Luis Fernando Cantoral
(AquíCom/30-06-014) El gobierno anunció, por medio de la viceministra de Justicia Indígena Originaria Isabel Ortega, que eliminará el linchamiento en el territorio nacional hasta 2017, declaración poco afortunada y demagógica si tenemos en cuenta que este tipo de actos, de tomar la justicia por mano propia, surge y se prolifera por la ausencia y mal manejo de la justicia en el país.
La administración de justicia se hace cada día más vergonzosa por los elevados grados de corrupción que van en directo perjuicio de la población sin que el gobierno haga algo concreto para impedirlo, bajo el falso argumento de la llamada independencia de poderes.
Si el gobierno no hizo nada antes y menos ahora para frenar los linchamientos, es más creo que los encubre, menos podrá, en tres años, conseguir su objetivo. Pero esto sería posible para el gobierno, una vez más, por medio de una ley que, como ya sabemos, tiene la incapacidad de hacerla cumplir.
Recordemos que, con la Ley de violencia contra la mujer, las autoridades dijeron que iban a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, pero nunca pensaron en la inversión que se debía materializar para su implementación. Los datos más recientes indican que los casos de feminicidio aumentaron en un 70%, sobre todo en Cochabamba.
Entonces si se trata de pensar una vez más en una normativa para ‘eliminar’ el linchamiento, perdemos el tiempo y dinero.
Si el gobierno quiere eliminar el linchamiento, así como otros flagelos, debe comenzar por iniciar un verdadero cambio en la administración de justicia.
Según datos de Organización de Naciones Unidas (ONU) más del 47 por ciento, de los 341 municipios de Bolivia, carecen de presencia policial y a esto se suma la nula asistencia del Órgano Judicial en las zonas más alejadas de las ciudades capitales. Entonces, éstas son algunas de las tareas a emprender si queremos un verdadero cambio en la justicia.
Todas las esperanzas que podamos tener para erradicar el linchamiento en el país serán frustradas si sólo pensamos en mecanismos administrativos y no prácticos (AquíCom/30-06-014).