Cooperativas mineras y proyecto de ley minera

Por: Héctor Córdova Eguívar (ex Presidente de COMIBOL)

07-04-14

En este artículo trataremos de responder las siguientes preguntas que circulan en la opinión pública nacional: ¿Por qué hay cooperativas mineras? ¿Es económicamente correcto entregar yacimientos minerales a las cooperativas? ¿No se provoca daño al Estado?



Las cooperativas surgieron por la necesidad de sobrevivir (en los 60s) y por el abandono del Estado a los atropellados por el modelo neoliberal en épocas de bajos precios de los minerales….y sobrevivieron. No se les dio formación cooperativista, por eso se mantuvieron, en sus procesos productivos, las costumbres que traían de la COMIBOL y la solidaridad, por tanto, estuvo ausente.



El panorama minero, en función de las características de los actores se lo podría describir de la siguiente manera: el país está atravesando por una coyuntura interesante en el campo de los recursos naturales no renovables por los precios altos que se ven en el mercado internacional. Para financiar el desarrollo nacional, el gobierno necesita fondos que pueden provenir de la explotación de esos recursos. Esta explotación debe cumplir ciertas condiciones: promover el desarrollo local (del área en la que se encuentran los depósitos minerales), dar al Estado la mayor cantidad posible de divisas, acortar las brechas de pobreza en los municipios de producción y dañar lo menos posible el ambiente en el que se hace la explotación.



Cualquier operación minera sigue, en mayor o menor medida, los siguiente pasos: prospección, exploración, diseño de la operación, financiamiento, explotación, enriquecimiento, extracción del metal, comercialización. La adición de valor es posterior y escapa a lo que constituye el sector minero metalúrgico.



Cada etapa tiene una duración estimada y un costo, dependiendo de varios factores: mineral principal, minerales acompañantes, ley de cabeza, mineralización, ubicación, cercanía de fuente de agua, calidad deseada del producto, disponibilidad de insumos, disponibilidad de mano de obra calificada y otros aspectos específicos de cada yacimiento.



Hay estudios que nos muestran valores medios de consumo de tiempo, agua, energía y dinero en cada etapa. Éstos nos dibujan un panorama que desanima a los más audaces. Para trabajos de gran envergadura, desde el primer momento hasta la producción de la primera tonelada fina pueden pasar de 15 a 20 años con inversiones que oscilan entre 100 y 1500 millones de dólares; para operaciones medias estos valores se reducen a 10 años e inversiones que oscilan entre 50 y 500 millones de dólares; para pequeñas, la reducción es mayor, 7 a 10 años y de 1 a 50 millones de dólares; para la artesanal, los valores llegan a los mínimos, casi 0 en ambos casos.



¿Cómo se distribuye la renta minera? Al margen de la inversión necesaria para comenzar la explotación, se puede estimar un costo operativo que está por encima del 30% del valor del mineral (depende del precio internacional, de los costos fijos, del mineral, de la tecnología utilizada, de la técnica empleada y del volumen tratado). San Cristóbal reportó porcentajes que están por encima de este 30% y Huanuni presenta porcentajes que duplican este 30. A este costo operativo se añade la regalía y, posteriormente, el costo de realización, es decir, lo que se debe gastar hasta entregar el mineral al comprador. Este costo depende de varios factores y, para el zinc, nuestra producción principal en volumen, llega a representar casi la mitad del valor del mineral. De modo que, entre el costo operativo, el de realización y la regalía, se llega a cerca del 80% del valor del mineral.



La utilidad, por tanto, representa un 20% del valor del esperado. Estas utilidades se reparten entre el operador y el Estado en la proporción 55 – 45. A la parte que le toca al minero se aplican los impuestos sobre utilidades que, en minería representan el 37.5%, por lo menos y el 50% como máximo, en caso de exportar todo ese excedente. De manera que al operador le queda entre el 5 y el 7% del valor del mineral.



Este porcentaje debe permitir cubrir el costo de inversión previo y el costo permanente de actualización. Estos costos se reparten a lo largo de la vida de la operación o sobre el periodo escogido para cancelar deudas.



Estas estimaciones permiten estimar las dimensiones de las operaciones.

Cuando el operador es el Estado, lo que se queda para él es lo que corresponde a las regalías, a los impuestos y a la utilidad, es decir, un 25% del valor; cuando se trata de una empresa privada, lo que retiene el Estado está entre 18 y 20%.

Cuando el operador es una cooperativa, este monto se ubica en torno al 6%.



Es evidente, entonces, que lo que más conviene al Estado es que sus empresas se ocupen de la explotación minera. Más todavía, lo que más utilidad da al Estado es instalar en el territorio nacional las plantas que extraigan el metálico; de esta manera, gran parte de ese porcentaje destinado a realización se quedaría en el país. ¿Por qué, entonces, se habla de la coexistencia de empresas privadas, cooperativas y COMIBOL? Hay tres aspectos que definen la respuesta: disponibilidad de capital de riesgo, acceso a tecnologías de última generación y disponibilidad de recursos humanos calificados.



Si el Estado tuviera estos tres factores en sus manos, no necesitaría de empresas privadas para encarar la explotación de sus recursos naturales, la ausencia de cualquiera de ellos, sumada a la urgencia de generar excedentes presiona al Estado para asociarse con empresas privadas. Sin embargo, una planificación eficiente, tendería a eliminar las deficiencias en el plazo más corto, para no depender indefinidamente de estas asociaciones costosas.



Por otra parte, hay yacimientos de pequeña envergadura que, ni empresas privadas del Estado podrían explotar por la relación: inversión/costo/beneficio. Estos depósitos, si el Estado decide explotarlos, tendrían que estar en manos de las cooperativas.



A este último subsector, sin embargo, el Estado está obligado a apoyar porque su carencia de capital lo hace muy vulnerable a la oscilación de precios en el mercado internacional; también el Estado debe cooperar en su organización de manera que sean verdaderas cooperativas. Por esta situación, su persistencia en seguir operando en tiempos malos y su peso numérico, ha desarrollado un poder incomparable sobre el Gobierno. Han logrado incorporar en la Constitución Política del Estado aquellos aspectos que aseguran su continuidad y la protección estatal, tienen varios asambleístas, tanto en el plano nacional como en los departamentales. Las secretarías de minas de las gobernaciones tienen varios miembros del subsector, en la COMIBOL tienen dos directores y una dirección específica, han conseguido la creación de FOFIM y de COMERMIN, tienen un viceministerio específico, un miembro en el Tribunal Electoral y una llegada directa a los niveles de decisión del ejecutivo.



¿Cuál debe ser el apoyo del Gobierno al subsector? En primer término debe ser en la dotación de áreas de trabajo en las que exista mineral, en segundo, apoyo técnico para la organización de la operación; en tercero, apoyo financiero para la incorporación de tecnología y la protección industrial y ambiental.



¿Qué ha ocurrido con el subsector cooperativo en estos años?



En primer término, han crecido en número y en asociados hasta constituirse en la fuerza laboral más importante del país. Su cumplimiento de las normas ambientales y de seguridad social todavía es incipiente y la capacitación de sus operadores, insuficiente, dada la velocidad de incorporación de nuevos socios. Por otra parte, grandes empresas han visto la oportunidad de asociarse con cooperativas para explotar buenos yacimientos que estarían en manos de aquéllas. Al asociarse con estas empresas, las utilidades de las cooperativas aumentan significativamente. Por eso, las expectativas de los cooperativistas han aumentado extraordinariamente y sueñan con aliarse con grandes empresas para llegar a niveles de ingresos antes impensados.



Parece natural pensar que las cooperativas, cuando dispongan de capital, tecnología, yacimiento y recursos humanos y empiecen a tener utilidades, pasen a ser una empresa minera. De otra manera irían contra los principios básicos del cooperativismo ya que, también es normal, que cuando los excedentes sean interesantes, se busque que otros trabajadores se ocupen de ciertas labores pesadas que los dueños de los medios de producción ya no las quieran realizar.

(Tomado del semanario paceño La Época).