es necesario (Gramsci).

El Estado y el gobierno actuales —para nosotros no hay ni en construcción un Estado plurinacional— a los que deben dirigir dominan con la fuerza estatal y a los que tendrían que dominar son sus socios económicos ¿y creen que éstos no son patrones? Por eso, los inquilinos del Palacio Quemado otra vez, los últimos días, están a la ofensiva política contra los dirigentes indígenas que dirigieron la VIII y la IX marcha en defensa del TIPNIS.

Esa ofensiva política empieza cuando la mayoría de los dueños de la reserva natural y territorio indígena asumen la defensa de éstas, porque así luchan por la vida en la que también es Tierra Comunitaria de Origen (TCO) o casa grande, allí donde la propiedad es colectiva. Específicamente, allí los indígenas defienden una trilogía: territorio, autogobierno y vigencia del derecho consuetudinario, en esa propiedad comunitaria.

La ruptura entre los gobernantes y la mayoría de los indígenas del TIPNIS ocurre porque los primeros asumen la defensa resuelta de los intereses de los medianos propietarios (cocaleros y colonizadores, especialmente) y de los empresarios grandes (ganaderos y madereros), incluidos los transnacionales: los que transportarán sus mercancías entre Brasil y puertos del océano Pacífico, por el camino de la discordia, y los petroleros que se preparan para explorar y explotar hidrocarburos en esa TCO: incluidos Petrobras, en la que pisan fuerte los empresarios privados y, también, la empresa rusa que vendría a Bolivia con similares propósitos.

Cabe un apunte que presenta de cuerpo entero a los gobernantes actuales y sus mentiras casi cotidianas que difunden: el Presidente interino de YPFB dijo más de una vez que ni se buscaría ni se extraería la riqueza hidrocarburífera del TIPNIS; sin embargo, el Vicepresidente avisó que en los parques naturales y/o territorios indígenas se buscará y se extraerá esos recursos naturales no renovables: gas y petróleo. No obstante, el segundo mandatario calló sobre la consulta previa, informada y de buena fe que los gobernantes deben hacer a los dueños originarios, legales y legítimos, de esas reservas ecológicas, según la Constitución Política del Estado boliviano (CPE), el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (los dos últimos son, a la vez, leyes de Bolivia).

La simulación de los gobernantes (ocultan lo que instruyen realizar a sus operadores políticos) otra vez despliegan en el TIPNIS. Han tomado como pretexto los azotes a Gumercindo Pradel, por decisión de los dueños colectivos de ese territorio y de esa reserva, ante la constatación de que el dirigente cocalero del Polígono 7, invadió aquel lugar con el propósito declarado de suplantar a los dirigentes indígenas del lugar y, por tanto, dividir a éstos más de lo que ya están.

Pradel inició un juicio criminal contra los dirigentes indígenas para sacarse de encima lo que él considera una ofensa y, como consecuencia, tres de los procesados (Vargas, Chávez y Nuny) tienen orden de apresamiento porque inasistieron a una de las audiencias del juicio en su etapa de investigación.

Jueces y fiscales, quizá con algunas excepciones, aplican las leyes a pedido de los gobernantes o de sus operadores tipo Pradel. Y con la prontitud desacostumbrada aceleran la investigación y las medidas dentro de ese proceso contra los indígenas, como no lo hacen, por ejemplo, contra los autores materiales e intelectuales de la represión en Chaparina (2011) contra los protagonistas de la VIII marcha indígena en defensa de TIPNIS.

La investigación, en este último caso, está detenida y el “descubrimiento” de la actividad policial, que los gobernantes encargaron a la cabo Angélica Dayana Cáceres Ramírez, entre los dirigentes de la VIII marcha, tendría que servir para establecer, por ejemplo, que lo que gobernantes llamaron secuestro del ministro David Choquehuanca fue una maniobra sugerida y/o inducida por los jefes policiales, por mandato del presidente Morales, destinada a evitar que los miembros de la VIII marcha indígena lleguen a la sede de gobierno. (En otra nota volveremos sobre este tema para analizar el rol de los infiltrados en esa marcha porque hasta donde conocemos Angélica Dayana no fue la única, incluso se sabe que otros civiles desempeñaron una labor similar a la que realizó esa policía).

Hechos como los que buscamos analizar en esta nota nos convencen de que jueces y fiscales utilizan la justicia ordinaria para aplicar la política represiva de los gobernantes. La justicia ordinaria en Bolivia, y pese a que se dice que cambia, fortalece su acción represiva —simulando que aplican la CPE y las leyes— el momento en el que ayudan a los gobernantes a la represión, por ejemplo, a los indígenas del TIPNIS.

Esa represión contra dirigentes indígenas se ve patente cuando se ordena la detención, así sea para investigar, el resultado es la represión contra esos dirigentes, una de las formas de ejercicio del poder por los actuales gobernantes.

En base a lo dicho aquí, además, no es ninguna exageración afirmar que la lucha por la libertad política, para los dirigentes indígenas autorecluidos en su sede de Trinidad, es una nueva batalla que ya se sostiene; acción que requiere del apoyo del pueblo boliviano.

Los gobernantes, en el caso que nos ocupa, tiran la piedra y ocultan las dos manos. Ese es un comportamiento propio de simuladores y mentirosos.

En otros términos, jueces y fiscales, por mandato de gobernantes, con la venia y/o la orden del Presidente, en realidad quiebran el estado de derecho ante lo cual, a los afectados por falta de aplicación correcta de las normas, de la CPE en especial, les asiste el derecho a la rebelión, como se lee en la introducción a la Declaración Universa de los Derechos Humanos. Y no hay que olvidar que el pueblo ejerce sus derechos en contra de los déspotas.

 La Paz, 20 de julio de 2013.

*Periodista