editorial
“Convoco compañeros a defender primero la democracia y, si somos del proceso, (a) defender este proceso de cambio para todos los bolivianos”[1], dijo el Presidente el momento en el que promulgó la Ley 378 que aumenta en Bs50 la Renta Dignidad.
Antes y después de esa convocatoria presidencial, gobernadores, dirigentes campesinos y colonizadores, masistas y otros “repetidores” llamaron a marchar a los pobladores del agro (incluidas mujeres) y a los que apoyan la actual democracia y a los cambios. Así como el Presidente y sus parciales afirmaron que “algunos” miembros de la COB organizan un golpe y que para eso tratan de inducir a un motín a policías de rangos inferiores que demandan atención a reivindicaciones que fueron comprometidas por escrito por los gobernantes y por jefes policiales.
El primer mandatario recordó que el entonces secretario Ejecutivo de la máxima organización sindical, Jaime Solares, mediante uno de sus empleados[2], en puertas del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (Miraflores de La Paz) pidió que los militares perpetren un golpe. Uno de los señalados como cabecilla de uno de esos proyectos golpistas fue el general Marcelo Antezana que ahora es senador por una fracción de la derecha y por Tarija.
Durante el alzamiento especialmente de alteños y paceños, contra Gonzalo Sánchez de Lozada y los suyos, también hubo en marcha otro golpe que trató de cabalgar en el movimiento de ese momento, evidentemente político del pueblo boliviano y de sus organizaciones.
Pero en ninguno de esos casos hubo compromisos de los trabajadores y/o del pueblo con esas frustradas salidas putchistas.
La democracia boliviana de este tiempo (como antes) es una forma de dominación, una manera de ejercicio del poder. Y los medianos propietarios, en alianza con empresarios criollos y transnacionales, ahora son los primeros beneficiarios de esta fase democrática. Veamos ejemplos:
—Los cocaleros, especialmente del Chapare, aunque erradiquen cocales, al mismo tiempo acrecientan sus plantaciones por eso, ciertas personas que viven allí y que visitan esa región, tienen hasta seis c’atos de coca por familia; colonizadores reciben más tierras o se adjudican otras nuevas mediante procedimientos legales y en innumerables mediante el despojo o los “loteamientos” irregulares; campesinos, sobre todo del oriente boliviano, son favorecidos con más tierras y con frecuencia son dotados con ese medio de producción con procedimientos tramposos y son ayudados por los llamados “inras paralelos”; cooperativistas mineros, es decir, patrones de esas unidades de producción en las que deben predominar la colaboración y la solidaridad, pero en las que explotan mano de obra asalariada y cobran sin trabajar ellos personalmente (y de yapa esos nuevos patrones son los que malgastan los créditos que les facilitan los gobernantes); los dueños del transporte son los que, en ciudades como La Paz, ganan más porque cobran por tramos cortos, porque imponen pagos extras y debido a que venden un mal servicio, a pesar de los esfuerzos de los funcionarios municipales que buscan la reorganización del transporte, de acuerdo a ley y en base a convenios, los que son burlados por la mayoría de esos propietarios que en realidad son explotadores.
—Los grandes empresarios criollos (vinculados a empresarios extranacionales) son los que varios años fueron autorizados para vender caña de azúcar de mejor calidad que otras y de Bermejo (Tarija) a ingenios azucareros del norte argentino, en un momento en el que en Bolivia faltaba el azúcar; lamentablemente, utilizado como artículo de primera necesidad. Los ganaderos han sido autorizados, por el actual gobierno, para exportar 6.000 toneladas de carne vacuna, sin que se haya cubierto plenamente el mercado interno; patrones que dicen que tienen más producción de carne de modo que podrían exportar una mayor cantidad de ese producto. Para abaratar los costos de transporte, según el Presidente, se construiría el camino entre Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, el de la discordia y por medio del TIPNIS, “quieran o no quieran los indígenas”, entre otras cosas, para acortar la caminata entre el lugar de producción de carne (Beni) y lugares de consumo, como Cochabamba, el occidente del país y el exterior. Los banqueros siguen haciendo millonarios negocios aunque hayan dejado de ganar algo por lo que denominan “restricciones” al sector con nuevos impuestos a las operaciones cambiarias los que, el última instancia, son pagados por los clientes.
—Los empresarios transnacionales, como los de San Cristóbal (Potosí), están entre los socios preferidos del Presidente —éste antes decía más que ahora que quería socios y no patrones entre los empresarios—, por tanto, se advierte que tienen protegidas sus inversiones y sus crecidas ganancias. Pobladores de Llica, por ejemplo, dirigen la Fundación San Cristóbal que elaboraran programas para contrarrestar, entre otras consecuencias negativas, la contaminación que provoca esa empresa, la que utiliza agua en un día, la cantidad de ese recurso que la población de El Alto gasta en un mes. Quizá para que se sientan tranquilos los dueños de las inversiones en San Cristóbal, Evo Morales, parece haber renegado de las nacionalizaciones cuando dice que no sirve nacionalizar los recursos mineros para que con ellos ocurra lo mismo que en la Empresa Minera Huanuni, es decir, que las utilidades se destinen en una cantidad crecida a pagar salarios. Sin embargo, el primer mandatario calló que con las utilidades de Huanuni se pagan una parte de los bonos y guarda silencio ante la falta de inversiones del Estado para las operaciones mineras en el centro más rico en estaño de Bolivia[3].
Esos datos muestran con precisión, creemos, a los destinatarios principales de los cambios. Éstos para nosotros, siempre, fueron reformas avanzadas propensas a perder su contenido progresista, lo que es comprobable mediante un análisis de lo que hacen los gobernantes.
Tales empresarios medianos probablemente “viven bien”. Seguro, sin embargo, que de entre ellos surgirán los nuevos ricos en nuestro país que sigue siendo un sitio envidiable para que esos grupos humanos pisen cada vez más fuerte en el campo político, acrecienten sus actividades económicas e incluso ellos integren grupos sociales cada vez con nuevos privilegios y, con certeza, esos propietarios medianos serán y son portadores de ideas entre conservadoras y reaccionarias. Con ellos, en suma, sucederé lo mismo que se conoce de empresarios medianos de otros lugares que “luchan” para convertirse en capitalistas cada vez más prósperos.
Las recientes modalidades de redistribuir la riqueza que generamos los bolivianos, mediante los bonos, son una cuestión importante; sin embargo, no son lo fundamental. Lo esencial, también en nuestra economía, son las formas de la producción de bienes y servicios. Sin embargo, nosotros no perdemos de vista lo que oficialmente se informa: casi una tercera parte de los bolivianos recibe bonos en Bolivia, es decir, el 33 por ciento, casi un tercio.
Ante esos cambios dentro de los cambios, con seguridad que el pueblo empobrecido (incluido los del área de la pobreza crítica), al menos tiene críticas justificadas, sobre todo, respecto de los beneficiarios, muchos de los que ganan lo que ganan ilegal e ilegítimamente.
Lo dicho demuestra también que la actual democracia es favorable, en primer lugar, para los medianos propietarios y grandes empresarios criollos y extranjeros. Esa democracia la disfrutan, sin límites, los de arriba. Y además la saborean, junto a esos grupos humanos, los seguros servidores de éstos: los inquilinos del Palacio Quemado.
La convocatoria presidencial a sus llunk’us para que defiendan la democracia y los cambios debe ser bien entendida. Al Presidente no le importa dividir, desorganizar, enfrentar… a la gente del pueblo con tal de proteger los intereses empresariales y a los propietarios señalados en esta nota.
Es que a Evo Morales le aplauden agradecidos sus socios, que a la vez son empresarios, por lo que hace en favor de los agrupamientos sociales citados.
[1] Esa cita y fragmentos de ese discurso fueron publicados por el diario gubernamental Cambio del 17 de este mes de mayo (2013).
[2] Esa lamentable tarea le fue encomendada por Jaime Solares al entonces secretario Permanente de la COB (P. Cruz), al que destituyó después de que ese incidente que se conoció por lo que publicaron de medios de difusión.
[3] Además “El gobierno jamás le prestó el mínimo apoyo económico a su propia empresa. El Decreto Supremo 28901, que dispone la reversión del yacimiento, estableció que fuera la escuálida Corporación Minera de Bolivia (Comibol), heredada del neoliberalismo, la que aporte los fondos de arranque que apenas alcanzaban a 9,7 millones de dólares”, se lee en el diario paceño Página Siete del 17 de este mes de mayo. El estudio que arroja esa conclusión fue realizado por el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB).