Sin censo Bolivia ira a la deriva

Redacción de Aquí

Con la irresponsabilidad de las primeras autoridades gubernamentales y la inclinación de la cerviz de la mayoría de las autoridades locales (departamentales y municipales), los resultados del Censo fallido 2012 fueron validados, reduciéndolo todo a una demanda por mejorar la distribución de masa monetaria a cada jurisdicción; sin embargo, además de haberse realizado un gasto inútil, no se tendrán los datos estadísticos necesarios para que los responsables de la administración del supuesto Estado plurinacional, planifiquen sus actividades socioeconómicas.

Si los gobernantes del Estado en sus diferentes niveles fueran responsables, lo que deberían hacer luego de conocerse la enorme disparidad de cifras preliminares y definitivas del Censo, es aceptar su fracaso como planificadores y estadistas, y preparar un nuevo censo. Sin embargo, la tozudez prima más, aparte de que la deuda millonaria (50 millones) la cargarán a todos los bolivianos, como si todos hubiésemos sido los responsables de semejante improvisación.

No es aceptable que autoridades locales acepten todo lo mal hecho en el Censo 2012 a condición de que el poder central incremente las asignaciones presupuestarias; eso es simplemente aceptar un pago irregular para tapar un acto mal realizado, porque de consolidarse ese pacto ¿en qué quedará la planificación? Desde luego que a la Ministra del área nada podemos pedirle porque parece entender poco del tema; su pasado como funcionaria de confianza de los gobiernos neoliberales en la unidad donde se cuida que haya concordancia de los proyectos de decretos supremos con el ordenamiento jurídico y sistémico —la Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE)— lo dice todo.

Sin embargo, la contundente protesta paceña del pasado 11 de septiembre contra el Censo fallido no tuvo el efecto de ser reproducido en otros distritos —sólo una sección de la provincia Manco Kapac de La Paz bloqueó el estrecho de Tiquina— y más temprano que tarde, las autoridades locales aceptaron una especie de “soborno” del gobierno del MAS. Ni los dirigentes cívicos del bastión antigubernamental más duro, Santa Cruz, aguantaron el “billeteo” y levantaron las pocas medidas de presión que iban a coincidir con la Feria agropecuaria y las fiestas departamentales. Y el origen de esa “traición” de los cívicos está en la alianza que hizo el gobierno de Morales con la oligarquía agroindustrial cruceña (CAO y CAINCO), ya desde comienzos de este año, cuyos actos precursores están en el ingreso al MAS de los matones de la Unión Juvenil Cruceñista (más conocidos como unionistas) apadrinados por el diputado masista Isaac Ávalos, nuevo acaparador de tierras en el trópico cruceño.

 La alianza del autodenominado gobierno del cambio con las élites cruceñas tuvo su inicio en las carnestolendas pasadas, tras bailes con reinas y modelos de pasarelas de por medio; además, vestidos con disfraces de comparseros, de los mismos que golpearon a indígenas y campesinos en septiembre del 2008; pero ya antes empezó el pacto del gobierno con los terratenientes, al ser éstas beneficiadas con el congelamiento de facto del saneamiento de tierras.

Esos compromisos son los que primero callaron a los dirigentes del Comité Civico, quienes con una reacción tardía amenazaron con una huelga de hambre que rápidamente fue desactivada por la enviada de Morales, ya que la agenda presidencial para las festividades departamentales no podía ser enturbiada. De esa forma, con cuatro pedidos de los cívicos[1] se levantó la protesta y se fue con todo en los preparativos de la efeméride departamental.  ¿Serán cumplidas esas promesas por el gobierno o será uno más de los “pasteos”[2] a los que está acostumbrado el Presidente?

Pero paralelamente al alineamiento del empresariado cruceño y la desarticulación de protestas contra el Censo, aunque un pequeño grupo se haya instalado en una huelga de hambre, el gobierno aumentó su ataque a las autoridades edilicias paceñas.

Tras las protestas del pasado miércoles 11 de septiembre, los voceros gubernamentales amplificaron la versión de que la disminución de la población paceña se debió a la mala gestión municipal del  Movimiento sin Miedo (MSM) que ya está 13 años en el gobierno local. Las primeras autoridades del Estado plurinacional se olvidaron de pronto que hasta el 2009 no había mejor alcalde que Juan del Granado —que para entonces ya estaba nueve años en la alcaldía— tanto así que el Presidente quiso clonarlo.

La propaganda gubernamental en el periódico oficial contra las autoridades municipales de La Paz no descansa ni un día, la que en más de una vez utiliza recursos burdos al dedicar líneas a la vida personal del alcalde Revilla. Sin embargo, los resultados censales cuestionados siguen intocables y ya parecen haberse convertido en un dogma: hay que creer en ellos aunque no se entienda de cómo aparecieron.

A las autoridades nacionales no conmueven situaciones similares de países vecinos que pese a que nos llevan años en planificación, sus censos fallaron y, responsablemente, decidieron dejarlos sin efecto, porque no se puede planificar con datos falsos: el 2005 el Perú descartó su censo por las irregularidades detectadas y decidió realizar otro el 2007; recientemente Chile también dejó sin efecto su censo 2012 y se decidió realizar otro el 2015.

Recientemente el ex presidente Mesa señaló que resultaba inverosímil que una sede de gobierno reduzca su población, tanto así que ni las ciudades de Potosí y Oruro redujeron poblacionalmente, en el censo 1992-2001, tras la crisis minera.[3] Con esos y otros argumentos, como estudioso de los censos en Bolivia, recomendó que por responsabilidad debe realizarse otro censo. “Que nos digan que La Paz tiene menos población que hace 10 años simplemente es una burla inaceptable”, señaló el ex  Presidente.

Pero acá en Bolivia, donde las primeras autoridades creen ser infalibles, prefieren optar por conceder dádivas a los gobiernos locales —y mayores recursos que los esperados— antes que reconocer su mala preparación y preparar más bien un nuevo censo, cuyos datos permitirían planificar, precisamente, para la tan publicitada agenda del bicentenario.

Pero como al gobierno le resulta más fácil gastar recursos en obras sin ninguna planificación, parece que seguirá en su empeño: el Censo 2012 fue un éxito, quieran o no quieran, aunque académicos, científicos y la población digan lo contrario.

[1] Los cívicos piden efectuar un conteo poblacional cada tres años desde 2015, realizar una auditoría al Censo 2012 en la que participe la Universidad Gabriel René Moreno, participar en el censo agropecuario e institucionalizar al Instituto Nacional de Estadística (INE). http://www.la-razon.com/nacional/Evo-gobernara-Santa-Cruz-debilita_0_1908409191.html

[2] En el léxico popular “pastear” es prometer y no cumplir

[3] “Me parece inverosímil que una ciudad (La Paz) que es la sede de gobierno haya decrecido; no conozco en la historia de los censos ni una sola vez que las capitales de departamento hayan sufrido un descenso de la población” http://www.la-razon.com/nacional/Ministro-baja-escolar-Alcaldia-responsable_0_1910209025.html

“…ni siquiera en Potosí, en el censo de 1992-2001, cuando se registró la mayor depresión de la minería. Ni siquiera en ese momento Potosí y Oruro decrecieron, ambas ciudades crecieron el 0,2 y 0,3 por ciento, el departamento expulsó pero la ciudad nunca” http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2013091904