El Gobierno, el show mediático y la vulneración de los derechos humanos

Redacción AquíCom

La actual administración de gobierno ha priorizado el uso del show mediático como parte de su gestión para mostrar “efectividad” en la lucha contra la delincuencia, sin importar la vulneración de las leyes constitucionales y de derechos humanos, marco del cual las autoridades de gobierno se reclaman “los más fervientes defensores”. “El respeto a los derechos humanos es nuestra divisa”, señaló el Procurador del Estado, Héctor Arce.

Sus acciones de los últimos años, el uso político de las personas y los hechos, sin importar los daños que se causan, son mucho más importante para el gobierno.

Recordemos algunos casos que tuvieron la fortuna de hacerse públicos, y que muestran la inoperancia y abuso cometido por el Ministerio de Gobierno y la Policía.

El 1 de agosto de 2011, el ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, que aún sigue reclamándose activista y defensor indesmayable de los derechos humanos, presentó ante los medios de comunicación, junto a los jefes de la Policía, a tres súbditos extranjeros —José Cantoral y los dos hermanos de apellido Minaya (más la esposa y un hijo de uno de ellos)— como parte de una organización terrorista que se articulaba para cometer actos delictivos en la sede de gobierno boliviano.

Llorenti, en complicidad con el fiscal de turno, Ángel Ponce —premiado con el cargo de fiscal de distrito por excluir del caso Chaparina a Llorenti—  y la policía, sostuvieron ante la sociedad, el discurso que utilizan de memoria en esas ocasiones, que existían las pruebas “suficientes e irrefutables” del delito. Los Minaya fueron expulsados del país sin tener el derecho a la defensa, que se otorga en cualquier gobierno que se precie de democrático; Cantoral fue recluido en una celda para ser procesado.

Casi tres años después de iniciado el proceso, el fiscal que investiga el caso (ya no es Ponce), pide el sobreseimiento del mismo al no existir evidencia alguna del delito que se les imputó a los procesados. Los hermanos Minaya, en el Perú, también gozan de libertad.

Otro caso es el ocurrido el 26 de agosto de 2011, cuando una vez más Sacha Llorenti presentó al ciudadano español José María Gonzales Galán, exfuncionario de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Bolivia, como parte de una organización internacional del narcotráfico que intentaba enviar más de 30 kilos de droga a España. En la presentación, el entonces director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, coronel Gonzalo Quezada, hizo alarde del conocimiento del caso señalando, el modus operandi y la cantidad de droga que se habría enviado hacia Europa.

Seis meses después, con mayor suerte que otros, Gonzales Galán es liberado. El ex ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, consultado sobre el tema, declaró ante los medios que se trató de “un error” capturar y presentar a Gonzales Galán.

El 8 de marzo de 2012, el actual ministro de Gobierno, Carlos Romero, presentó a Félix Yupanqui, alias el “matón quita calzón” (se conoció que el alias le fue endilgado por el fiscal del caso Santos Valencia)  y Adalid Mamani alias “el botija” como los asesinos de los hermanos peñasco, con las consabidas frases hechas de que “existen las pruebas suficientes” y reforzado con la versión policial, para que no le quede duda a la población, de quiénes son los asesinos, y mostrar una vez más la eficiencia policial, y del gobierno, en la lucha contra el crimen.

Dos años después de estar encerrados y afectados en su vida económica y familiar, además de estigmatizados y dañados en su honor, la fiscal del caso pide el sobreseimiento del mismo al no existir pruebas que los incriminen.

Lo peor de este caso, es que ante la exigencia de la población, principalmente de El Alto, de dar con los asesinos, la misma policía organizó un linchamiento contra Yupanqui y Mamani (las denuncias son conocidas y existe un vídeo), azuzó a una turba de gente para saquear  y quemar la casa en la que habitaban.

El 19 de abril de 2013, con medidas excepcionales el ministro de Gobierno, Carlos Romero, presentó, en tiempo record, al asesino de Honorio Rodríguez Mejía, el brasileño Adao Nilson Souza Silva. Dos días después se conoció que Souza Silva fue tomado como chivo expiatorio y aprehendido por ser un expresidiario.

El súbdito brasileño denunció públicamente a Romero cuando fue presentado. El abogado de Souza Silva, en declaraciones a Erbol, reveló que su defendido fue llevado a un lugar apartado en Santa Cruz ante el ministro Romero quien le planteó que se autoinculpe para cerrar el caso. Este extremo nunca fue desmentido por Romero.

Lamentablemente los casos siguen sumando. El 31 mayo de 2012, la policía detiene a un grupo de activistas vegetarianos y anarquistas que participaron en la defensa del TIPNIS: Henry Zegarrundo, Marcia Mancilla, Víctor Hugo Gironda y Renato Vincenti.

Otra vez Romero, junto a su viceministro Jorge Pérez, los presentaron y acusaron sin remordimientos, sabiendo que no eran ciertos los cargos, como “presuntos” miembros de una banda anarquista que recibía financiación desde Chile y que se adjudicó ataques con explosivos caseros contra cajeros automáticos de bancos y edificios del Gobierno y empresas privadas. Para dar mayor impacto a su presentación, como ya es costumbre, el gobierno usó efectivos policiales armados hasta los dientes para que no quepan dudas a la población que se trata de los autores.

A más de dos años de esa presentación, que desde ya constituye un abuso y violación de los derechos humanos, tampoco la fiscalía recabó las pruebas “irrefutables” que hacen a los presentados como los responsables. Muchos de ellos tuvieron que pasar meses en la cárcel y luego puestos en detención domiciliaria sin resguardo, señal de que la tal peligrosidad mencionada por Romero no existe.

Este caso, que ocurrió el 28 de agosto de 2012, es el colmo de lo mediatizado que está el gobierno con el fin de presentar éxitos. El ministro de Gobierno anunció la incautación de dos toneladas de Uranio en pleno centro de la ciudad. Tal cantidad de material radiactivo era una gran oportunidad para dar a conocer a los medios y una vez más mostrar los éxitos de la lucha contra una posible banda internacional terrorista. Las autoridades de gobierno ya no tienen ni miedo a hacer el ridículo.

El gobierno aprehendió a dos ingenieros, dueños de la carga. Una vez analizado el mineral en bruto se comprobó que se trataba de microscópicas cantidades de Tantalita (los datos son oficiales). En conclusión, sólo era dos toneladas de roca.

En este tipo de actos, los grandes aliados del gobierno siguen siendo los medios de comunicación que por sentido acrítico muchas veces sólo transcriben la versión policial.

Estos son sólo algunos casos ilustrativos que al ser mediatizados se puede saber cómo avanzan y en qué terminan. Cuántos casos como estos más existirán a pequeña escala, donde muchas veces la sociedad y los medios de comunicación prefieren ser indiferentes y dar el beneficio de la duda al Ministerio de Gobierno y la Policía, instituciones que de manera criminal e irresponsable disponen de la vida de las personas bajo un evidente abuso de autoridad y prepotencia. Todo lo expuesto aquí, es una minúscula muestra que desvela la vocación violatoria de los derechos fundamentales del actual gobierno.