El gobierno debe respetar derechos humanos de ciudadanos peruanos detenidos

El Ministro de Gobierno una vez más viola la seguridad y libertad de las personas, en este caso, de ciudadanos peruanos, uno de los cuales tiene refugio político en Bolivia y es conocido en por su comportamiento correcto en medios universitarios, defensores de los derechos humanos y de sindicalistas de nuestro país.

A los cuatro ciudadanos peruanos, hermanos nuestros como los otros latinoamericanos que viven en nuestra patria, se les sindica de terrorismo sin prueba alguna y por asociación delictuosa, también sin prueba alguna y, de acuerdo a lo que conocemos, aplican la Ley 1.008 que presume la culpabilidad y no la inocencia de los inculpados.

La violación de los derechos de aquellos cuatro ciudadanos es monstruosa, para decir lo menos, por que incluso aquel funcionario público, encargado de proteger a las personas, consideró entregar a los cuatro peruanos detenidos al gobierno de Perú, así como lo hicieron las dictaduras.

A los ciudadanos peruanos se los responsabiliza de promover terrorismo, pero no se evidenció ninguna acción de aquella naturaleza cometida por los detenidos, es decir, sin prueba alguna, por lo que se ordenó su apresamiento, tal como no se debió hacer nunca. Nadie comete delito sin consumar una acción delictiva, la que debe estar expresamente escrita en la ley.

Tampoco se debe disponer el apresamiento de personas que se apropian de ideas maosístas, las que también se dice asumen los peruanos detenidos. El Vicepresidente del Estado Plurinacional cita con frecuencia al Presidente Mao (así lo llama él al líder chino) y, específicamente, se apoya en el pensamiento de aquel dirigente político e ideólogo asiático en su penúltimo libro y por ello, con seguridad, el segundo ciudadano del país no ha infringido ninguna norma boliviana.

Si el Ministro de Gobierno (que en otro tiempo defendía los derechos humanos) cree que aquella cuatro peruanos tienen una asociación delictuosa, se les debe seguir un proceso debido, como señalan convenios internacionales y leyes bolivianas. La nueva Constitución Política dispone la inocencia de un inculpado mientras no se demuestre lo contrario, principio que está por encima de toda otra ley, lo que los funcionarios públicos tienen que respetar y aplicar.

En el curso de este miércoles se realizará, según se informó, una audiencia de medidas cautelares. Allí se espera que se aplique la ley sin distorsiones, aunque el allanamiento del domicilio de José Antonio Cantoral (refugiado en Bolivia) se realizó sin la presencia de él, al que se lo mantuvo en un vehículo oficial en la puerta de su casa mientras se realizó aquel allanamiento sin cumplir con los requisitos señalados en las normas.

La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Paz condena la violación de los derechos civiles y políticos de aquellos ciudadanos peruanos, los derechos a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la libertad de pensamiento y a la libre expresión, al refugio, al proceso debido.

Y exige que se cumplan las normas del debido proceso y que en el menor tiempo posible se les devuelva su libertad a los cuatro ciudadanos peruanos los que tienen todos los derechos contenidos en la nueva Constitución Política del Estado, acordados para los latinoamericanos y extranjeros que viven en tierras bolivianas.

La Paz, 3 de agosto de 2011.

Por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Paz

María Amparo Carvajal Baños Carmelo Galdós

Presidenta Vicepresidente

Verónica Sanchez Barrera Carlos Tapia

Secretaria General Asuntos Jurídicos