Crónica de la maldad y la vergüenza

Redacción AquíCom

(AquíCom/13-07-014) Uno de los poderes del Estado del cual se sienten nada orgullosos los bolivianos es el órgano Judicial. Instancia que a través de los años se ha ganado el reconocimiento de corrupta, indolente, malvada, entre otros epítetos, que la destacan, y donde irónicamente se ventilan los casos en busca de “justicia”. A pesar de las medidas aplicadas por el gobierno, erradas o no, para cambiar de alguna manera esta situación, la crisis en el Órgano Judicial, cada día se ahonda más, y los operadores corruptos de este poder del Estado siguen operando con impunidad.

Toda la cadena que involucra la administración de justicia, desde policías, abogados, fiscales, jueces, sistema penitenciario, se encuentra infectada por la indolencia y el mercantilismo que dispone la “suerte” de quienes llegan a estrados judiciales, sobre todo los más pobres.

Bien decía un reconocido abogado penalista que la administración de justicia boliviana constituye “una maquinaria perfectamente calibrada para exaccionar al litigante lo más posible”.

Esto trae a colación un caso donde algunos operadores de justicia se combinan de manera perfecta para consumar la maldad y la injusticia. Aquí no hay humanidad, no hay sensibilidad e indignación ni conciencia, prima el instinto delincuencial, la corrupción, el ansia por el dinero y la angurria.

Ante una estafa  por tierras, quien ganará más será el loteador indebido, porque tiene el poder del dinero.

Una conocida empresa vendedora de lotes, que opera en la zona sur de La Paz, adquirió a crédito predios de Martín Torres, hace 17 años, pero sólo pagó la sexta parte. Ante el insistente cobro del comunario, desde 1997, situación que representaba una molestia para la empresa, se cierne la trampa para acusarlo de extorsión.

Torres es llamado por la empresa, el 14 de mayo de este año, para “arreglar por las buenas” y en esa reunión los abogados de la firma le insisten para que acepte 3.000 dólares como muestra de “buena voluntad”. Ante tanta insistencia, el dinero es aceptado por Torres, pero al salir, a una cuadra del inmueble, es abordado por policías de civil quienes lo golpean y lo acusan de extorsión. Es llevado a la delegación policial de la zona sur (de La Paz) para tomarle su declaración, lugar donde el fiscal funge como abogado de la empresa. El investigador de la policía también toma partido porque señala en su informe que Torres fue detenido en la oficina de la Empresa, donde antes de recibir el dinero causó un destrozo. El juez sólo escuchó al fiscal y tomó como ciertas las imputaciones contra Torres y nunca pidió mayores indicios para sustentar su culpabilidad. Sin embargo fue enviado inmediatamente al penal de San Pedro, de manera preventiva, pese a tener 66 años de edad. Investigador, fiscal y juez, en coordinación con el abogado de la Empresa, decidieron la suerte de Torres. Ahora en la cárcel ya no podrá defender sus terrenos y la empresa hará lo que considere mejor para su beneficio, y como van las cosas lo más probable es que Martín Torres pase unos buenos años en una cárcel.

Esta es una muestra sobre cómo opera la “justicia”, abyecta, en manos de inescrupulosos que bailan al ritmo de un fajo de dinero y que nunca ingresaron al sistema para hacer justicia (AquíCom/13-07-014).