Informe de la ONU sobre DD.HH. en Bolivia y silencio del diario Cambio

De sábado a sábado (240)

Remberto Cárdenas Morales*

“NNUU destaca avances de Bolivia/en derechos económicos y sociales (título). Informe 2012: Hace énfasis en las políticas sociales de protección a las personas vulnerables” (resumen), dice el diario gubernamental Cambio, estatal para el ex ministro de Comunicación, Iván Canelas. Sin embargo, aunque ese diario entrega una variación de esos titulares en la primera página, pero sin el despliegue de otras ocasiones.

Por su parte, el diario Página Siete de La Paz, de empresarios con experiencia en la edición de impresos y en medios audiovisuales, sobre ese tema, con el que abre su primera página del mismo jueves 21 de marzo, afirma:

“ONU afirma que red/de extorsión arriesga/credibilidad de justicia”(título de la noticia). Informe: El organismo internacional pide realizar una investigación exhaustiva para erradicar la práctica de la extorsión en las instituciones publicas. Expresa su preocupación por la corrupción en juzgados/. También aboga para que Bolivia siga en CIDH con el fin de preservar los DDHH” (resumen).

Ante contrapuntos como los expresados en esos dos diarios que se editan en la sede de gobierno, existen los que afirman que se trata de dos verdades porque ésta, supuestamente, no es ni puede ser única; apreciación que no la compartimos.

Para nosotros en este caso, sobre todo en sus titulares de esa fecha, los editores de Cambio o los funcionarios del Ministerio de Comunicación por su intermedio, dicen medias verdades que, sin embargo, el informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Bolivia 2012 y, más aún, un comunicado de prensa, creemos, facilitan la emisión de esos dos enfoques noticiosos. Un resultado es que Cambio destaca los avances de Bolivia en la atención de los derechos económicos, sociales y culturales; en tanto que Página Siete, en base a ese mismo informe, pone el acento en la red de extorsión que pone en riesgo la credibilidad de la justicia ordinaria.

Y ni siquiera se trata de una interpretación la de esos dos matutinos. Ambos entregan noticias elaboradas con datos de la misma fuente, pero cada uno de ellos recoge elementos (que están en el informe) y que sobre todo tienen en cuenta los intereses que defienden para decir lo uno y lo otro.

Sostenemos que en este caso, como en tantos otros, Cambio, difunde medias verdades, es decir, una parte de la verdad y mantiene silencio respecto de otras. Espinal, cuyo 33 aniversario de su inmolación recordamos estos días, dejó dicho que callar es lo mismo que mentir.

Para nosotros las medias verdades y el silencio de Cambio , aunque sea involuntariamente, son facilitados por la forma y el contenido del Informe de referencia y, en especial, por el comunicado de prensa de la ONU sobre los derechos humanos en nuestro país (2012) que se elabora gracias a un acuerdo firmado entre esa instancia internacional y el Estado boliviano.

Las diferencias entre el comunicado de prensa y el informe sobe derechos humanos en Bolivia de 2011, las observamos el año pasado. Entonces en ese informe expresamente se dice que aquí hay retardación de justicia, en tanto que en el comunicado de prensa se suaviza esa afirmación.

Este año es el informe de las NNUU sobre la misma materia el que omite hechos y, en consecuencia, datos esenciales. A nosotros, además, nos queda la convicción de que la principal fuente en la que se apoya ese informe es la fuente gubernamental, sin siquiera tomar en cuenta ciertos matices y hasta diferencias que se conocen que existen entre gobernantes. Quizá más grave aún: ese informe, en una línea muy de la ONU, pretende mostrar neutralidad, pero de hecho resulta favorable al poder político del gobierno y del Estado. En él cuentan más ciertos sectores de indígenas, como los de Conisur o Polígono Siete (en el que sólo viven cercados por cocaleros miembros del pueblo trinitario que pueblan Santísima Trinidad), a la mayoría de los que habitan el TIPNIS, en ese informe casi se los “ningunea”, a ellos se los denomina sectores y se sugiere que son minoritarios.

Es cierto que en la mayor parte del informe de marras sobresalen o se destacan los avances en la atención, por el actual gobierno, de los derechos económicos, sociales y culturales de los bolivianos. Pero también se anota que la existencia de una red de extorsión, que operaba desde el gobierno, impide la administración de justicia, el debido proceso, la presunción de inocencia de los acusados dentro de un trámite judicial hasta que se demuestre su culpabilidad.

El informe, aunque pretenda, no alcanza la neutralidad que quizá buscó, entre otras cosas, porque varios de los programas que se ejecutaron desde el gobierno, como la “socialización” de proyectos de leyes, se lo hizo con financiamiento y/o asesoramiento de la ONU. Quizá el Alto Comisionado, su representante en Bolivia, no pudieron ser imparciales. Nosotros, además, no creemos en tal neutralidad de la ONU porque cuando funcionarios suyos dejan de votar (o se abstienen) con esa decisión favorecen, aunque sea indirectamente, a uno de los bloques en pugna, los que funcionan en el mundo.

Ante lo dicho por ese informe sobre el TIPNIS, dejamos constancia de importantes omisiones suyas: en ese documento, a propósito de la Ley 80, conquista de la VIII marcha indígena, se dice que esa norma se refiere a la “intangibilidad” del bosque (que éste no debe ser tocado), pero calla que en esa norma se prohíbe la construcción, de cualquier camino, por medio de esa reserva natural y territorio indígena. 

Otra omisión de ese informe es que celebra la realización de la consulta gubernamental a los indígenas del TIPNIS, pero no dice que esa consulta fue posterior, de mala fe y desinformada. Que fue una consulta contrapuesta al Convenio 169 (y ley de Bolivia) y de la nueva Constitución Política.

Sobre la Ley contra el racismo ese informe de la ONU se desboca al señalar virtudes de esa norma, pero no sugiere siquiera que en Bolivia hay gente que se convence cada día de que una ley no alcanza para acabar contra la discriminación y el racismo si antes o simultáneamente no hay cambios en la economía y en la sociedad boliviana.

Respecto de la ley que contempla derechos de los discapacitados, el informe no dice expresamente que debido a la falta de reglamento ese instrumento no se aplica. Es tan cierta esta afirmación que discapacitados amenazaron con realizar una marcha hasta Lima-Perú en demanda de atención de sus derechos, entre otras cosas, porque no se aplica esa ley. Además, el informe en sus recomendaciones pide al gobierno que apruebe ese reglamento.

A pesar de lo que decimos del informe de la ONU sobre los derechos humanos en nuestro país 2012, reproducimos fragmentos de las recomendaciones suyas que son, consideramos, lo más rigoroso del informe. Leamos:

—Recursos suficientes para la implementación del Plan de Acción contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación;

—Ley general sobre el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y diálogo gobierno-indígenas.

—Ley que sancione la violencia contra las mujeres, específicamente, contra feminicidio.

—Carrera judicial para reducir el rezago judicial.

—Política integral de reducción del índice de personas en detención preventiva.

—Adecuar la Ley N.º 73 de Deslinde Jurisdiccional con arreglo a la Constitución.

— Que el Ministerio Público realice una investigación urgente y de fondo a fin de identificar a los involucrados en la presunta red de extorsión en los poderes ejecutivo y judicial, con miras a erradicar esta grave e ilegal práctica de las instituciones públicas.

—Que el Ministerio Público disponga la elaboración de un nuevo código de conducta y régimen disciplinario para fiscales

—Que el gobierno adopte un plan de acción para investigar la extendida práctica de corrupción en los sistemas judicial y penitenciario y tome medidas para prevenir estos actos en el futuro.

—Plan de acción para combatir los linchamientos que incluya una campaña nacional de prevención.

— Que el gobierno apruebe la reglamentación de la Ley General para Personas con Discapacidad y adopte medidas para su implementación.

—Efectiva realización de los derechos a la verdad, justicia y reparación de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos durante los regímenes inconstitucionales y una  comisión de la verdad que busque arrojar luz sobre estas violaciones, y propicien una reparación a víctimas acorde con los estándares internacionales.

Esas recomendaciones evidencian que en Bolivia hay derechos humanos desatendidos y titulares de esos derechos que no están dispuestos a renunciar a ellos.

Y el diario Cambio, respecto de ese informe de Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Bolivia, destaca lo que favorece a los gobernantes y guarda silencio respecto de las recomendaciones al gobierno.

Página Siete trata de entregar una información de mejor calidad, equilibrada, aunque destaca la investigación que se debe realizar para acabar con los extorsionadores.

Una conclusión preliminar nuestra: en Bolivia de esta hora resulta difícil informarse con la lectura de medios, incluso informes de la ONU, como el citado, no son instrumentos idóneos para que los bolivianos ejerzamos el derecho a ser informados con veracidad.

*Periodista

La Paz, 23 de marzo de 2013.