Seguimos con una Policía abusiva

A rajatabla

Yuri Aguilar Dávalos

El exceso de fuerza y la desproporción represiva con los indefensos es algo normal de parte de la Policía Boliviana (PB), comportamiento que más o menos responde al pensamiento que tienen los gobernantes.

La lucha contra la delincuencia es un reto y una tarea que debe asumir sin fatiga el organismo encargado de preservar la seguridad ciudadana: la PB. Ésa ha sido la intención sucesiva de los nuevos comandantes que asumieron la dirección de esa fuerza represiva del Estado, aunque tras los cambios de ellos, pocos han sido los resultados y muchas las protestas de los ciudadanos que paulatinamente ven más inseguridad en las ciudades.

Estamos convencidos de que los delincuentes están dispuestos a enfrentarse físicamente con las fuerzas del orden, por lo que la recomendación del Presidente para esos casos es oportuna:

“Saben mis exigencias a nuestras Fuerzas Armadas y la Policía, siento que nuestros oficiales, suboficiales, sargentos de las instituciones que tienen que dar seguridad a Bolivia, seguridad al pueblo, pues tienen que estar formados, preparados primero físicamente. Son instituciones uniformadas al servicio del pueblo.”

Pero eso no significa que los derechos humanos no sean respetados porque, según el primer mandatario, dentro los recintos de formación policial y militar, el respeto a esos derechos, son perjudiciales: “Aprovecho esta oportunidad, aunque algún sector, alguna organización pueda molestarse, es una obligación que haya respeto a los derechos humanos, pero el respeto a los derechos humanos no puede perjudicar a nuestros cadetes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para que no estén preparados físicamente” (Discurso en el Colegio Militar de Aviación, en Santa Cruz, 31 mayo 2013). Si así se piensa que debe ser la formación dentro los cuarteles, qué respeto se puede esperar de esos uniformados hacia la ciudadanía.

Los atropellos de la Policía y luego de la Fiscalía infringidos a unos ciudadanos, el pasado miércoles en el estadio Hernando Siles, por haber introducido latas de cerveza al clásico del fútbol paceño, ponen en evidencia el comportamiento abusivo de esos organismos del Estado, cuyos miembros son “fuerte” ante los indefensos.

Uno de los ciudadanos maltratados — hijo del ex presidente Carlos Mesa— no sólo fue rociado con gas lacrimógeno y golpeado, sino que se lo vejó, desnudándolo públicamente. Y a continuación, a él y a sus colegas, como denunció Mesa, se los trasladó con violencia mediante a las celdas de la Fuerza Espacial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), se los prontuario, se les tomó fotografías y huellas digitales, como si fueran delincuentes, violadores o narcotraficantes.

Hubo una contravención menor de parte de los asistentes a ese recinto deportivo, pero el maltrato al que fueron sometidos por efectivos de la PB no puede ser tolerado de ninguna manera, ni lo puede ser los cometidos contra otros ciudadanos que cometen faltas mayores, de los que muchas veces hemos sido informados. Los casos de Olorio o de Cuba que murieron en celdas por causas que todavía siguen en investigación, nos confirman de que los derechos humanos no son respetados por las fuerzas del orden.

La “Nueva Doctrina de la Policía Boliviana”[1] dice que aquélla es “el conjunto de conocimientos, principios, preceptos y valores que rigen en la institución del orden en cumplimiento de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia”, lo que suena a broma, porque se hace todo lo contrario en materia de los derechos humanos.